SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Miércoles 23 de mayo de 2018
Mientras que en la Ciudad de México el PRD compra el voto a un precio de entre 200 y dos mil 500 pesos, y el PRI del Estado de México hasta en cinco mil pesos, este mismo partido paga a ciudadanos de Guanajuato entre 500 y mil 200 para que voten por sus candidatos el 1 de julio próximo, informó el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) que agrupa a cerca de 60 organizaciones de la sociedad civil.
Al presentar en conferencia de prensa en la Ciudad de México los avances del monitoreo sobre uso electoral de programas sociales, Alberto Serdán Rosales, coordinador de ACFP, explicó a manera de introducción que la compra del voto electoral y el uso de programas sociales funcionan de manera esquematizada: durante los meses y años previos a los comicios hay un debilitamiento de las instituciones, en particular las que vigilan el uso de recursos públicos; hay nombramientos en puestos claves que facilitan el desvío de recursos públicos hacia operativos político-electorales para la compra de materiales, y se implementan operativos en tierra que generan vínculos entre promotores, líderes locales y la gente sujeta a la compra de su voto.
De acuerdo a los datos que hizo públicos, el colectivo ACFP ha recibido de 25 estados del país 151 reportes ciudadanos sobre la compra del voto. De estos, el 41 por ciento corresponde a la entrega de despensas y otras cosas; 36 por ciento, a condicionamientos de programas sociales, en particular Prospera; 18 por ciento, a la entrega de dinero en efectivo; y 11 por ciento, al reparto de tarjetas electrónicas.
Toda esta información está disponible en el sitio web de Democracia sin Pobreza, donde también se publican datos específicos de los reportes recibidos, los índices y mapas de la compra del voto, un formulario para que las personas pueden reportar, compendio de leyes contra la compra del voto, una bitácora de prensa de todos los estados del país sobre la compra del voto y los resultados preliminares de los hallazgos del monitoreo realizado por el colectivo hasta este miércoles.
En los mapas dados a conocer por Serdán Rosales se observa que en Guanajuato la compra del voto va de los 500 a los mil 200 pesos. Hasta el momento hay cuatro reportes y todos señalan al PRI como el partido que ha puesto en marcha los operativos de compra: el 15 de marzo, en San Luis de la Paz, se inscribía o se amenazaba a las personas con quitarles los programas Prospera e IMSS-Prospera; el 24 de abril, en la calle Quio, de la colonia Ermita en la ciudad de León, se repartían calentadores solares y estufas con el mismo fin; el 3 de mayo, en el jardín principal de la comunidad San Juan de Llanos, del municipio de San Felipe, se hacía la entrega de mil 200 pesos a cabio del voto; y el 4 de mayo, en la calle Valladolid de la colonia Bernardo Cobos de Irapuato, se inscribía o se amenazaba con retirarles a las personas los programas sociales Prospera e IMSS-Prospera.
Listo, o casi, el Infierno Electoral
En ese sentido, Serdán Rosales llamó la atención sobre la actual falta de un fiscal General que haya sustituido al procurador General de la República, en que tampoco hay fiscal anticorrupción ni magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa -encargados de las sentencias en casos de corrupción- y en que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales fue descabezada «por no cumplir con las expectativas del partido gobernante». Además, la Auditoría Superior de la Federación se quedó tres meses sin titular, la Auditoría Interna de Control de Sedesol «fue capturada y escándalos como la Estafa Maestra pasaron desapercibidos para esta instancia que vigilaría el uso de los recursos» y la presidenta del INAI -que reservó la información del caso Odebrecht-, Ximena Puente, es ahora candidata a diputada federal.
Por definición, la compra del voto es «el intercambio de dinero en efectivo, tarjetas, bienes, cosas -despensas, materiales para la construcción, útiles escolares, electrodomésticos- y la oferta o la amenaza de quitar programas sociales, a cambio de votar por alguien, de no votar por alguien mediante el retiro de sus credenciales electorales, asistir a eventos o de realizar tareas de promoción del voto».
Lo que ACFP encontró ahora en su monitoreo durante las precampañas y lo que va de las campañas electorales fueron acarreos y operativos para la compra del voto, lo que hace prever que en los últimos días del periodo de campaña va a presentarse lo que describió Alberto Barranco sobre las elecciones del Estado de México de 2017 en su libro Infierno Electoral: «Terrorismo electoral, término que alude a mecanismos de intimidación: anunciar que habrá balaceras en las casillas y que hay que estar preparados, el envío de trozos de animales muertos afuera de las casas de funcionarios de casilla, o recoger credenciales en secciones donde se sabe que va a perder el partido que está financiando estos operativos de compra de voto. Y esto se agudiza el día de la jornada electoral con lo que se conoce como ‘casas amigas’, esto es, inmuebles en los cuales se les entregan a cambio de una evidencia de que se votó, despensas, dinero en efectivo».
A ello se suma «la bolsa de recursos» a nivel federal, que es en época electoral cuando se incrementa el circulante de monedas y billetes. En este 2018 ya va en aumento este indicador de la economía. El dinero sale de muchas fuentes. Por ejemplo, el gasto que se destina a materiales para construcción, combustibles, vestuarios, aumentó en 38 por ciento de enero a marzo de 2018 respecto al mismo periodo de 2017. «En la revisión de 1994 a la fecha, este enero es en el que más se está gastando en materiales y suministros, una partida muy susceptible a convertirse en despensas, en láminas, varillas, que después terminan en los operativos de compra del voto».
En cuanto al gasto autorizado para el primer trimestre de 2018 para las delegaciones estatales de Sagarpa, SEP, Secretaría de Economía, Sedatu, Semarnat, Secretaría del Trabajo, PGR, Sectur y Sedesol aumentó en 71.2 por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado, mientras el gasto de las unidades de comunicación social del gobierno federal ha aumentado en 48.2 por ciento en términos reales. Es decir, hay más dinero disponible.
Como conclusión, afirmó Serdán Rosales, «los reportes sobre el uso electoral de los programas sociales son generalizados en todo el país, con la participación de todos los partidos políticos. Ante ello, queremos enfatizar que estos fenómenos no ayudan a superar la pobreza. Puede ayudar a los partidos políticos a ganar votos, puede ayudar a muy diversos propósitos políticos-electorales, pero no sirven para que la gente deje de vivir en la pobreza. Son actos ilegales e inmorales.
«Aún queda mes y medio de campañas, y justamente es cuando más se van a intensificar estos fenómenos. Por eso queremos llamar la atención: la mesa está puesta, se debilitaron las instituciones, hay operadores clave en puestos clave, se están juntando los recursos, están aumentando los presupuestos ya en este 2018, están los operativos de tierra (…) y son por parte de todos los partidos políticos. Pues bien, llamamos a las autoridades para que redoblen esfuerzos en este último tramo para garantizar que el voto sea libre, sea secreto y se respete la voluntad popular». Porque «el uso electoral de los programas sociales y la compra del voto ocurren por debilidad de la democracia, por debilidad de la cultura cívica, pero por una condición de pobreza generalizada de la población».
Lo que se desea, dijo el activista, es que la información recabada sea útil para que el uso electoral de los programas sociales deje de ser impune, para que deje de ser una práctica normalizada, para que no ocurra en este 2018 u ocurra menos de lo que se está preparando. «El uso político, el lucro con la pobreza y las necesidades de la gente es inmoral».
Imágenes de portada e interiores: Alianza Ciudadana Frente a la Pobreza.
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