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Colombia / Viernes 25 de noviembre de 2022
Compartimos un texto de Aquileo Ángel Yagarí Vélez, miembro del Colectivo de Trabajo Jenzera, que presenta un caso que estudiosos de los pueblos indígenas han calificado como un ejemplo de acción novedosa de construcción social y política de un pueblo indígena.
Aquileo Yagarí, exgobernador del Resguardo indígena embera chamí “Karmatarua”, en el Suroeste del departamento de Antioquia, analiza la naturaleza política de una movilización étnica local en dicho resguardo y muestra la dinámica y alcance de esta movilización.
El texto proporciona elementos de reflexión en la perspectiva de afirmar en base a la experiencia histórica una gobernanza territorial exitosa que entre otros factores exige poder controlar las decisiones territoriales sobre la base de un reconocimiento de derechos.
Y es ello precisamente lo que el Estado colombiano no ha podido garantizar a sus pueblos indígenas y afrocolombianos representando asì un desafío enorme y actual para las autoridades actuales.
Perseverancia indígena por gobiernos propios y autónomos
Aquileo Ángel Yagarí Vélez*
25 de noviembre, 2022.- El inicio de las actuales luchas indígenas en Colombia se remonta a los años 70 del siglo pasado. Fue la época en que los pueblos indígenas, después de muchos esfuerzos y penurias, iniciaron un proceso de movilización que logró frenar la perdida de tierras, primero en el Cauca y después en otras regiones indígenas del país. Con ello se empezó́ a revertir un proceso de extinción sociocultural, al cual parecía que estábamos condenados. Varios de estos pueblos (principalmente en los Llanos Orientales) eran hasta hace pocos años “vestigios sociales”, (así́ fueron llamados), como resultado de la agresiva colonización ganadera, primero, y coquera, después.
Con la fundación de la Organización Nacional Indígenas de Colombia (ONIC) a comienzos de los años 80, los pueblos indígenas empezamos una marcha de reconstrucción económica y sociocultural extraordinaria. Producto de esas movilizaciones políticas, los pueblos indígenas poseemos hoy en calidad de propiedad colectiva, alrededor del 30% del territorio nacional. Pero no todo ha salido bien. A pesar de estos sorprendentes logros, hoy varios de estos pueblos se encuentran al borde de la extinción sociocultural, como consecuencia del conflicto armado que ha vivido el país como lo declaró la Corte Constitucional con el Auto 004 de 2009. Todavía, aún después de la desmovilización de las FARC, gravita sobre muchos pueblos indígenas la amenaza de desintegración social, producto de la continuación del conflicto armado. Para escribir este artículo me apoyé en textos publicados por el Colectivo Jenzera para la Escuela Interétnica.
Hasta comienzos de los años 90 la falta de una legislación que apoyara a los pueblos indígenas limitaba el ejercicio de una autonomía, que ha sido, junto a la recuperación de las tierras de los resguardos, una de las principales demandas del movimiento indígena colombiano desde los años 70. El Estado había desarrollado una enorme capacidad para transformar la identidad indígena y burocratizar las prácticas de toma de decisiones de las organizaciones.
Esta situación cambió con la expedición de una nueva Constitución Política en 1991, un novedoso ‘contrato social’, lleno de derechos y garantías, que trajo muchas expectativas en los pueblos indígenas, pero también en los afrocolombianos, pues esta constitución, además de normas y derechos, planteaba un nuevo modelo de país: Colombia, hasta entonces definida como una Nación mestiza, se reconoce como pluriétnica y multicultural.
El cambio fue notable: identidades culturales, antes diversidades denegadas por reivindicar órdenes económicos colectivos y gobiernos autónomos, se volvieron sujetos de protección constitucional.
Conscientes de que su supervivencia estaba estrechamente ligada a sus territorios, tanto indígenas como afrocolombianos iniciamos un proceso de movilización para hacer valer los nuevos derechos adquiridos, sobre todo los referidos a los territorios colectivos como a los derechos como pueblos autónomos.
La población afrocolombiana [1] logró que el Estado expidiera títulos sobre buena parte de sus territorios ancestrales en la región del Pacífico. Estos pueblos, subvalorados culturalmente y excluidos económica y políticamente, comenzaron desde entonces a librar una lucha por el reconocimiento de sus organizaciones.
Por nuestra parte, los indígenas también utilizamos las nuevas instituciones creadas por la Constitución Política, para tomar control de los asuntos comunales y desarrollar gobiernos locales propios y autónomos. Esto no fue una tarea fácil. Había demasiados intereses políticos y económicos de por medio, que se oponían a este anhelo de los pueblos indígenas.
El caso más conocido en Colombia de un autogobierno indígena, es el desarrollado por el pueblo Nasa del departamento del Cauca, caracterizado por la conformación de instituciones propias (de gobierno, de justicia, educación, etc.) para avanzar en la consolidación de derechos étnicos. Pero aún este pueblo, importante también por su peso numérico (cerca de 300.000 individuos), tampoco la tuvo fácil. Tuvieron que vencer la resistencia del Estado, la iglesia (hoy tenemos que hablar en plural: iglesias), los terratenientes, los comerciantes y los partidos tradicionales (liberal y conservador) y más recientemente el del narcotráfico y la minería.
Marcha de los indígenas del Cauca (2004). | Foto: El Tiempo.
Proyecto político propio y autónomo
Con las exitosas luchas movilizaciones de los indígenas del Cauca, emerge un proyecto político particular de los indígenas, que reivindica el derecho a tener una gobernanza propia, con plena autonomía para establecer normas propias para gobernarse, hacer justicia y buscar el desarrollo en sus territorios, conforme a sus costumbres, así́ como para manejar sus recursos de acuerdo a sus propias prioridades de desarrollo, sin injerencias externas.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), que reconoció́ el derecho a la libre determinación, le dio un respaldo importante a este nuevo proyecto de las organizaciones indígenas.
Para el caso nuestro, una gobernanza territorial exitosa, exige poder controlar las decisiones territoriales sobre la base de un reconocimiento de derechos, respetados por un ordenamiento jurídico y político estable. Y es esto precisamente lo que el Estado colombiano no ha podido garantizar a sus pueblos indígenas y afrocolombianos. Una de las razones, es que el desarrollo de la economía mundial ha generado fuertes intereses hacia los recursos naturales ubicados en los territorios colectivos, y el Estado antepone, jurídicamente, esos intereses a los derechos reconocidos a los pueblos indígenas.
Indígenas Sicuani del resguardo de ‘Caño Ovejas’ (Mapiripán, Meta), esperando un fallo judicial sobre una demanda de restitución de tierras. | Foto: Llanera.
Casi todos los pueblos indígenas le hemos venido apostando a ese proyecto político propio y autónomo, y contribuyendo, cada cual, desde nuestras capacidades y posibilidades, a consolidarlo en el país, pues estamos convencidos de que es creando escenarios políticos autónomos, que podemos crear la fuerza necesaria para concluir el proceso de descolonización que emprendimos los indígenas colombianos hace casi medio siglo, pero también para detener los procesos económicos en marcha, que continúan mercantilizando los territorios, la “madre tierra” que llamamos los indígenas.
No obstante, los cerca de 100 pueblos indígenas de Colombia nos encontramos enfrentados a intereses económicos muy fuertes, y en condiciones muy desiguales, que obstruyen el ejercicio de una gobernanza autónoma.
Veamos a modo de ejemplo, un caso especialmente doloroso para nosotros. Se trata del pueblo Nukak Makú de las selvas del Guaviare en el Amazonas, un pueblo nómade de cazadores recolectores, del cual no se conocía su existencia hace 40 años.
Asentamiento Nukak Makú en San José́ del Guaviare.
La colonización coquera, avanzó sobre el territorio nukak, un resguardo legalmente constituido. Después de una sensible disminución de su población por las enfermedades contraídas, fueron ‘enganchados’ para las faenas de recolección de la hoja de coca. A finales de los años 90, varios estudios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mostraron la crítica situación de estas comunidades, especialmente de sus mujeres y niños, señalando los abusos perpetrados contra ellos. Finalmente, un grupo armado, agregándole más agravios a este pueblo, los conminó a salir de su territorio, ordenándoles desplazarse hacia la cuenca del río Inírida. Definitivamente los nukak se habían convertido en un obstáculo para la colonización coquera de ese grupo armado. [2]
Hoy solo dos reducidos grupos (‘bandas’) permanecen en el territorio, manteniendo su vida tradicional nómade. Otros seis grupos se han asentado en los alrededores de San José del Guaviare, viviendo de la caridad pública. Pero los que viven en el territorio no la tienen nada fácil, pues es uno de los espacios minados del país.
Este pueblo difícilmente podría servirse de estos procesos de autonomía, que hoy reivindicamos las organizaciones indígenas. Requieren por lo tanto el apoyo del Estado colombiano para su sobrevivencia.
Movilización por la autonomía en un territorio indígena embera chamí
El caso que a continuación presento analiza la naturaleza política de una movilización étnica local, en el resguardo indígena embera-chamí de KarmataRúa, en el Suroeste del departamento de Antioquia. Con estas notas quiero mostrar la dinámica y alcance de esta movilización, que estudiosos de los pueblos indígenas han calificado como un ejemplo de acción novedosa de construcción social y política de un pueblo indígena. [3]
Guardias indiígenas de KarmataRúa.
Karmatarua (llamado antes “Cristianía”) es un resguardo indígena del pueblo embera chamí, en el municipio de Jardín que tiene 1.643 habitantes.
Para los indígenas del resguardo Karmatarua la dimensión central del conflicto con la sociedad colombiana ha sido el territorio. La fuerte y dinámica expansión de las haciendas cafeteras dio como resultado una disminución de la población indígena y un debilitamiento de su identidad como pueblo. Los indígenas nos vimos obligados entonces a adoptar estrategias de resistencia y adaptación para sobrevivir y no perder nuestra identidad. Fue así́ como logramos, aún en esas condiciones adversas, presionar cambios institucionales a nuestro favor, lo que, en la práctica muestra, que cuando una comunidad se moviliza para transformar las instituciones establecidas y crear leyes con el fin de abrir un espacio de gobernanza para proteger sus derechos (empezando por el derecho a la tierra), comienza a generar un proceso de autonomía.
En Karmatarua, iniciamos una serie de acciones combinando estrategias políticas formales e informales, partiendo de la recuperación de nuestro territorio ancestral, en momentos en que la situación social y económica de nuestras familias se había vuelto insostenible por la falta de tierras para cultivar: El territorio indígena había sido reducido a 140 hectáreas (70 productivas y 70 improductivas) en las que vivíamos 900 personas y 125 familias.
A diferencia de campesinos pobres sin tierra que emigran a otras regiones del país en busca de nuevas tierras, para las familias indígenas de Karmatarua, era vital para su sobrevivencia como pueblo, volver a tener dominio sobre el territorio de sus ancestros. La permanencia en el territorio estaba entonces por fuera de cualquier discusión.
A pesar de que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCODER), había dictado una resolución expropiando varias haciendas cafeteras ubicadas en territorio perteneciente al pueblo Chamí, estas tierras no fueron adjudicadas a la comunidad. Tres años después, el 9 de julio de 1980, hombres, mujeres y niños, desesperados y sin respuesta por parte del gobierno, tumbaron los cercos de una de las haciendas (Caramanta), colindante al resguardo y empezaron con la siembra de plátano, yuca maíz, frijol y otros productos de ‘pan coger’, fundamentales en la alimentación de los indígenas. Un mes y medio después fueron desalojados violentamente por la policía. Desde allí comenzó una persecución permanente a los lideres de la comunidad, que culminó con el asesinato de nuestro más destacado dirigente, el abogado Chamí Aníbal Tascón Yagarí́ (por aquella época el único profesional indígena del país). Aníbal estaba al frente de las reclamaciones de tierra de la comunidad chamí.
No obstante, haber tomado la decisión como pueblo de mantener la lucha por la tierra, muchas familias no resistieron la represión, sobre todo, no aguantaron el desconsuelo y abatimiento que les causó el asesinato de nuestro dirigente y abandonaron el resguardo, generándose en ellas un proceso de desarraigo territorial.
En los años 90 y alentados por la Constitución Nacional de 1991, la Asamblea General del Resguardo Karmatarua, después de varios meses de deliberaciones, aprobó una Constitución propia, conocida como «Dachi Código Embera”. Esta Constitución propia se basa en interpretaciones de la Ley Original Embera (o Mandatos de Karagabí [4] que integra principios de la Constitución Nacional de Colombia y aspectos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Pueblos Indígenas. Esta Constitución de Karmatarua, motivó a otros resguardos embera de Antioquia a hacer uso de las facultades que les daba la Constitución y la ley para ejercer la gobernanza autónoma en sus comunidades.
El legado que nos dejó Aníbal Tascón Yagarí nos mostró́ la importancia de utilizar la ley para apuntalar nuestras luchas por la autonomía y representa un enfoque alternativo centrado en el enraizamiento institucional para salvaguardar la autonomía indígena.
Hoy podemos afirmar que —no obstante, las dificultades y tensiones que se presentan— son más los beneficios que los perjuicios que se generan, cuando distintas autoridades y niveles de gobierno (étnicos y municipales) trabajan juntos, en una región multiétnica. Hoy producto de esa movilización formal legal, hemos establecido relaciones directas con el gobierno (departamental y nacional), que permiten que haya respeto mutuo por las competencias de cada gobierno. Lo más importante, es que con ello hemos logrado que los indígenas de nuestro resguardo vuelvan a confiar en sus propios esfuerzos para revertir el proceso de desarraigo de nuestra población. De hecho, muchas familias han regresado al resguardo.
Notas:
[1] Aproximadamente un 10% de la población colombiana, pero mayoritaria en la región del Pacífico.
[2] Se trató de un proceso de control estructural de un espacio geográfico, con fines económicos y estratégico militares, como lo destaca Diego Henao: “Extraños, nómadas y confinados”, IWGIA, 2003.
[3] Efraín Jaramillo: “Al CRIC, en sus 50 años”: https://www.youtube.com/watch?v=uCmYuVgCvrQ
[4] Héroe mítico de los pueblos Embera.
* Aquileo Ángel Yagarí Vélez es miembro del Colectivo de Trabajo Jenzera. Ex gobernador del Resguardo indígena embera chamí “Karmatarua” (Jardín, Antioquia).
Fotos: Servindi.
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