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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 4 de octubre de 2020
Organizaciones de derechos humanos agrupadas en Espacio OSC rechazaron la iniciativa para eliminar fideicomisos, que incluye al Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y al Fondo para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por poner en peligro la vida e integridad de víctimas, personas defensoras y periodistas.
Las y los defensores de derechos humanos llamaron al poder legislativo y al titular del Ejecutivo a desistir en la eliminación de estos fideicomisos, y sostuvieron que el combate a la corrupción no se logra extinguiendo fideicomisos y fondos, sino fortaleciendo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Foto: Centro Prodh.
México es el segundo país del mundo con el mayor número de personas defensoras y periodistas asesinadas. Tan solo en lo que va del año 2020, ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos y organizaciones han señalado al menos 4 casos de periodistas asesinados. “Además, existe un claro discurso desde el poder ejecutivo que criminaliza y estigmatiza la labor de defensa de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad, así como la libertad de expresión”, enfatizaron las y los integrantes del espacio.
Ahora, las medidas que garantizan su seguridad podrían verse afectadas tras la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. El primero sirve exclusivamente para costear las medidas de protección designadas para salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias; el segundo para brindar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delitos y de violaciones a los derechos humanos.
“Su desaparición implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas en el país así como para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México”, lamentaron las y los defensores.
La desaparición de ambos fideicomisos fue contemplada dentro del paquete de 109 fideicomisos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 29 de septiembre y que se pretende votar y aprobar en el pleno de la Cámara el próximo 6 de octubre, tras no haberse reunido el quórum necesario ayer.
Las organizaciones advirtieron que, de eliminarse el fideicomiso, habría consecuencias graves como: la incapacidad para adoptar medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas con la urgencia que las situaciones de peligro exigen, así como financiar su costo y acceder a los recursos con la inmediatez que se requiere; obstáculos para el desarrollo de las acciones de protección, como el incremento de trámites administrativos y pérdida de flexibilidad en la adopción e implementación de medidas ante situaciones inminentes de riesgo; la eliminación de los candados que evitaban que los recursos se puedan utilizar para otros fines que no sean las medidas de protección o atención a víctimas; y la vulneración a víctimas, personas defensoras y periodistas en riesgo dado que la operación quedará supedita a prioridades y criterios políticos.
La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha señalado que la eliminación del Fideicomiso tendrá impactos negativos en el desarrollo de las acciones de protección para las 1304 personas —418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos— a las que actualmente brinda medidas de protección. El fideicomiso es el principal instrumento financiero para la implementación de las medidas urgentes para su protección.
Además, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de 2018 a 2019 ha tenido un incremento de gastos para la atención a víctimas, mientras que la dotación de recursos al Fondo ha disminuido en 2019, 2020 y lo proyectado a 2021. La eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral implica que no haya un recurso económico destinado exclusivamente para atender las necesidades específicas de las víctimas y repararles los daños, por ejemplo medidas de ayuda para alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, entre otros. Además, delegar el pago de las reparaciones del daño derivado del presupuesto total designado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las Comisiones estatales implica que no hayan suficientes recursos para atender tal fin, señalaron las organizaciones.
“Frente al desafío que el Estado enfrenta para garantizar la vida e integridad de víctimas, personas defensoras y periodistas, consideramos inadmisible que se pretenda desproteger la vida de quienes se encuentran en riesgo con la eliminación del Fideicomiso y el Fondo. La eliminación de la corrupción no se logra borrando el trabajo que durante años se ha articulado para garantizar la protección y la vida. Combatir la corrupción no se logra extinguiendo fideicomisos y fondos, se logra creando mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La decisión de extinguir un fideicomiso no solo debe tomar en consideración elementos de carácter financiero, sino debe considerar la utilidad y fin que tienen, así como las personas a quienes se dirigen”, llamaron.
Foto: Centro Prodh.
Las y los defensores rechazaron que se use la pandemia de Covid-19 como argumento para su eliminación. “En el contexto actual de violencia y pandemia, el Estado mexicano tiene el deber reforzado de proteger y garantizar la vida y los derechos de quienes han sido víctimas de violencia, desplazamiento, y violaciones de derechos humanos”, explicaron.
“Hoy, organizaciones sociales nacionales e internacionales, víctimas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos hacemos un llamado urgente al Congreso de la Unión, en especial a la Cámara de Diputados, así como al Titular del Ejecutivo, a desistir en la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y el Fondo para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Hacemos un llamado a detener cualquier acción que ponga en mayor riesgo a estas poblaciones y que han sido producto de las demandas legítimas de los movimientos sociales, víctimas, personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil”, finalizaron.
Con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Foto de portada: Pixabay.
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