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Anayeli García Martínez, Cimacnoticias* / Desinformémonos
México, D.F. / Jueves 10 de septiembre de 2015
La periodista del portal Desinformémonos Flor Goche denunció que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue “omiso” ante el allanamiento de su departamento este martes 8 de septiembre, al alegar que “no tiene facultades para investigar”.
El robo al departamento que Goche comparte con la reportera de la revista Contralínea Elva Mendoza, ocurrió entre las 9 de la mañana –cuando la informadora salió de su casa– y las 7 de la noche que regresó, y se dio cuenta de que la puerta principal no tenía seguro y de que fueron sustraídas dos computadoras y documentos de trabajo.
“Cuando me di cuenta de toda esta situación lo que hice fue apretar el ‘botón de pánico’”, explicó a Cimacnoticias Flor Goche, quien también fue colaboradora en la revista Contralínea.
Ambas reporteras cuentan con un “botón de pánico” en su domicilio, luego de que el 18 de abril de 2014 la casa de Miguel Badillo, director de la revista, fue allanada, y de que el 24 de junio del mismo año las oficinas del medio de comunicación fueron saqueadas, por lo que el 18 de julio de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a las autoridades mexicanas otorgar medidas de protección para las y los comunicadores que laboran en Contralínea.
- A la reportera agredida le dijeron por parte del personal del Mecanismo de protección de periodistas que “no podía hacer nada” ya que “no tienen facultades para investigar”.
Como resultado, las y los reporteros de la revista ingresaron al Mecanismo de Protección, instancia de la Segob encargada de proteger a periodistas y activistas en riesgo, pero a decir de Goche en esa ocasión no funcionó, como tampoco sirvió de nada en una ocasión cuando en la revista recibieron una amenaza telefónica e intentaron usar la misma herramienta de auxilio.
Al no obtener respuesta con el “botón de pánico”, la reportera llamó por teléfono al Mecanismo de Protección, pero su personal le dijo que no podían hacer nada porque no tenían la facultad de investigar. Aun así ella insistió en que no funcionó el “botón de pánico”.
Minutos más tarde dos policías llegaron a su domicilio. Ella les pidió que tomaran las huellas dactilares o demás acciones para recabar la información. Sin embargo, los agentes alegaron que a ellos les informaron que había un delito en flagrancia y por eso acudieron al lugar, pero en vista de que ya no estaban los ladrones “no podían hacer nada porque ellos no investigaban”, contó Goche.
Sólo para hacer la denuncia, el personal del Mecanismo se negó a apoyarla porque cuando la reportera les llamó por teléfono para pedir que la ayudaran a solicitar que los peritos acudieran a su casa, ellos le dijeron que no podían hacerlo, pero le pidieron que una vez que tuviera la Averiguación Previa, les enviara una copia para que intervinieran.
Flor Goche narró que siguió insistiendo, al grado que el personal del Mecanismo le preguntó si en su medio de comunicación no había área jurídica, pues es la que debería asesorarla y no la instancia de Segob.
- Cuando Flor Goche se dio cuenta del allanamiento de su domicilio activó el botón de pánico pero nadie respondió.
“Fueron los primeros a los que recurrí (el Mecanismo); incluso antes de ponerme en contacto con Contralínea –por las medidas que tengo y porque estuve trabajando con ellos– y con Gloria Muñoz (directora) de Desinformémonos. Con quien primero me comuniqué fue con el Mecanismo para sentirme acompañada, cobijada”, abundó la reportera.
“Comprobé en carne propia que este Mecanismo no está funcionando”, pues en este caso se demostraron las falencias y la falta de compromiso del Mecanismo con los periodistas y con los defensores de Derechos Humanos, criticó Goche.
Sólo se llevaron mis computadoras
La reportera dio a conocer que sólo se llevaron la pantalla de televisión; el reproductor de películas y el multifuncional siguen ahí. El dinero también y un par de objetos de plata que estaban visibles, sobre una repisa.
En una nota publicada en el portal Desinformémonos, señala que de su domicilio ubicado en la delegación Cuauhtémoc, en la ciudad de México, sólo fueron sustraídas dos computadoras portátiles. Una de éstas, la que estaba sobre mi escritorio, contiene los archivos de las investigaciones periodísticas que actualmente realizo, entre ellas una serie de reportajes que se difundirán a un año de los hechos de Iguala, Guerrero, que derivaron en la desaparición forzada de 43 normalistas rurales, y en el asesinato de otros tres.
Prosigue: el allanamiento ocurrió el pasado 8 de septiembre entre las 8:40 y las 19 horas, mientras yo me encontraba en las oficinas de Desinformémonos, el medio en el que actualmente laboro.
Ese día volví a mi domicilio, el cual comparto con Elva Mendoza, reportera de Contralínea, minutos antes de las 19 horas. Me sorprendió que ninguna de las dos chapas de la puerta principal del departamento estuviera asegurada. En la sala, el comedor y la cocina, todo parecía normal. En la habitación, sin embargo, la escena era otra: papeles y ropa regados sobre el piso y las colchonetas que la hacen de cama.
La irrupción de gente ajena era evidente. Los delincuentes, sin embargo, dejaron rastro de su “profesionalismo”. Las chapas del acceso principal, una de ellas de seguridad, no presentan signos de haber sido forzadas. Los vecinos refieren no haberse percatado de los hechos.
Quien o quienes irrumpieron en el lugar que habito –al menos hasta hacer un par de días resultaba habitable– se llevaron dos computadores y hurgaron en mi archivo periodístico, directorio y documentos personales. Algunos de éstos estaban tirados sobre el piso y la cama; otros fueron dejados en una silla.
Una caja floreada de cartón con documentos fiscales también revisada. Los papeles que contenía, tales como facturas y boletos de viaje, estaban regados sobre la cama.
Cabe destacar que desde mediados de 2014, Elva Mendoza y yo, en conjunto con otros integrantes de la revista Contralínea –en la que laboré por 7 años–, contamos con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismas que fueron otorgadas a raíz del allanamiento a las oficinas de este medio de comunicación, hecho en el que también fueron sustraídas computadoras y archivos periodísticos.
Elva y yo, somos, igualmente, beneficiaras del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, al que ingresamos a raíz de las medidas cautelares dictadas por la Comisión. Es por ello que a ambas se nos fue otorgado un botón de pánico, objeto que debemos activar en caso de emergencia para recibir auxilio inmediato y eficaz por parte del aparato gubernamental.
La noche del 8 de septiembre, en cuanto me percaté del allanamiento a mi domicilio, presioné mi botón de pánico por tres segundos, tal cual es la indicación. No funcionó. Repetí la operación un par de veces más; nadie respondió a mi llamado.
Finalmente pude comunicarme con la empresa que el gobierno federal contrata para el control del botón de pánico. Les informé de lo ocurrido. Mandaron a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a mi domicilio; los uniformados realizaron únicamente la inspección ocular y me sugirieron acudir al ministerio público a presentar la denuncia de hechos.
Inmediatamente establecí contacto directo con el personal del Mecanismo para solicitarles apoyo para la gestión de peritos que pudiera acudir a mi domicilio a tomar evidencia, como huellas digitales. El funcionario Roberto Reyes, quien me atendió, me comentó que eso no era posible pues ellos no tenían facultad de gestión y tampoco de investigación. Me dijo, sin embargo, que podían encomendar a una persona del Mecanismo para acompañarme a presentar la denuncia. Sin embargo, minutos más tarde, se retractó. Me pidió que le enviara copia de la averiguación previa en cuanto la tuviera entre mis manos, pues sólo entonces podrían hacer algo. Yo insistí. Pedí que el Mecanismo interviniera en caso de que el personal del ministerio público se negara a mandar peritos a mi domicilio. Entonces el funcionario comentó que es a mi medio de comunicación a quien le corresponde darme acompañamiento y asesoría jurídica.
Gloria Muñoz, directora de Desinformémonos, logró contactar con el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quienes, a su vez, pidieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, que enviaran peritos a mi domicilio. Así ocurrió.
El 9 de septiembre, en presencia de mi abogada, Karla Micheel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y de la organización Artículo 19, se realizaron los peritajes de criminalística, dactiloscopia y fotografía. Asimismo, rendí mi declaración. Todo ello consta en el Acta Circunstancial 149/Feadle/2015. De acuerdo con José Manuel Maldonado, agente del ministerio público, en los próximos días, el Acta Circunstancial se elevará a rango de averiguación previa.
*Agencia de noticias multimedia especializada en periodismo con Perspectiva de Género
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