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Vijay Prashad y Taroa Zúñiga Silva / Globetrotter
Viernes 26 de agosto de 2022
A finales de julio, apareció, en el salar de Atacama, al norte de Chile, un misterioso cráter de 30 metros de diámetro. El “fenómeno” se dio en una de las regiones más lucrativas de Chile para la extracción de cobre y litio, cerca de la localidad de Tierra Amarilla, en la provincia de Copiapó. Cerca del orificio, el distrito minera Candelaria – del que el 80% pertenece a la canadiense Lundin Mining Corporation y el otro 20% a las japonesas Sumitomo Metal Mining Co Ltd. y Sumitomo Corporation – tuvo que interrumpir sus operaciones en la zona. El primero de agosto, el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) tuiteó que había reunido un equipo para investigar el socavón, ubicado a menos de 60 metros de distancia de una vivienda. El alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, se preguntó por qué la tierra había cedido cerca de la mina Alcaparrosa, y si la aparición del agujero tenía algo que ver con las operaciones mineras. “Hoy sucedió en este espacio, predio agrícola”, declaró el alcalde a radio Ciudadano ADN, “pero nuestro mayor temor hoy es que esto pueda ocurrir en un lugar poblado, en una calle, en una escuela, y proteger la integridad de nuestros habitantes es nuestra mayor preocupación en este momento”.
Funcionarios del Gobierno chileno se movilizaron hasta Tierra Amarilla para investigar el socavón. El 12 de agosto, Marcela Hernando, ministra de Minería, recorrió la mina Alcaparrosa junto con Cristóbal Zúñiga y otros funcionarios. Antes de la visita, Zúñiga pidió a las autoridades que apliquen las “máximas sanciones” para castigar a los responsables del socavón, que parece haber sido causado por las actividades mineras realizadas por el complejo minero de Candelaria. El organismo gubernamental encargado de la investigación – Sernageomin – ha suspendido toda actividad minera en la zona y continúa con su evaluación forense para determinar las razones del derrumbe de tierra en las cercanías del complejo minero.
Moratoria a la minería
“No deberíamos hablar de ningún tipo de extracción en el salar de Atacama”, nos dijo Ramón Morales Balcázar pocos días después de descubrirse el socavón. Morales Balcázar es el fundador de la Fundación Tantí, una organización no gubernamental de San Pedro de Atacama que se dedica a promover la agroecología y la sostenibilidad socioambiental. “El salar de Atacama está agotado, [y ha sido] profundamente impactado por la minería del cobre, el litio y el turismo. Deberíamos trabajar para restaurar el ecosistema”, nos dijo Morales Balcázar. La palabra “agotado” es también el título de un nuevo informe del que es coautor Morales Balcázar y que ofrece un escalofriante retrato del agotamiento de las aguas subterráneas como consecuencia de las extracciones mundiales de litio. “La extracción de litio, la industria más reciente de la región [del salar de Atacama], es ahora una forma más de agotar los escasos recursos hídricos”, afirma el informe.
Morales Balcázar forma parte del equipo de investigadores e investigadoras del Observatorio Plurinacional del Salar Andino (OPSAL), quienes se dedican a investigar con detalle lo que consideran el ecocidio del salar, que se extiende por Argentina, Bolivia y Chile. Un libro escrito por este equipo en 2021 – Salares Andinos: Una ecología del conocimiento para la protección de nuestros salares y humedales – ofrece una evaluación detallada de lo que llaman “extractivismo verde” y “crecimiento verde”. El extractivismo se refiere a la extracción de recursos naturales de la tierra para obtener beneficios sin ninguna consideración por los territorios o por las personas que viven en las zonas de extracción. “Extracción y extractivismo no son lo mismo”, puntualizó Morales Balcázar. La primera es la mera extracción de recursos naturales, que se puede hacer de forma sostenible sin dañar la tierra, y cuyas ganancias deberían asegurar el bienestar social de las personas que viven cerca de las minas.
“Hemos mantenido conversaciones con instituciones indígenas y sindicatos para imaginar diferentes formas de extracción”, nos dijo Morales Balcázar. Cuando los trabajadores de Albemarle – una empresa minera estadounidense – se declararon en paro en 2021, Morales Balcázar y otros colegas hablaron con ellos sobre la posibilidad de pensar en nuevos tipos de técnicas de extracción, aunque “realmente no es algo que podamos ver en un futuro cercano”, dijo Morales Balcázar. Una de las razones por las que los mineros de Albemarle y las instituciones indígenas (como el Consejo de Pueblos Atacameños) no conciben ninguna alternativa es que, aunque obtengan simples propinas de la riqueza minera, eso se considera una opción mejor que enfrentarse al desempleo.
La alternativa Boliviana
Al norte de Chile, en Bolivia, el concepto de “nacionalismo de los recursos” ha enmarcado el debate en torno a la extracción de litio en el país. En 1992, el Gobierno del entonces presidente boliviano Jaime Paz Zamora firmó un acuerdo con la empresa estadounidense Lithium Corporation of America, ahora conocida como FMC Corporation, que “permitía a la empresa llevarse todo el litio que pudiera, dando a Bolivia sólo el ocho% de los beneficios. Muchos bolivianos se indignaron por el acuerdo”, según un artículo publicado en 2010 en The New Yorker. Esto llevó a las protestas del Comité Cívico de Potosí, que finalmente puso fin al contrato.
Cuando Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia en 2006, el residuo de esta batalla dio forma a su enfoque de “nacionalismo de recursos” respecto al litio y otros minerales. “Prometió ‘industrializar con dignidad y soberanía’, prometiendo que el litio en bruto no sería explotado por corporaciones extranjeras, sino procesado por entidades controladas por el Estado boliviano y transformado en baterías”, según señaló un artículo de 2018 en Bloomberg. En 2007, Bolivia desarrolló una política de industrialización del litio. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), según supimos por funcionarios de la época, alentó a los científicos bolivianos a desarrollar y patentar métodos tradicionales de extracción por evaporación (aunque este método ha tenido dificultades debido a los altos niveles de magnesio que se encuentran en el litio boliviano). El Gobierno de Morales invirtió mucho en el plan de industrialización del litio, lo que llevó a Bolivia a desarrollar sus propias baterías (incluida la producción de cátodos) y a desarrollar su propio coche eléctrico a través de la empresa estatal Quantum Motors. Para controlar y gestionar la producción de litio, el Gobierno creó en 2017 una empresa llamada Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
“Estábamos avanzando mucho”, nos dijo Evo Morales, “hasta el golpe de Estado de 2019 y luego la pandemia”. El golpe acabó por provocar su destitución. “Golpearemos a quien queramos”, escribió Elon Musk, cuya empresa Tesla depende del litio para sus baterías y coches eléctricos. Tal es la ira contra las posibilidades del “nacionalismo de los recursos”.
Los acontecimientos en Bolivia muestran que se están explorando nuevas formas de extracción, aunque no sean perfectas. Los desafíos medioambientales en el Salar de Uyuni, el mayor salar del mundo, y las quejas de los habitantes de la zona siguen definiendo la extracción del litio. Sin embargo, la política de industrialización del litio y el gran cuidado que tiene el país por lo que los bolivianos llaman Pachamama – la tierra – durante el proceso de extracción ofrecen algunas diferencias con el trabajo de extracción realizado por las grandes empresas mineras canadienses y estadounidenses. En Chile, Lester Calderón, un dirigente sindical de la ciudad de Antofagasta, que se presentó como candidato a Gobernador en 2021, escribió un artículo en enero de 2022 en el que defendía que las comunidades indígenas deben decidir sobre la forma de utilizar el litio y que los recursos (incluida el agua) de Chile deben ser nacionalizados. Estos elementos existen en Bolivia, y sin embargo, hay desafíos por delante para la gente de allí.
El actual presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, espera renovar la política de industrialización del litio impulsada por el Estado, pero no encuentra los recursos internos para hacerlo. Por ello, su Gobierno se ha embarcado en un proceso de captación de inversiones del exterior (actualmente, seis empresas de China, Rusia y los Estados Unidos siguen compitiendo por hacerse con la licitación).
El centro de la lucha en Bolivia es Potosí, donde los españoles, que gobernaban la región, habían ahuecado durante siglos la tierra para extraer plata que exportaban a Europa. “Fuimos el centro de la explotación [de la plata] pero nos quedamos al margen de la toma de decisiones del país”, dijo a Reuters el funcionario del gobierno de Potosí, Juan Téllez. “Eso es lo que tratamos de evitar ahora con el litio”. Los habitantes de Potosí, como los de Tierra Amarilla en Chile, quieren imaginar un tipo de extracción diferente: una que esté controlada por quienes viven de las fuentes del metal y que no destruya la tierra, agujereandola sin sentido.
* Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. También es miembro senior no-residente del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos The Darker Nations y The Poorer Nations. Sus últimos libros son Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism y The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan, and the Fragility of U.S. Power (con Noam Chomsky). Taroa Zúñiga Silva es escritora asociada y coordinadora de medios en español de Globetrotter. Es co-editora, junto con Giordana García Sojo, del libro Venezuela, Vórtice de la Guerra del Siglo XXI (2020). Forma parte del comité coordinador de Argos: Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos. También es parte de Mecha Cooperativa, un proyecto del Ejército Comunicacional de Liberación.
Este artículo fue producido para Globetrotter.
Foto de portada: Clacso.
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