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Redacción / SomosMass99
Ginebra / Ciudad de México / Martes 5 de diciembre de 2017
La Ley de Seguridad Interior «que prevé la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de cumplimiento de la ley es un proyecto muy preocupante», sostuvo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, para quien el nuevo ordenamiento «contiene varios elementos inquietantes», entre otros, que en determinadas circunstancias «las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando» del Ejército.
A través de un comunicado, Zeid Ra’ad Al Hussein dijo que en el proyecto de ley -hoy en manos del Senado de la República- la autorización para asignar a las Fuerzas Armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados. Además la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.
Foto: Secretaría de la Defensa Nacional.
“La ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria. Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas y miembros de la sociedad civil mexicana”, pidió Zeid.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recordó que en su visita a México en 2015 las autoridades le aseguraron «que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal». Sin embargo, el proyecto de ley en mención no da detalle de la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en tareas de policía.
Señaló que en las recomendaciones que formuló entonces al gobierno mexicano hizo hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara por que las políticas de seguridad se aplicasen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.
“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada. Más de una década después de que las Fuerzas Armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, afirmó el Alto Comisionado, para luego añadir: “La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley”.
El Alto Comisionado ofreció nuevamente al gobierno mexicano la disposición de la Oficina del ACNUDH en el país para proporcionar asistencia técnica con el fin de fortalecer las capacidades de las autoridades civiles y que puedan abordar los graves desafíos a los que México se enfrenta en materia de seguridad.
Zeid añadió que las preocupaciones que suscita el proyecto de ley también las comparten una amplia gama de instituciones, organizaciones y particulares, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, UNICEF- México, ONU Mujeres-México, entidades de la sociedad civil y medios universitarios.
Foto de portada: ONU-DH.
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