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POLÍTICA, POLÍTICAS Y DERECHOS HUMANOS
Víctor Ruiz Arrazola*
Lunes 8 de octubre de 2018
Oaxaca es conocido a nivel internacional como un territorio de México donde las violaciones a derechos humanos están a la orden del día, y porque las personas servidoras públicas encargadas de la procuración y administración de justicia muy pronto pierden el interés por su trabajo y se dedican a trabajar por un ascenso en su carrera política y no en cumplir con las tareas encomendadas.
Ante la falta de atención a casos de violaciones a derechos humanos en diferentes comunidades oaxaqueñas, el abogado Maurilio Santiago Reyes incursionó en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y así fue como muchos de sus casos han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vía medidas cautelares o como casos de fondo.
Un asunto que ha sido paradigmático dentro de la misma CIDH es el conflicto de posesión de tierras y límites que enfrenta la población del ejido Zimatlán de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Putla de Guerrero, con sus vecinos de San Sebastián Nopalera, perteneciente al municipio de Santa Lucía Monteverde, poblados ubicados en la Mixteca oaxaqueña.
Ante el clima de inseguridad y violencia que desde hace décadas viven quienes habitan Zimatlán de Lázaro Cárdenas, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de toda la comunidad. El Estado mexicano está obligado, por ser parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a brindarles protección y garantizar la integridad física y seguridad personal a todos y cada uno de los habitantes de este poblado. Sin embargo, no cumple el ordenamiento.
A finales del mes de septiembre de 2018 fueron privados de su libertad Erick Hernández y José Israel Barrios Jiménez, vecinos y autoridades de Zimatlán, por habitantes de San Sebastián Nopalera. Pero la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) “no ha implementado las acciones de búsqueda necesarias para rescatar a las autoridades de quienes no se sabe si continúan con vida, ello a pesar de que los retenidos cuentan con medidas cautelares” de la CIDH, informó Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).
El día 28 de ese mes, aproximadamente a las 15 Horas, personas armadas de San Sebastián Nopalera retuvieron en el paraje El Camalote a Eric Hernández Sánchez (agente propietario) y a José Israel Vásquez Jiménez (agente suplente) de 37 y de 26 años de edad, respectivamente. “Desde esa fecha la FGEO no ha realizado las acciones correspondientes a sus atribuciones” para realizar el rescate.
La FGEO, dirigida por el doctor en Derecho, Rubén Vasconcelos Méndez, entre los argumentos que tiene a la mano es el este: que “ha solicitado el apoyo de la Marina, la Policía Federal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para el rescate de las autoridades retenidas en San Sebastián Nopalera, sin embargo, no ha recibido una respuesta positiva”.
En la carpeta de investigación se hace constar que testigos presenciales identifican claramente a los responsables de la desaparición forzada de las autoridades electas. Aún así, “la FGEO ha sido omisa e irresponsable en su actuar, ya que espera a que las autoridades federales y estatales colaboren y que existan condiciones para intervenir en un plan de búsqueda. Hasta este momento se desconoce si las personas que fueron llevadas a San Sebastián Nopalera continúan con vida”, según Santiago Reyes.
La defensa ha recurrido a otras estrategias jurídicas como la promoción de un “amparo por peligro de vida” y, además, solicitará medidas de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), instancia que podría llamar al gobierno mexicano “a una audiencia por omisión en sus funciones”.
*Periodista y maestrando en Victimología.
Foto de portada (ilustrativa): Página3.
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