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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 7 de febrero de 2022
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, se registraron al menos siete eventos de desplazamiento interno masivo causado por la violencia en México, los cuales desplazaron a un estimado de siete mil 31 personas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, informó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
En noviembre, explicó la Comisión, nuevos ataques armados a comunidades indígenas tzotziles del municipio de Aldama, Chiapas, obligaron a unas 3,000 personas a desplazarse, incluyendo a niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores. Desde 2018, personas de diversas comunidades de Aldama han vivido en situación de desplazamiento intermitente, viéndose obligadas a refugiarse en las montañas cada vez que se intensifican los constantes ataques armados en su contra. También en Chiapas, una disputa por tierras en el municipio de Chapultenango generó el desplazamiento de diversas familias indígenas zoques, quienes fueron agredidas y tuvieron sus casas quemadas durante el ataque de un grupo armado a la comunidad de Esquipulas Guayabal. De acuerdo con el Sistema Estatal de Protección Civil, que organizó un albergue temporal en la cabecera municipal para atender a personas desplazadas de dicha comunidad, fueron al menos 47 personas desplazadas, entre las cuales se encontraban menores de edad y mujeres embarazadas.
Alrededor de 31 familias fueron desplazadas de comunidades rurales del municipio de Valparaíso, en Zacatecas, ubicado en la región limítrofe con los estados de Jalisco y Durango. Desde mediados de 2021 la región ha sido escenario de enfrentamientos armados entre grupos criminales rivales, cuyos miembros amenazan, extorsionan y buscan apoderarse de los bienes de la población local. Además de desplazamientos forzados, la situación de violencia en Valparaíso ha ocasionado el cierre de escuelas y clínicas de salud en algunas localidades rurales. Enfrentamientos armados entre grupos criminales también fueron reportados como una de las causas del desplazamiento de unas 20 familias de la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Huitzuco de los Figueroa, en Guerrero, que enfrenta una fuerte ola de violencia.
Finalmente, en noviembre también se reportó que el temor ante la presencia y actuación de grupos dedicados al narcotráfico en el municipio de Madera, en Chihuahua, provocó el desplazamiento de personas de la comunidad de La Norteña, del ejido El Largo Maderal, quienes habrían sido evacuadas con apoyo de la policía y el ejército tras haber solicitado auxilio a través de redes sociales. De acuerdo con la información disponible, habrían sido alrededor de 280 las personas desplazadas de dicha comunidad.
La CMDPDH también informó que a principios de diciembre de 2021 un nuevo desplazamiento masivo debido a la violencia en el municipio de Valparaíso, Zacatecas. En esa ocasión, el secuestro y asesinato de tres hombres detonó el desplazamiento de unas 150 familias —alrededor de 700 personas— de diversas localidades rurales. Muchas de las familias desplazadas se trasladaron a la cabecera municipal, donde recibieron apoyo del gobierno local y de valparaisenses que residen en los Estados Unidos mediante el préstamo de viviendas, el pago de rentas y la entrega de despensas, cobijas y recursos económicos.
La violencia de los cárteles y los enfrentamientos entre estos y las fuerzas de seguridad pública han generado desplazamientos masivos en el municipio de Chinicuila, ubicado en Michoacán y colindante con los estados de Jalisco y Colima. Además de un estimado de 800 familias, esta situación de violencia ha ocasionado que incluso autoridades locales y elementos de seguridad abandonaran el municipio, de modo que la alcaldía y la comandancia de policía se encontraban vacías.
La CMDPDH precisó que en los últimos meses de 2021 se reportaron algunos desplazamientos ocurridos meses anteriores. Por ejemplo, a mediados de octubre 28 familias tseltales fueron obligadas a desplazarse de la comunidad de El Nacimiento, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, debido a las amenazas, despojos y agresiones que sufrieron en manos de un grupo criminal que quería obligarlas a comprar armas con el dinero que recibieron de la rifa del avión presidencial. Muchas de las familias desplazadas, conformadas por hombres, mujeres, personas adultas mayores, adolescentes y al menos 30 niñas y niños de entre dos y trece años, se fueron a las montañas de Ocosingo, donde enfrentaban hacinamiento, bajas temperaturas y escasez de alimentos. El 31 del mismo mes, un grupo armado atacó La Finca de Gildardo, comunidad rural del municipio de Petatlán, en Guerrero, y estableció un plazo de cinco días para que sus habitantes la abandonaran, lo que resultó en el desplazamiento de las 25 familias que vivían ahí.
Reportó que también registró el desplazamiento de por lo menos 20 personas indígenas de Baborigame y otras localidades cercanas en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, tras la quema de sus viviendas y el despojo de sus tierras. De acuerdo con información reportada en noviembre, habrían sido 56 las personas desplazadas en esa ocasión.
¿Qué más ha pasado?
La Comisión dio cuenta también del evento realizado por la senadora Nestora Salgado García, del Colectivo Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado, en el que hizo un llamado al Senado para que apruebe la iniciativa de ley general en materia de desplazamiento forzado interno, tipifique el delito de desplazamiento forzado y conforme una comisión permanente de diálogo entre legisladores/as, personas desplazadas y organizaciones.
Por estados, informó que en Baja California, en el campamento El Chaparral de Tijuana, familias desplazadas como la de María Guadalupe y sus tres hijos menores de edad, originarios de Michoacán, continúan esperando la oportunidad de solicitar asilo en los Estados Unidos. Sobreviven en casas de campaña, lonas y casitas hechas con cartón y se enfrentan a condiciones de hacinamiento, inseguridad y falta de servicios básicos. La administración municipal instaló un cerco perimetral y distribuyó gafetes de identificación a las personas alojadas en el campamento. Se anunció que se trataba de una medida para controlar el ingreso y salida de personas con fines de seguridad.
En Chiapas, de acuerdo una declaración del Consejero del Comité de Desplazados Forzados Internos de Chalchihuitán, muchas de las familias tzotziles desplazadas en 2017 debido al conflicto territorial con Chenalhó han podido regresar a sus hogares, mientras que algunas siguen viviendo en casas rentadas y prestadas. Denunció que las familias que han retornado siguen sin poder trabajar en sus parcelas, ya que estas están siendo utilizadas por personas de Chenalhó y resguardadas por grupos de corte paramilitar.
Mientras, en Guerrero, la Secretaría de Gobernación presentó un «proyecto piloto» para atender a las familias desplazadas de Leonardo Bravo y Zitlala acampadas desde octubre en la Ciudad de México, el cual, de acuerdo con la información disponible, consiste en “buscar un refugio para cada familia y empleo al jefe de familia con todas las prestaciones sociales”. Se reportó que las familias desplazadas no habían decidido si aceptarían la propuesta de Segob, ya que consideraban que, al no reubicarlas en el mismo lugar, el proyecto terminaría por «segregar” o “dividir” a las familias.
Aunado a ello, de las varias familias desplazadas de Zihuaquio por el crimen organizado en 2020, algunas siguen en Vallecitos de Zaragoza, en Zihuatanejo, donde se asentaron inicialmente, mientras que otras han tenido que reubicarse debido a la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades de trabajo. En visita a Vallecitos de Zaragoza en diciembre, el Secretario General de Gobierno del estado se reunió con personas desplazadas, incluyendo a niños/as y jóvenes, entregó despensas y anunció que la administración actual elaborará un plan integral para su retorno. Las personas desplazadas destacaron la importancia de que se implementen medidas para que dicho retorno ocurra de manera digna y segura, incluyendo medidas relacionadas con el acceso a servicios, seguridad pública y apoyo para la reconstrucción de viviendas.
En Michoacán, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos reconoció que la violencia en la región de Tierra Caliente ha afectado a un gran número de niños/as y adolescentes, aunque hacen falta datos oficiales para estimar cifras y determinar cuántos/as han tenido que desplazarse. El organismo considera que el desplazamiento forzado representa un problema creciente y severo en la región, y denunció dicha situación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En Nuevo León, en tanto, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de reforma integral a la Ley Estatal de Víctimas, la cual, entre otras medidas, prevé la creación de un fondo y “regula el desplazamiento interno de víctimas”.
En Oaxaca, la presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso, Tania Caballero Navarro, presentó una iniciativa para crear la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Oaxaca.
En esta entidad, de acuerdo con una revisión hemerográfica de El Universal, citada por la CMDPDH, al menos 3,194 personas han sido desplazadas internamente en el estado, mientras que a diez meses de su desplazamiento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acudió a entrevistar a familias triquis de Tierra Blanca Copala. La visita se llevó a cabo tras una manifestación de familias desplazadas de la comunidad frente a la sede de la CNDH en la Ciudad de México.
Por último, la Comisión dijo que en Zacatecas, alrededor de mil personas de varias comunidades del municipio de Jerez no han podido retornar de manera permanente a sus hogares. Algunas familias visitan sus casas de manera temporal para realizar algún trabajo o tarea.
Imágenes de portada e interiores: CMDPDH.
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