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Agustín Ramírez Agundis*
Miércoles 19 de abril de 2023
La relación entre el gobierno de México y el de Estados Unidos ha sido históricamente muy compleja. La hegemonía de Estados Unidos respecto a México en casi todos los planos ha sido permanentemente un rasgo que determina el desenvolvimiento de todos los asuntos de interés binacional. Superado ya desde hace varias décadas el fantasma del comunismo utilizado por los sectores conservadores más influyentes en la política exterior estadunidense como pretexto para entrometerse a través de sus siempre corruptas agencias de seguridad nacional y normalizadas las relaciones económicas mediante los tratados denominados comerciales, las principales materias que ponen de manifiesto las contradicciones propias de la asimetría entre los dos países son el narcotráfico y la migración.
En cuanto a la primera de estas materias, entre el año de 1986 y el de 2002, la estrategia impuesta por el gobierno norteamericano consistió en un procedimiento definido unilateralmente para certificar o no los esfuerzos de los países para combatir la producción y el tráfico de drogas, conjuntamente con una serie de sanciones aplicables bajo su arbitrio a las naciones que no lograran los estándares requeridos para su certificación. Este mecanismo involucraba tanto al poder ejecutivo como al legislativo de aquel país, de manera que anualmente este último sometía a votación en las dos cámaras la pertinencia de aplicar las penalizaciones del caso.
Sólo para recordar, el 13 de marzo de 1997 la Cámara de Representantes resolvió descertificar a México luego de que el 28 de febrero del mismo año el presidente Clinton lo había certificado, poniendo de manifiesto la manera como la clase política estadunidense está acostumbrada a utilizar a nuestro país como elemento para dirimir sus pugnas interpartidistas, sin mostrar realmente interés por resolver el grave problema social que ocasiona el consumo de drogas entre los jóvenes estadunidenses.
A partir del 2003, ante el creciente descontento que la certificación generaba entre la comunidad internacional, dejó de operar, siendo sustituida por medidas enfocadas en denunciar a los países que, nuevamente a su juicio, no estaban cumpliendo de manera demostrable con el compromiso de combate al narcotráfico. Al igual, tanto el poder legislativo como el ejecutivo tenían participación en este nuevo esquema, de modo que el titular de este último estaba obligado a presentar un informe a las Cámaras según el cual éstas autorizaban o rechazaban el apoyo militar y los recursos económicos para financiar medidas de combate al narcotráfico.
Es en este modelo en el cual se estableció la denominada Iniciativa Mérida acordada entre los gobiernos encabezados por Felipe Calderón y George W. Bush, supuestamente para apoyar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, resultando un completo fracaso, como es de todos conocido, significando un entramado de corrupción en el que estuvieron involucradas las agencias policíacas de ambos lados de la frontera.
Por estas fechas, nuevamente representantes del poder legislativo y del Ejecutivo del gobierno federal de Estados Unidos muestran su afán injerencista y electorero acusando a México de no hacer nada para detener la producción y el tráfico del fentanilo y otras drogas. Las amenazas han llegado incluso a presentar a las Cámaras una iniciativa que autorice la intervención militar en nuestro país para combatir a los narcotraficantes y destruir sus supuestos laboratorios.
Poniendo en claro que la hegemonía de Estados Unidos para nada lo es en el plano moral, de una manera firme, el gobierno mexicano ha solicitado discutir al más alto nivel la situación, poniendo en el centro de las negociaciones el hecho de que el problema corresponde primordialmente al gobierno norteamericano que no ha hecho lo necesario para reducir la adicción a las drogas entre los jóvenes estadunidenses, en particular el consumo del fentanilo, propiamente letal.
Por su parte, al inicio de esta semana, se puso en marcha en México un programa escolar encaminado a crear conciencia entre adolescentes y jóvenes de los daños que ocasionan las drogas en general y el del fentanilo en lo particular. De manera formal, en las escuelas se está incorporando una metodología centrada en la generación y exposición de materiales audiovisuales de manera permanente. Los maestros y los padres de familia deben apoyar esta campaña que es fundamental para proteger a nuestra principal riqueza que no es otra que nuestra juventud.
Así es. Los problemas se deben resolver corrigiendo las fallas que los ocasionan. La drogadicción mata de muchas maneras. El esfuerzo debe consistir en reducirla.
* Esta es una colaboración del Colectivo Miguel Hidalgo de Celaya, Guanajuato, al que pertenece el autor.
Imagen de portada: Agentes especiales de la DEA. | Foto: Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
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