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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Nadie, salvo quienes de verdad suponen que todo se reduce a una conspiración maliciosa, que puede ser cierta, podrá negar que los comentarios sobre el modo de hablar de un indígena chichimeca de Guanajuato vertidos en una conversación privada por Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del INE, son hirientes y hasta discriminatorios. Tampoco, que por ello, miembros de las comunidades indígenas tengan el derecho a indignarse y a reclamar respeto.
La forma en que se desarrollaron y continuaron los acontecimientos a partir de que se dieron a conocer públicamente, nos muestran una forma de comportamiento de nuestros funcionarios, del propio Lorenzo Córdova y, luego, del gobernador Miguel Márquez que ofende todavía más. Para salir al paso, el consejero presidente del INE primero informó de la presentación de una denuncia ante la PGR por la intervención y difusión de la conversación telefónica que lo exhibe, luego pide disculpas y asegura su respeto a las comunidades indígenas, para terminar con la acusación de que se pretende desprestigiar al INE mediante recursos ilegales. Nunca menciona por su nombre a la persona que denigró y desvía la atención hacia los ámbitos de la legalidad y la sospecha.
Córdova Vianello lidiará o no con el desprestigio que ahora le acompaña y con sus mea culpas, que seguramente llenarían de pena a su padre Arnaldo Córdova a pesar de que desde hace años no llevaban buena relación. Pero la manera en que el gobernador Miguel Márquez se involucró en el tema, es asunto aparte. Muy orondo, declaró ayer que, antes que nada, debe respetarse “a nuestras etnias, estamos hablando de los no conquistados (…) Representa un gran orgullo para nuestro estado, ahora sí que nuestros indígenas chichimecas”.
Pero resulta que el gran orgullo del mandatario se topa con una realidad que lo evidencia. Misión de Chichimecas, en San Luis de la Paz, es una de las comunidades más marginadas de Guanajuato y así ha permanecido durante su gobierno y los que lo antecedieron. Y si pretendió pedir respeto para todas las comunidades indígenas de Guanajuato, ahí están los otomíes sanmiguelenses, a los que insiste en dividir con la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende, aunque ello signifique la destrucción de algunos de sus centros ceremoniales. Aquellos que para convencerlos de las bondades de la gran obra, Márquez ha llegado al extremo de ofrecerles la edificación de un centro comercial para que vendan sus artesanías, cuando a lo que se dedican es a las labores del campo.
Bien lo dijo el profesor otomí Magdaleno Ramírez: lo que demandan los pueblos originarios es un respeto manifiesto, no de dientes para afuera.
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