SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 7 de noviembre de 2018
Al iniciar este día el Examen Periódico Universal (EPU2018) a México en Ginebra, Suiza, mecanismo de la ONU que permite a los Estados miembros revisar y hacer recomendaciones sobre el estado que guardan los derechos humanos en nuestro país, los temas en que se centra la atención y que tocarán algunas de las 108 naciones inscritas en la lista de oradores destacan las agresiones contra defensores y periodistas, impunidad, violencia, corrupción, Ley de Seguridad Interior (LSI), desapariciones forzadas, tortura y desplazamiento interno.
En el mismo sentido, la eficacia y financiación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas; los resultados obtenidos por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y respecto de Ley de Seguridad Interior, lo concerniente a si es compatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
Sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. | Foto: Twitter.
México se presenta en Ginebra a su tercer Examen Periódico Universal (EPU), luego de la revisión a la que acudió en 2013 cuando aceptó 166 de 176 recomendaciones. De tal cuenta que ahora presenta un informe relativo a cómo ha puesto en marcha las recomendaciones que se comprometió a cumplir y recibirá otras nuevas, que reflejarán las preocupaciones de los Estados respecto a las violaciones que tienen lugar actualmente en territorio mexicano. Para ello, en la lista de oradores para el EPU de México se han inscrito 108 de los 193 Estados que integran las Naciones Unidas.
Para formular sus comentarios y recomendaciones, los Estados cuentan con tres fuentes: el informe presentado por México, una compilación de los pronunciamientos y evaluaciones de los organismos de derechos humanos de la ONU, y un reporte elaborado con los insumos proporcionados por la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
¿Qué les preocupa a la ONU y a la sociedad civil?
En este último reporte están consignadas múltiples violaciones de los derechos humanos, “que ocurren en un contexto de violencia, corrupción e impunidad”. Entre otras preocupaciones, las ONG señalaron la discriminación contra población indígena, mujeres, miembros de la comunidad LGBTI, la explotación sexual de menores, el desplazamiento interno, el exceso de facultades que otorga al Ejército la Ley de Seguridad Interior, la trata de personas, las desapariciones forzadas, la práctica de la tortura, y las agresiones contra líderes comunales, periodistas y defensores de derechos humanos.
Organismos y agencias de la ONU comparten similares preocupaciones: en su informe consignaron que, en México, la tortura y las desapariciones forzadas son generalizadas. También lo son las amenazas y violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, según los relatores especiales Michel Forst (defensores) y David Kaye (libertad de expresión), a pesar de la puesta en marcha del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.
Preguntas enviadas por anticipado
Algunos Estados, entre los que se encuentran Eslovenia, Portugal y Suecia, le enviaron por adelantado sus preguntas a México. Por ejemplo, Uruguay le solicitó informar acerca del proceso de ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a los trabajadores domésticos, a lo cual se había comprometido el Estado en 2013.
Foto: Derecho Constitucional.
Por su parte, Reino Unido indagó por la eficacia y la financiación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, mientras que Estados Unidos preguntó por los resultados obtenidos por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
A esta preocupación se sumaron Alemania, Bélgica y Suiza, que además le pidió a México informar cuándo publicará su Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos y si considera que la Ley de Seguridad Interior es compatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
Una delegación de cerca de 40 personas, encabezada por el vicecanciller Miguel Ruiz Cabañas, representa a México en el examen. El informe con las recomendaciones que reciba México será divulgado el próximo viernes.
Desapariciones forzadas
El mismo viernes, México será evaluado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), cuyos miembros se reunirán el día de hoy con representantes de varias organizaciones de la sociedad civil mexicana que le han pedido al gobierno de la República aceptar la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales.
La organización I(dh)eas. Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que participa en las actividades del EPU en Ginebra, explicó que el diálogo con el CED es parte del seguimiento a las recomendaciones y a la implementación en México de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y sostuvo que las autoridades de nuestro país deben asumir la obligatoriedad de los requerimientos del Comité y establecer mecanismos para la efectiva implementación de acciones urgentes.
I(dh)eas sustentará los informes sombra que junto con colectivos de familiares de personas desaparecidas presentaron en respuesta al informe del Estado mexicano. En la reunión también participará el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.
«Durante el acto, las organizaciones solicitaremos que se reconozca la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales de conformidad con el artículo 31 de la Convención y, especialmente, incentivar que las autoridades del Estado mexicano acepten la visita de los miembros del Comité.
Tendedero de protesta por las desapariciones frente a Palacio Nacional en diciembre de 2014. | Foto: Armando Monroy / Cuartoscuro / Archivo.
«Desde 2011, fecha en que el Estado mexicano ratificó la Convención, sigue sin reconocerse la competencia del CED para recibir y examinar comunicaciones individuales. La aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no puede servir de justificación para no reconocer la competencia del CED y negar de esta manera el acceso a la justicia de las miles de víctimas de la desaparición ante un órgano internacional de protección», sostuvo la organización.
Añadió que la negativa de reconocer la competencia del CED para recibir comunicaciones individuales, se agrava con las resistencias del Estado mexicano para dar cumplimiento a las acciones urgentes otorgadas por el Comité en el marco del artículo 30 de la Convención. «En reiteradas ocasiones el Estado ha mantenido una postura en la que considera que ‘las medidas requeridas por el Comité tienen un carácter de recomendación y no implican obligación ninguna por parte del Estado mexicano'».
I(dh)eas consideró que dado que la administración saliente ha rechazado reiteradamente cualquier acción de colaboración y apoyo de fortalecimiento de las labores del Comité en México, confía en que el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre tenga una actitud de compromiso con sus obligaciones internacionales en la defensa y protección de los derechos humanos.
Con información de Panorama.
Foto de portada: SomosMass99.
0 Comentario