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Redacción / SomosMass99
Washington, EE.UU. / Domingo 21 de febrero de 2016
- El Estado tiene el deber de informar sin mayor dilación acerca de la nueva ubicación y las condiciones personales de los internos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos violentos del 11 de febrero en el penal de Topo Chico, en el estado de Nuevo León, donde perdieron la vida 49 personas y 12 más resultaron heridas, y urgió al Estado mexicano a investigar y esclarecer plenamente las circunstancias en que ocurrió la masacre y a identificar y sancionar a los responsables.
En un comunicado, la CIDH dijo que de acuerdo con información hecha pública por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el motín inició debido al enfrentamiento entre integrantes de Los Zetas y del cártel del Golfo. Según declaraciones oficiales, el saldo fue de 49 personas muertas, de las cuales 5 quedaron calcinadas, y 12 resultaron heridas, en tanto que las autoridades retomaron el control del centro de detención aproximadamente 90 minutos después de iniciados los hechos.
La comisión hace referencia a los informes de la prensa nacional que indican que el despliegue de la fuerza estatal incluyó participación de miembros del Ejército, la Marina y las fuerzas federales, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH) emitió un comunicado de prensa en que condenó esta situación de violencia, demandó el pleno esclarecimiento de estos hechos y determinó atraer el caso para investigarlo.
La información recibida por la CIDH, agrega, indica además que después de los hechos el Estado de Nuevo León habría determinado el traslado de aproximadamente 230 internos del penal de Topo Chico a otros centros de detención. Pero «según declaraciones de los familiares, aún no habrían sido informados sobre los internos que serían trasladados ni dónde».
- «El Estado tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia».
Destaca que en los casos de traslados colectivos de internos como medida de seguridad, el Estado tiene el deber de informar sin mayor dilación acerca de la nueva ubicación y las condiciones personales de los internos.
De conformidad con declaraciones del gobernador de Nuevo León, «los hechos de violencia referidos tuvieron lugar en una situación crítica de hacinamiento». Por ello, «la CIDH urge al Estado mexicano a adoptar pasos dirigidos a reducir el hacinamiento y el uso de la prisión preventiva, mediante el empleo de medidas alternativas a la misma.
«Por otra parte, la Comisión Interamericana llama al Estado mexicano a continuar con la investigación de estos hechos, y recuerda que el Estado tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión».
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