Denuncian nueva estrategia de hostigamiento en Temacapulín, Jalisco

Organizaciones civiles y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo denunciaron la nueva «estrategia de hostigamiento y amenazas por parte del gobierno del estado contra los pueblos» que serían inundados por el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo, actualmente con «suspensiones definitivas que no pueden ser violadas».

«Ante las recientes declaraciones del secretario General de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, y del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en relación a su intención de desalojar a las personas que supuestamente ya vendieron y han sido indemnizadas, por haber llegado a acuerdos con el gobierno federal y estatal», ese comité, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Colectivo de Abogad@s denunciaron que se tata de pronunciamentos «sumamente preocupantes, desafortunadas y violatorias de los derechos humanos», que representan una «violación a la seguridad e integridad física y psicológica» por parte del gobierno del estado, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Demandaron respeto a las resoluciones judiciales y aclaración inmediata de las contradicciones e intenciones reales del estudio que realizan y concluirán hasta 2017 la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), reiteraron la «necesidad de consulta a los pueblos afectados» por la construcción de El Zapotillo.

«Consideramos contradictorio y amenazante lo señalado por Roberto López Lara, en relación a la posibilidad del llenado de la presa, obra que según en el imaginario del funcionario ya está terminada. Sus declaraciones contradicen lo manifestado por el gobierno del estado a través de la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), Magdalena Ruiz, y del Equipo de Naciones Unidas de de la UNOPS-PNUMA, contratado por el gobernador, para realizar el estudio Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, en el que se invierten 4.3 millones de dólares, recursos que pagaremos entre todos los habitantes de Jalisco».

Recordaron que en su momento «la SEMADET y la UNOPS-PNUMA negaron rotundamente que el citado estudio considerara el posible llenado de la presa en el temporal de lluvias y establecieron el compromiso con el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de realizar las modificaciones necesarias al convenio –adenda- y eliminar  el producto temprano que contempla el posible llenado de la presa. Acuerdo que aún no se ha cumplido».

Citaron al ex relator especia de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, quien señaló que «los desalojos implican ‘[…] graves violaciones de una serie de derechos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a la seguridad de hogar, a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la libertad de circulación […] intensificando la desigualdad, los conflictos sociales, la segregación y la creación de guetos, que invariablemente afectan a los sectores de la sociedad más pobres, más vulnerables social y económicamente y a los marginados, especialmente mujeres, niños, y pueblos indígenas’”.

Los desalojos son procesos que implican graves a los derechos humanos, por lo cual es necesario que se haga una consulta con los pueblos afectados y se cumplan los principios de necesidad y proporcionalidad, antes de haber agotado el estudio de todas las posibles alternativas. «Esto -afirmaron- no ha ocurrido en el  caso de las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo».

También sostuvieron que no hay lugar para la reubicación que sea aceptado por los pobladores y que la que se propuso fue declarada nula por el Tribunal Administrativo del Estado, no adecuada por el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, en su informe de  visita a México y Temacapulín en junio de 2011, porque viola los derechos a la alimentación, al agua, a la vivienda adecuada, al medio ambiente y a la consulta de los habitantes.

Dieron a conocer que en Asamblea Comunitaria de Temacapulín se acordó no permitir desalojos, ni demoliciones de casas, ni ocupación de terrenos. Para ello, «se tomarán las medidas necesarias, ya que  el desalojo y destrucción de nuestra comunidad no es justificado, pues existe el fallo del 7 de agosto de 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia constitucional expediente 93/2012, en la que se determina que la altura de la cortina de la presa El Zapotillo deberá ajustarse al proyecto original (80 metros)».