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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 5 de febrero de 2021
En tiempos de los gobiernos neoliberales, 1982 a 2018, cada acción de despojo a la nación o al pueblo era celebrada casi hasta la euforia por quienes se beneficiaban de tales actos. Los consideraban triunfos de una modernidad que, según ellos, había llegado para convertirse en una realidad en la que el mercado sería el ente regulador de la economía, la política y la vida de la sociedad entera.
Desde el poder, económico y político, se modificaron leyes y reglamentos, antes o después de la comisión de las acciones de despojo, para darle un ambiente de legalidad y legitimidad a esa nueva realidad. Crearon un Estado de derecho a modo que mantenía y reproducía las condiciones favorables al poder.
De esa manera privatizaron áreas de la economía y empresas que la Constitución reservaba su control al Estado y bienes propiedad de la nación; cancelaron, y en algunos casos revirtieron, conquistas laborales; desmantelaron servicios públicos como la salud y la educación; modificaron impuestos en perjuicio de la mayoría de la población y crearon «estímulos» fiscales que beneficiaron a las grandes empresas, entre otras medidas o efectos de sus acciones. Todo ello en detrimento de la soberanía nacional y popular y en el contexto de la más escandalosa y descarada corrupción.
Tal situación, que condujo al país casi a la ruina y al pueblo a niveles insultantes de pobreza, acrecentó el poder económico y político de la oligarquía y, al mismo tiempo, fue generando el descontento de la mayoría de los mexicanos, que se tradujo en la derrota electoral de los partidos que apoyaban ese estado de cosas y el ascenso de un nuevo gobierno, que su oferta electoral la centró en la transformación del país, y se declaró antineoliberal, mas no anticapitalista.
Las acciones emprendidas por el nuevo gobierno, insuficientes y limitadas como para transformar nuestro país, han causado malestar entre quienes de alguna manera experimentaron la pérdida o disminución de privilegios adquiridos durante los gobiernos neoliberales, razón por la que despliegan, prácticamente desde que conocieron su derrota en las urnas, una campaña de desprestigio contra el gobierno federal y contra quien lo encabeza, el presidente de la República.
Tal campaña, orquestada por las fueras de la derecha más recalcitrante y secundada por las cúpulas de los partidos políticos que perdieron privilegios, y por quienes como rémoras se movían alrededor de las diferentes instancias del poder, tiene como objetivo el retorno al anterior estado de cosas.
Por ello, basados en el Estado de derecho por ellos creado, deslegitiman absolutamente todo lo que hace el gobierno y con argumentos cargados de mentiras lo catalogan como igual o peor a los anteriores. Y quienes llevaron al país al borde de la ruina y al pueblo a una mayor pobreza y precariedad, ahora se presentan como sus salvadores.
Sin embargo la realidad es necia. A medida que avanza la campaña de la derecha también salen a la luz hechos y evidencias que muestran su rostro real: la corrupción, maquillada con la impunidad.
Aunque el actual gobierno ha emprendido acciones que, hay que reconocer, por su efecto benéfico en el país y en el pueblo lo diferencian de los neoliberales; también, siendo realistas y sin restarles méritos, esos avances son aún insuficientes. En este contexto, habrá de reconocerse, existe cierto grado de desilusión en algunos sectores de la población que esperaban que su situación experimentara cambios sustanciales con el cambio de gobierno.
No cabe duda de que México requiere un cambio, una transformación que lo coloque en el camino del desarrollo, no en el del retroceso.
Las transformaciones sociales son obra de los pueblos, no de individuos o partidos políticos, de modo que la velocidad a la que se realicen depende de la participación popular, del respaldo e impulso de la mayoría consciente y organizada. De ahí la importancia de elevar los niveles de conciencia y organización para alcanzar la transformación que haga de nuestro país un mejor lugar donde vivir.
* Alfonso Díaz Rey es miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Dominio Público.
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