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Marcha
Perú / Jueves 16 de marzo de 2023
En conferencia de prensa, feministas sin fronteras denunciaron las violencias patriarcales y racistas de la dictadura de Dina Boluarte que constituyen delitos de lesa humanidad en el Perú. Un pre informe y un llamado a organizar la solidaridad.
“Este 8 de marzo, llegamos a Perú compañeras de Colombia, Ecuador, México, Argentina, Bolivia y Suiza, como parte de una Delegación Feminista Plurinacional del Abya Yala que vino a acuerpar a quienes están enfrentando la brutal represión al pueblo, desatada desde el Golpe de Estado por la oligarquía peruana y los poderes transnacionales que lo inspiraron y organizaron”.
Así comienza el pre informe de la Delegación, leída desde diferentes territorios donde se realizaron en los últimos días relevamientos de denuncias por delitos de Lesa Humanidad en el marco de la dictadura racista de Dina Boluarte. Una lectura de época y un registro de las agresiones que deben ser investigadas urgente por Cortes Internacionales. La anterior intervención de la Delegación fue durante la dictadura de Jeanine Áñez en el Estado Plurinacional de Bolivia en marzo del 2020.
La lectura fue transmitida en simultáneo por las redes sociales de Feministas del Abya Yala, Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia y el Frente Popular Darío Santillán; y de los medios populares Wayka de Perú, Wambra de Ecuador y Marcha. Fue un llamado a las feministas del mundo a acuerpar a mujeres y disidencias originarias y campesinas en las luchas antipatriarcales, antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas que se dan estos momentos en las calles y los territorios del Perú.
La tarea de la Delegación Feminista
En Perú, durante una semana, la Delegación se entrevistó y dialogó con familiares de las víctimas de la violencia represiva; compañeras campesinas, feministas, activistas de los movimientos y la comunicación popular, organizaciones de Derechos Humanos, colectivos de la disidencia sexual, organizaciones de mujeres que sostienen las ollas comunitarias, médicxs, abogadxs, maestrxs y estudiantes.
A partir de esto, realizó un informe preliminar que reúne algunas de las denuncias y relatos obtenidos durante los últimos días en Cuzco, Puno, Ayacucho, Apurimac y Lima. Este material será el insumo para el informe definitivo que será presentado a instancias internacionales de Derechos Humanos.
“Constatamos que el golpe de Estado en Perú, que colocó a Dina Boluarte como presidenta de facto, es la violenta reacción del poder para defender sus intereses políticos, económicos, culturales, que sintieron amenazados por la llegada al gobierno de “un indio”, como caracterizaron a Pedro Castillo”. El racismo estructural, y el clasismo son opresiones mencionadas de forma constante por la Delegación, que denunció: “El Golpe se produjo cuando Castillo se comprometió a revisar los decretos de ley que entregan los territorios peruanos a las transnacionales extractivas y a las concesiones mineras”.
“Las masacres de Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurimac, más de 90 luchadores/as asesinadxs, cientos de heridxs, la prisión de lxs líderes de las organizaciones populares, son parte de un plan de exterminio sistemático, dirigido especialmente hacia los pueblos indígenas y campesinos, que defienden los territorios”, afirmaron en conferencia de prensa, “constituyen crímenes de Lesa Humanidad. Todos los autores del golpe de estado, tendrán que ser juzgados”.
Y agregaron: “La violencia que se desató desde el 7 de diciembre, con la destitución del presidente constitucional, tiene claras connotaciones racistas y patriarcales. Es evidente la persistencia del fujimorismo, que ha dejado traumas profundos en la población, que en muchos casos ´revivió´ los dolores provocados por el terrorismo de estado, que se encuentran en la memoria colectiva”.
En conferencia de prensa, integrantes de la Delegación Feminista Plurinacional.
Testimoniar contra una dictadura racista y patriarcal
En estos tres meses la dictadura se valió de diferentes formas represivas que se evidenciaron a través de los testimonios. “Represión con armas de guerras, gases lacrimógenos con sustancias desconocidas que producen efectos inmediatos en el cuerpo, uso de gas pimienta, perdigones”, denunció la Delegación. “En las represiones y masacres existieron francotiradores, tanquetas, drones, se disparó desde helicópteros con intención de eliminación de la vida y no de dispersión”.
También se denunció la infiltración de las organizaciones populares y estrategias de encapsulamiento por parte de las fuerzas y de grupos irregulares como los “polos blancos”, un grupo entrenado para provocar, amedrentar, deslegitimar la protesta, instalar un discurso discriminatorio y generar detenciones. También se denunció represión a niñas y niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidades.
Y además, el ataque violento a los centros de acogida humanitaria, lo que viola la Constitución Política del Estado peruano y Acuerdos y Tratados Internacionales. Al respecto, es de recordar la intervención ilegal sobre la universidad San Marcos de Lima, que servía de refugio a las comunidades ancestrales de Puno, Juliaca y otras poblaciones; un hecho que terminó con la detención de más de 250 personas.
También denunciaron la complicidad de la Fiscalía Federal: “el desarrollo del sistema de justicia evidencia una complicidad con la dictadura”, afirmaron. “Es la fiscal del crimen organizado”. Y expusieron la detención y hostigamiento del poder judicial contra cuatro jóvenes de la nación Písac en Cusco, protegidos por la figura de arraigo cultural porque pertenecen a una comunidad originaria y a quienes les inventaron la figura de “ocultamiento”. “Esta persecución es hacia los pueblos ancestrales, guardianes de la vida y las montañas”, afirmaron, “Estamos viviendo un dolor tremendo. Nuestros territorios están gritando que hay que hacernos responsables porque la lucha nos pertenece. Nuestro delito es defender el territorio. Ésta es una dictadura”.
La complicidad de las empresas de comunicación con el régimen de Boluarte y la ultraderecha desplegaron todo tipo de estrategias para desinformar y deslegitimar las movilizaciones. Esa maniobra busca también minimizar el accionar represivo y criminalizar la protesta con acusaciones de terrorismo. La Asociación Nacional de Periodistas denunció que quienes intentan visibilizar los hechos también sufren la violencia del régimen, “hasta la fecha, al menos 90 periodistas y comunicadores sufrieron violencias, persecución e inhabilitación de su práctica”.
La característica patriarcal de las violencias se entrelaza con el racismo. “Las mujeres peruanas están sufriendo de manera especial las consecuencias del golpe de Estado”, expresaron feministas sin fronteras. “Además de la represión, viven la sobrecarga de sostener la reproducción de la vida cotidiana; esto significa alimentar a las familias fuertemente empobrecidas y precarizadas. Las ollas comunitarias siguen siendo modos de organización colectiva de la alimentación. Pero son tareas y roles que caen fundamentalmente sobre los cuerpos de las mujeres”, agregaron.
“El cuidado de la vida de hijxs, ahora frente a las amenazas represivas, la búsqueda de justicia por sus familiares represaliados, genera angustias y miedos que resienten la vida cotidiana”, afirmaron, “en las movilizaciones y detenciones han habido experiencias de violencia sexual. La represión estigmatiza a las mujeres con insultos y agresiones misóginas”. Y finalizaron: “Seguimos gritando, como lo hicieron las feministas hondureñas en 2009: ¡Ni golpes de Estado, ni golpes a las mujeres!”.
Fotos de portada e interiores: Aldari Mejia / Marcha.
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