SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 23 de septiembre de 2019
Sin representación alguna del Ejército, el Estado mexicano pidió disculpas públicas este día a Martha Alicia Camacho Loaiza, ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, por las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en su contra por policías de Sinaloa, agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad y, principalmente, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hace 42 años, durante el periodo de la Guerra Sucia.
Martha Camacho dijo que el evento oficial es una luz, una esperanza y un punto de partida para que las puertas se abran para otras familias y colectivos. Es un primer logro que no debe quedar en una disculpa, porque hay que seguir avanzando. Y añadió: «Lamento mucho que no esté la Sedena, ya que perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época. Reconocerlo sería avanzar en el fortalecimiento de su institución. Qué lamentable, debieran estar aquí, porque fue justamente al interior de las instalaciones de la IX Zona Militar en Culiacán, Sinaloa, donde se cometieron estas atrocidades que van más allá de la comprensión humana».
En el contexto de la política represiva del gobierno de la República contra organizaciones políticas disidentes por medio de graves violaciones a los derechos humanos, Martha Alicia Camacho Loaiza y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fueron detenidos el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la DFS.
Martha fue torturada durante 49 días en esas instalaciones militares, obligada a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo -cuyo cuerpo fue mutilado y finalmente desaparecido- y a dar a luz en condiciones infrahumanas. Recuperó su libertad tras el pago de un rescate por parte de su familia y se convirtió en una de las pocas sobrevivientes de estos hechos.
En el evento oficial realizado en el Centro Cultural Tlatelolco, en presencia de funcionarios federales y del estado de Sinaloa, Martha Camacho dijo que para ella fue muy importante el acto por la visión de responsabilidad, «porque implica reconocer lo que viví y que las autoridades asuman su obligación.
«Lo que me sucedió fue un infierno que como mujer se vive peor. Aún con la violencia que ejercieron en mi persona, mi dignidad prevaleció. No me cortaron las balas, me tuve que levantar y permanecer de pie con orgullo, igual que las palmeras después de la tormenta. Lo que me ha impulsado todos estos años es la búsqueda de la justicia y verdad.
«Ahora el Estado reconoce su responsabilidad. Con más ganas, con más fuerza voy a seguir pidiendo justicia. No podemos olvidar que hoy nos acompañan espiritualmente las madres que se nos adelantaron dejándonos la estafeta, que su memoria y lucha nos siguen acompañando y dando fuerza. Esta disculpa la debió recibir también quien fuera mi esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, que me fue arrebatado por los militares. En memoria de él y de tantas y tantos que hoy nos faltan, que sepan que no los olvidamos, que sepan que mientras yo esté viva no estarán muertos.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que este acto debe significar un alto en una historia donde desafortunadamente no hemos sido capaces de crear las condiciones de entendimiento y de rencuentro en nuestro país.
Este reconocimiento, añadió, se da en una coyuntura de debate político sobre uno de los periodos más oscuros de la vida de nuestro país. Aquellos años 60, años 70 que se conocieron como la Guerra Sucia y que deben obligarnos no sólo a hacer una reflexión profunda sino también a rescribir nuestra propia historia, asumiendo las responsabilidades que desde distintos ámbitos se enfrentaron, en momentos de un Estado autoritario donde predominaban el principio de autoridad y la razón de Estado por encima de las libertades y los derechos de las personas con el uso arbitrario de la ley. Y si bien el Estado tiene la obligación de juzgar a quienes cometieron ilícitos, esto debe hacer en el marco del respeto a los derechos de todas las personas y no a través de la desaparición forzada, la tortura, la ejecución extrajudicial o el encarcelamiento arbitrario.
Al pedir las disculpas públicas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el acto sirve para dar cumplimiento a las medidas de reparación derivadas de los lamentables hechos de tortura de los que fueron víctimas la señora Martha Alicia Camacho Loaiza, su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho y su esposo Miguel Alapizco Lizárraga, quien producto de estos hechos fue privado de la vida por miembros del Ejército mexicano.
«Tras 42 años de los hechos, la señora Martha Alicia Camacho Loaiza y su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho no han descansado en lucha por el acceso a la justicia y la verdad sobre lo que les ocurrió a ellos de manera directa, así como en la búsqueda de justicia y verdad para dar con el paradero del cuerpo de su esposo y padre, respectivamente.
«Es importante mencionar que se observaron en este proceso omisiones importantes y falta de diligencia por parte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, de la entonces Procuraduría General de la República, pues el 7 de febrero de 2013 se les notificó el no ejercicio de la acción penal al determinar la prescripción de los delitos de allanamiento de morada y privación ilegal de la libertad.
«Lo anterior quedó evidenciado en el amparo en revisión 209/2014 resuelto por el IV Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien determinó que estas conductas, en realidad, constituyen los medios comisivos para el delito de tortura, por lo cual, sostuvo, se realizará una investigación diligente y efectiva para esclarecer la verdad de los hechos».
La secretaria recordó que aquel 19 de agosto de 1977 Martha Alicia Camacho y su esposo Miguel Alapizco fueron detenidos fueron detenidos con violencia por elementos de la Policía Judicial del estado de Sinaloa y agentes de la entonces Dirección Federal de Seguridad, «que integraban la llamada Brigada Blanca o Brigada Especial». Trasladados a la IX Zona Militar, Miguel Alapizco «fue torturado y ejecutado extrajudicialmente sin que su cuerpo fuera restituido a sus familiares o a la autoridad competente; donde también Martha Alicia Camacho Loaiza fue también torturada, desaparecida por un lapso de 49 días en los que se le trasladó, por lo menos, a dos casas de seguridad y donde dio a luz a su hijo bajo condiciones precarias de salubridad y realizando prácticas médicas, que por la naturaleza de su implementación, podrían constituir actos de violencia obstétrica.
«Asimismo, su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho fue sometido a actos de tortura desde los primeros instantes de su vida, lo cual resulta uno de los agravios más lacerantes de los que una persona y una familia pudieron dar cuenta en su calidad de sobrevivientes».
En el acto también estuvieron presentes, además, Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, organización civil que ha acompañado el caso de Martha Camacho; y un representante del gobierno de Sinaloa.
Fotos de portada e interiores: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
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