CIDH, CNDH y OSC rechazan aprobación de Ley de Seguridad Interior

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Lunes 4 de diciembre de 2017

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y cientos de organizaciones civiles advirtieron que la Ley de Seguridad Interior «viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos». Y exigieron al Senado de la República que no sea aprobada y abrir un diálogo nacional a favor de las instituciones civiles de seguridad pública y justicia.

El colectivo #SeguridadSinGuerra y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que agrupan a alrededor de 200 agrupaciones civiles, afirmaron que la Ley de Seguridad Interior da continuidad a una política de seguridad fallida, contiene «peligrosas ambigüedades», otorga atribuciones que corresponden exclusivamente a instituciones civiles -lo cual «de por sí es grave»- y normaliza la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar».

Propusieron crear un plan para el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, como lo ha recomendado la CIDH, además del fortalecimiento de las policías en todos los niveles y su adiestramiento bajo los principios de legalidad y proporcionalidad. Y llamaron al Senado de la República a no aprobar la ley y en cambio, abrir un diálogo nacional a favor de instituciones de seguridad pública y justicia civiles, profesionales y sujetas a rendición de cuentas.

La CIDH alertó, a su vez, que el proyecto de ley que se encuentra en el Senado contiene preceptos contrarios a los estándares en materia de derechos humanos y significaría la normalización, regulación y permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lo cual, de acuerdo a la experiencia en la región a la que pertenece México, y específicamente en el país, «demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos».

Recordó que en su visita a México en 2015, «la Comisión constató con preocupación la presencia de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad. La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la Comisión».

La CIDH reiteró que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía, y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a fines para las cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. Por ello, insistió en que «las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente. Ésta debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados» y, en ese sentido, «es imperativo» que el Estado mexicano atienda las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la CNDH y de organismos internacionales. «El Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente», además de desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública.

La CNDH, por sus parte, emitió un posicionamiento en el que señala que el proyecto de ley que se encuentra a discusión en el Senado de la República podría explicarse en el contexto del abatimiento de la violencia, del combate a la inseguridad y el desarrollo de actividades ilícitas, pero lo cierto es que la propuesta de ley trasciende, por mucho, el ámbito estrictamente vinculado a la inseguridad de las personas, generando el riesgo potencial de que pueda aplicarse discrecionalmente a cualquier tipo de actividad humana, en tanto la misma sea calificada de riesgo a la seguridad interior, sin que existan parámetros objetivos para ello.

En este sentido, sostuvo que existen imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior, y una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica.

Advirtió que la aprobación de la ley «genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, al conceder al Poder Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana». En los términos en que se plantea, «contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad», que más que atender sus causas «estaría privilegiando un enfoque reactivo sustentado en el uso de la fuerza como la vía para recuperar la convivencia social pacífica en nuestra sociedad».

Al señalar que estos temas se deben abordar bajo un esquema amplio, que incluya la parte procedimiental del Sistema de Justicia Penal, la estructura de procuración de justicia y el cambio de Procuraduría General la República a una Fiscalía General de la República autónoma, la emisión de una Ley de Seguridad Interior no puede ser producto de decisiones coyunturales o políticas.

Por todo lo anterior, la CNDH llamó a las y los senadores de la República a que «con responsabilidad y plena conciencia sobre las repercusiones que tendrán sus actos, hagan un examen objetivo y detallado de la propuesta de Ley de Seguridad Interior al amparo de lo previsto por el artículo 1º Constitucional».

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Foto de portada: Red TDT.