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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 18 de junio de 2018
Tras 16 años de lucha, Valentina Rosendo Cantú logró justicia: este 1 de junio, la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales, del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, sentenció a los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca por los delitos de violación y tortura cometidos contra la joven indígena en el año 2002, quien tuvo que aprender español y denunciar su caso fuera de México.
Valentina Rosendo Cantú junto con Jan Jarab. Representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
La jueza Contreras Perales impuso a los imputados una pena de 19 años, cinco meses y un día de prisión, condenándolos además al pago de la reparación del daño a favor de Valentina Rosendo Cantú. En la sentencia se tiene por probado que los militares cometieron tortura sexual contra Valentina, quien en ese entonces era menor de edad. Para ello, el Juzgado reconoce el testimonio de la víctima como elemento probatorio fundamental, y señala que los delitos de esta naturaleza ocurren sin que haya posibilidad de acceder a testigos.
La resolución también se refiere a la tortura sexual como un acto de discriminación agravada e interseccional. Al respecto, en la sentencia se toma en cuenta “la desigualdad estructural en la que se encontraba al ser indígena, lo que la hizo susceptible de abuso y violación a sus derechos, que sumada a la circunstancia de ser mujer menor edad, también evidenció una asimetría de poder, pues sus agresores fueron militares con los cargos de cabo y soldado de infantería, respectivamente, ante una particular mujer indígena y menor de edad, mostrando una clara ventaja en la preparación y la instrumentación al portar armas de fuego.
“Los militares, al ostentarse como un grupo armado, actúan como si no hubiera leyes que los obliguen a respetar los derechos de las personas. Por el hecho de que Valentina, una menor de edad, se viera obligada a lavar su ropa en un arroyo, para los militares fue una oportunidad para mancillarla y causarle un grave daño que ha trastocado su proyecto de vida como mujer, como esposa y como madre. Se infligió un daño a su dignidad, a la honra familiar y a la misma comunidad porque los elementos castrenses usaron su fuerza para causar terror y romper el tejido comunitario”, afirmó a su vez Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La investigación por los hechos se inició ante la justicia militar en México, en donde la denuncia interpuesta no prosperó. Por ello, luego de un largo proceso ante el sistema interamericano, el 31 de agosto del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia contra del Estado mexicano, en la que ordenó 16 medidas de reparación: investigar los hechos en el fuero civil y proceder a identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables, para así garantizar el acceso a la justicia de Valentina Rosendo Cantú.
Gracias a esta y otras sentencias dictadas por la Corte IDH, en el 2014 México modificó parcialmente el Código de Justicia Militar, estableciéndose que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra personas civiles se investigarían en tribunales civiles. Pese al avance, la reforma sigue siendo insuficiente.
De izquierda a derecha, Santiago Aguirre, del Centro Prodh; Marcia Aguiluz, directora de CEJIL; y Jan Jarab. Representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que acompañaron legalmente y siguieron el caso de Valentina Rosendo.
Sin embargo, “esta es la primera vez que México cumple con su obligación de investigar, juzgar y sancionar, a militares responsables de violaciones de derechos humanos a raíz de una sentencia del tribunal interamericano. Por ello, esta sentencia es un hito y una prueba de que la impunidad se puede romper a pesar de no existir voluntad, porque Valentina persistió, las organizaciones continuaron acompañándola y hubo una jueza independiente”, destacó Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (CEJIL).
“Se me llena de emoción el corazón porque soy una mujer indígena que habla Me’phaa y ganó mi palabra, ganó la verdad, porque desde el principio el gobierno no me creyó y ahora triunfó mi búsqueda de justicia; siento que hay una esperanza. Por todo este camino que he pasado quiero agradecer a mis abogados y a todas las demás organizaciones que me han acompañado porque si ellos no me hubieran creído ni apoyado, no hubiera llegado hasta aquí”, expresó Valentina Rosendo Cantú.
Con información y fotos de interiores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Imagen de portada: Valentina Rosendo Cantú. | Foto: Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
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