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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Este sábado 28 de marzo los habitantes de Temacapulín, Jalisco, celebraron cuatro años de la toma de las instalaciones de la presa El Zapotillo, cuya construcción se encuentra detenida desde julio de 2014. Se trata del proyecto Río Verde, conocido así por el nombre del afluente que le dotará de aguas y que a lo largo de más de una década ha sido de gran interés para el gobierno de Guanajuato y, por supuesto, para las empresas constructoras por tratarse de una obra que implica la inversión de más de 16 mil millones de pesos.
Autoridades federales, de Jalisco y Guanajuato aseguran que el nuevo embalse beneficiará a más de dos millones de personas de Guadalajara, los Altos y la ciudad de León. Pero el problema es ese, que escasean las voces de académicos y de los mismos leoneses y jaliscienses que confirmen con gusto el provecho que les traería la construcción de El Zapotillo.
De lo que hay constancia de sobra es de las inconformidades de los residentes en Temacapulín, que por lo menos desde 2008 se oponen a la obra por el temor de que su pueblo desaparezca bajo el agua. Y de los discursos de las autoridades guanajuatenses, que hace 15 años decían que el propósito del proyecto Río Verde era garantizar el abasto de agua a León y asegurar su viabilidad como ciudad para los próximos 25 años, en cuanto inició la construcción de la presa pasaron a anunciar la construcción de dos grandes parques industriales en la urbe leonesa, Las Colinas y el León-Bajío.
Entonces bien cabe preguntar: ¿a quién beneficiará realmente El Zapotillo? ¿A las grandes empresas o a los habitantes de León, Guadalajara y Los Altos de Jalisco? Si eso no se aclara, es fácil prever que las manifestaciones contra el nuevo embalse continuarán. Eso sin contar con que al final los ciudadanos son los que van a pagar los 16 mil millones de pesos que costará la presa. Ni más ni menos.
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