Agustín Galo Samario / SomosMass99
León, Gto. / Domingo 29 de marzo de 2015
Karla Silva, violencia diferenciada contra mujeres periodistas – #EstadoDeCensura from Article19 on Vimeo.
“La difamación, el hostigamiento judicial, las amenazas o la censura contra las mujeres, son generalizadas en medios digitales o impresos, tanto, que en los dos años que van del sexenio de Enrique Peña Nieto están cerca de igualar a todas las agresiones ocurridas en los seis años de gobierno de Felipe Calderón”, dice el informe Estado de Censura 2014 de la organización Artículo 19 presentado apenas el martes 24 de marzo. Uno de esos casos es el de Karla Janeth Silva Guerrero, corresponsal en Silao de El Heraldo de León, agredida al interior de sus oficinas por tres hombres en septiembre pasado.
La organización explica que en lo que va de la actual administración federal, de 2012 a la fecha, ha registrado 122 ataques contra mujeres periodistas, mientras que en el sexenio anterior contabilizó 192 casos. En el documento se precisa que de las 326 agresiones contra comunicadores ocurridas en 2014, 63 fueron cometidas contra mujeres y de éstas, 30 fueron perpetradas por funcionarios públicos.
“Existe una asimetría entre los sexos relacionada con patrones, símbolos y representaciones, que han minimizado con especial alcance a las mujeres que defienden la libertad de expresión. La desigualdad de género puede ser social, cultural, económica, política y tener brechas o distintas magnitudes respecto a la edad, la ocupación, el ingreso o la escolaridad. Hay, en general, una variación entre la exposición entre el ámbito público y privado; un juego de roles impuesto, que se ha observado y descrito de forma sistemática en la violencia contra las mujeres a través de la historia.
“El aumento en las cifras que miden la violencia hacia las mujeres tiende a ser resultado de su exposición pública; no es un parámetro que indique el estado real de las agresiones que sufren a puerta cerrada sino la visibilización de innumerables injusticias padecidas por valientes mujeres —como Karla Silva— que deciden denunciar golpes, violaciones, tocamientos, acosos o formas más sutiles de amenazar la libertad de expresión para permitir el oscuro acuerdo de quienes (hombres y mujeres) día con día actúan fuera de la ley”.
El miedo
Vistos de manera general los atentados a la libertad de expresión, el editorial del informe de Artículo 19 dice que “la censura en México adquiere distintas formas y matices en función de en qué lugar de la República se encuentre uno”, pero “lo cierto es que hoy periodistas, defensores de derechos humanos, blogueros, comuneros, dirigentes sociales, líderes estudiantiles, todos tienen miedo por igual. Alzar la voz para denunciar, disentir, criticar, conlleva un alto riesgo”.
En ese contexto, la organización destaca la agresión a Karla Janeth Silva Guerrero como un caso de “violencia diferenciada contra mujeres periodistas” y relata lo sucedido: “El 4 de septiembre de 2014 tres hombres entraron a la redacción del periódico El Heraldo de León, en Silao, Guanajuato, se dirigieron a Karla Silva Guerrero y la golpearon brutalmente. De acuerdo con la periodista, actuaron bajo órdenes del gobierno municipal: “Para que le bajes de huevos a tus notas”, le gritaban mientras le pegaban.
- Por la violencia diferenciada y la falta de tratamiento adecuado de las autoridades el caso Karla Silva es un caso de violencia de g género. En la gráfica durante la presentación del informe de Artículo 19.
Esa agresión, sugiere Artículo 19, “debe ser analizada y atendida desde una óptica que visibilice la violencia diferenciada de la que fue víctima. Características específicas como los golpes en la cara acompañados de amenazas verbales sobre su labor periodística, sumados a la falta de tratamiento adecuado del caso por parte de las autoridades, ponen de manifiesto que se trata de un caso de violencia de género.
“Los hombres que atacaron a la reportera tenían la intención de destruirle el rostro: no le tocaron otra parte del cuerpo. Además, quisieron dejar claro que la golpiza que le propinaron era la respuesta de autoridades a las que ella denunciaba en sus notas”.
Así lo cuenta Karla Silva en el informe: “Llegué a cubrir varias cosas que evidenciaban al alcalde de Silao (Enrique Benjamín Solís Arzola, del PRI) con temas sobre centros nocturnos y grupos de seguridad clandestinos, entre otros. Creo que empecé a destapar varias cloacas». “Antes de la agresión, cubrí el caso de una mujer víctima de violencia doméstica a la que el DIF local no ayudó. Publiqué dos planas. Esto fue el 30 de julio de 2014”. Añade más adelante que empezó “a sacar muchas historias, eran puras cosas reales. Mi fuente era la política y los temas de seguridad. El tipo de historias que comencé a publicar eran sobre abusos policiacos, como policías golpeando a civiles, y todo con evidencias, fotos, quejas ante derechos humanos, etcétera”.
Para Artículo 19 el perfil de la agresión “permite afirmar que se trata de un caso donde la violencia ejercida contra Karla es diferenciada desde la perspectiva de género, dolosamente dirigida para reprimir no sólo su esfera profesional, sino también su vida social, emocional y personal (…) Los golpes lograron perforarle el rostro hasta el cráneo y le dejaron secuelas irreversibles en su vida”.
Pero las agresiones y la vulnerabilidad de la periodista silaoense también se reflejan en “el tratamiento que las autoridades han dado al caso. Por un lado, tanto la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) han sido omisas al no tomar en consideración la gravedad y el daño causados a Karla desde una perspectiva de género, donde los ataques contra la libertad de expresión se agravan cuando el abuso es premeditado para ocasionar afectaciones específicas en la vida de una periodista.
- El caso de Karla Silva mostró las graves señales de un sistema que no atiende las agresiones a periodistas.
“La tipificación de los delitos, la negativa para ejercer la facultad de atracción de la FEADLE, el proceso penal abreviado, la conmutación de la pena de uno de los responsables, el desequilibrio entre la defensa de Karla y aquella de los imputados (contaron con cinco abogados, aclara el informe), entre otras cosas, dan claras señales del funcionamiento de un sistema de justicia que desestima casos graves de violencia contra mujeres periodistas”.
Karla Silva relata que en la FEADLE en Guanajuato le dijeron “que les regresaron el caso, que no van a atraer el caso porque no pueden juzgar dos veces el mismo delito (…) La excusa es que la investigación ya va muy avanzada y por eso ellos no se quieren meter. El problema es que va a quedar juzgado por delitos del fuero común. Yo no quiero que la investigación se quede en delitos del fuero común”.
Además, dice el informe, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato “emitió una recomendación en noviembre de 2014; su alcance no respondió a la gravedad del caso al recomendar al alcalde de Silao ofrecer una disculpa pública como parte en el caso, puesto que la periodista fue golpeada por hombres bajo órdenes del director de Seguridad Pública de la localidad, Nicasio Aguirre Guerrero. Karla no fue convocada cuando se emitió la recomendación, tampoco se puede acceder a la misma de manera pública”.
Y en cuanto al Poder Judicial, añade que “las instancias de justicia local conocieron del caso contra Karla en un juicio abreviado, que no aplicaría para delitos graves -lesiones calificadas, robo calificado y amenazas-. A uno de los agresores se le sustituyó la pena por ofrecer una disculpa a la periodista agredida: obtuvo beneficios de condena provisional, así como conmutación de la pena privativa de libertad, por haber aceptado su culpabilidad. Sólo debió pagar una multa de mil 499 pesos. Los demás autores materiales e intelectuales también están libres; uno de ellos, como prófugo de la justicia, es el ex director general de Seguridad Pública Municipal, Nicasio Aguirre Guerrero”.
Más adelante Artículo 19 da cuenta que “el alcalde, junto con personal de la Dirección de Comunicación Social y de Seguridad Pública municipales, mantienen bloqueos a la labor de la periodista”, que de acuerdo con el testimonio de ella misma, le niegan entrevistas, no la convocan a eventos y hacen caso omiso a sus peticiones de información “al cuestionar la actuación del gobierno de Silao”.
Si la impunidad que permea en 90 por ciento de los casos de agresiones en contra de periodistas, concluye la organización, “en este caso se materializa en que los autores intelectuales, los que ordenaron la golpiza, no solo están libres sino permanecen en ejercicio de sus funciones. Las implicaciones en la vida de Karla Silva Guerrero no se limitan a una recuperación física y emocional, ahora también amenazan con impedirle seguir escribiendo con la fuerza y profundidad con que lo hacía antes. Esta es una de las consecuencias más graves que afectan a Karla”.
Por eso, “cada vez que se silencia a un periodista, atándole de manos en la maraña legal en que se encuentran la mayoría de los casos, pierde la sociedad, perdemos todos”. Y no sólo eso, el caso Karla Silva y las cifras que presenta Article 19 son, como dice la propia organización, “ecos de gritos acallados por la violencia sexual, psicológica, física, institucional o económico laboral que sufren las mujeres periodistas y defensoras de la libertad de expresión en muchas partes de México”.
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