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La Haine
Barcelona, Esp. / Miércoles 13 de junio de 2018
Hace tres semanas regresaba de Madrid, su ciudad natal. Venía de participar en el encuentro estatal de la agrupación juvenil Contracorriente. Es una joven historiadora de 25 años, fundadora de la agrupación de mujeres Pan y Rosas y militante de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT).
Cuando llegó a Barcelona, se encontró con una notificación judicial en la que solo ponía que se presentara en la Ciudad de la Justicia. Al día siguiente al recogerla, según nos cuenta, pasado el asombro inicial, lo que pensó es que los ataques represivos pueden llegar a cualquiera. “Pensé en todos los casos de ataques a la libertad de expresión como el de Valtonyc, Hasel, Cassandra y el resto de represaliados y en la campaña de ‘Mañana puedes ser tú’ de Omnium y otras entidades de derechos humanos, porque efectivamente, mañana, hoy en mi caso, puede pasarle a cualquiera”.
Verónica está denunciada por un supuesto delito de calumnias. El denunciante es Sebastián Trapote, jefe Superior de la Policía Nacional en Catalunya. ¿El motivo? Haber escrito un artículo en el que daba cuenta de diversos casos de torturas, malos tratos o muertes bajo custodia policial en los que sus responsables no fueron juzgados, fueron absueltos o indultados. Entre ellos este alto mando policial, responsable de la muerte de un detenido en 1974.
Verónica Landa. | Foto: La Haine.
Charlamos con Verónica en una pausa de la intensa actividad de estos días. Desde ID.es y la CRT estamos impulsando una fuerte campaña para denunciar este nuevo caso de persecución política. Medios de comunicación de izquierda se han solidarizado publicando ellos mismos el artículo en cuestión y decenas de intelectuales, periodistas, sindicalistas, profesorado y otras personalidades han firmado un pronunciamiento de solidaridad exigiendo el archivo de la causa.
– ¿Por qué te denuncia Sebastián Trapote?
Me denuncia por un artículo que escribí hace un año. Era un recopilatorio de policías que habían estado implicados en casos de torturas, malos tratos o muertes bajo custodia policial en los que sus responsables no fueron juzgados, quedaron absueltos o indultados. El artículo también daba cuenta de cómo estos policías ocupaban altos cargos en la actualidad o seguían en servicio. Uno de los casos era el de Sebastián Trapote que en 1974 mató a un hombre que estaba siendo detenido. En 1983 hay una sentencia del Tribunal Supremo de Barcelona que dice que no se le puede condenar por acogerse a los indultos generales de 1975 y 1977, unos indultos generales.
– ¿Pero en qué se sustenta su denuncia?
Dicen que como no hubo condena tampoco indulto. Condena claro que no hubo. La viuda de este hombre estuvo años luchando por un reconocimiento, y finalmente consiguió una indemnización del Ministerio de interior nueve años después. Igual que otros muchos casos de torturas o asesinatos sobre los que se tiró tierra, en este tampoco llegó a haber ni una condena. ¿Cómo iba a haber condenas por parte de tribunales franquistas? ¿O de los tribunales nacidos de la Transición, que era la continuidad del sistema judicial franquista con los mismos jueces?
– Esta denuncia está en el contexto de una gran ofensiva contra la libertad de expresión…
Claro, es lo que te decía cuando hemos empezado: “mañana puedes ser tú”. Mi caso es parte de la cruzada general contra la libertad de expresión, de prensa y manifestación que hay en todo el Estado español. Son centenares las causas abiertas contra twitteros, raperos, sindicalistas, activistas… por no hablar de todos los presos políticos.
– Y en este caso la denuncia viene directamente de una autoridad policial.
Sí, esta denuncia en concreto creo que va en la línea de intentar blindar a los aparatos estatales, como en este caso es la Policía Nacional. No creo que sea una denuncia aislada. Hay que enmarcarla en las que están llegando por concentraciones contra el gran despliegue policial que se puso en marcha en septiembre aquí en Catalunya, me refiero a la presencia de miles de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional antes y después del 1 de octubre. Por ejemplo, está la denuncia por delito de odio contra Olga Ricomà por colgar una pancarta en su balcón que ponía “Police Go Home”. Esto pasó en Tarragona que fue uno de los puntos donde más efectivos de la Guardia Civil habían enviado para reprimir el 1-O y las movilizaciones de antes y después.
En mi caso, además, al que se quiere blindar es al jefe de la Policía Nacional en Catalunya, uno de sus responsables directos de todo aquel despliegue. Con esta denuncia lo que nos están diciendo es que no hablemos del pasado de policías en activo, que en este caso se relaciona con el final de la dictadura franquista. Sin embargo, es algo que no se puede ocultar más tiempo, cae por su propio peso. Los casos a los que me refería en mi artículo eran casos que están publicados en varios medios, algunos hace años y otros días antes del mío o incluso después. Esto está publicado en El Confidencial, en el País, en el Periódico de Catalunya, en reportajes de Interviú de esa época y en investigaciones recientes de historiadores.
– Tu eres historiadora, y tu artículo se refería a varios casos ocurridos en la época de la transición. Hay que hablar de la continuidad del régimen con el franquismo, ¿no?
No es ningún secreto que muchos de los que estaban en el bando franquista durante la guerra civil tuvieron puestos en las instituciones franquistas. Ni que la tortura fue un arma de la dictadura para conseguir información, para intentar doblegar a sus oponentes políticos, a parte de una práctica común y extendida en sus cuerpos policiales. Tampoco, que hay muchos casos que todavía no se han esclarecido de asesinatos relacionados con la policía franquista, como el de Enrique Ruano o los obreros de Vitoria por decir algún caso concreto. Ni que hay una ley, la Ley de Amnistía del 77, que prohíbe juzgar cualquier hecho violento cometido por un funcionario policial con fecha anterior a dicho texto legal.
Es por ello por lo que durante años se ha obstaculizado la investigación de crímenes de la guerra civil y el franquismo, que seguimos teniendo miles de muertos en las cunetas mientras se invierte en repatriar los cuerpos de la División Azul, y que las leyes de indultos y amnistías acabaron suponiendo un “punto final” a que se juzgaran estos casos.
Pero tampoco podemos caer es en la idea errónea de que la impunidad policial es cosa del pasado, de la época franquista. Ahora se les siguen amontonando los casos de torturas y malos tratos impunes, denunciados por organismos como Amnistía Internacional.
– Hemos puesto en marcha una campaña de denuncia contra este nuevo ataque a la libertad de prensa ¿Podrías explicar en qué consiste y cómo crees que se debería encarar la lucha contra esta escalada represiva?
Lo primero que hicimos fue hacer pública la denuncia y tuvo mucha repercusión en las redes. Nos llegaron muchos mensajes de solidaridad, de otros medios de izquierda, periodistas, intelectuales, profesores, sindicalistas… tanto del Estado español como de otros países de Europa, América Latina y hasta de Estados Unidos. También muchas activistas del movimiento de mujeres o entidades vinculadas a la lucha por la memoria y los derechos humanos. Estamos moviendo un pronunciamiento que lleva ya centenares de firmas de personalidades y organizaciones políticas, sociales y sindicales.
Además, varios medios alternativos decidieron colgar al día siguiente la noticia por la que me denuncian y lanzaron una campaña bajo el hashtag #AmordazanALaPrensa para denunciar que no es un caso aislado, que está enmarcado en una ola represiva y de persecución a la libertad de expresión. Eso es valiente y lo agradecemos.
– ¿Y cómo la seguimos?
La clave para nosotros pasa por unir fuerzas y coordinarnos con el resto de los casos de este tipo que hay en Catalunya y todo el Estado español. Somos parte de la plataforma 3 de octubre en Barcelona y otras plataformas de coordinación antirrepresivas. Creemos que debemos poner en pie un gran movimiento en todo el Estado. Hay quienes vieron, y aún ven incluso, con ilusión el cambio de gobierno y la llegada de Pedro Sánchez, pero el nombramiento de Marlaska como ministro del Interior creo que confirma que la mano dura va a seguir si no la paramos. Para conseguir la libertad de los presos políticos, la derogación de la Ley Mordaza y todas las leyes liberticidas, lograr el desprocesamiento de todas las causas contra la libertad de expresión y manifestación y poner fin a esta escalada solo podemos confiar en una gran movilización social.
Fotos de portada e interiores: Izquierda Diario.
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