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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 19 de diciembre de 2016
Luego de que los medios mexicanos Aristegui Noticias, Proceso y Reforma y el diario estadounidense The New York Times dieron a conocer que el gobierno mexicano se niega a reconocer el informe Acuerdo de Conclusión, que revela que varios funcionarios que participaron en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa violaron la ley, cerca de un centenar de organizaciones civiles exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) «concluir con transparencia y exhaustividad la investigación interna», toda vez que «hasta ahora el proyecto de resolución ha sido retenido y obstaculizado». Y advierten que la omisión de la PGR «abona a que prevalezca una teoría de caso basada en pruebas ilícitas».
- Raúl Cervantes Andrade, procurador General de la República. | Foto: Cuartoscuro.
En un comunicado conjunto, las organizaciones consideran que el contenido del informe «que se ha hecho público, por sus alcances, es hoy un parámetro insoslayable para medir la exhaustividad de la determinación que deberá notificar a las familias de los normalistas la Visitaduría General. Dada la gravedad de las irregularidades detectadas, representa además un referente adecuado para evaluar la autonomía de la Visitaduría e incluso el compromiso de la actual PGR para actuar con independencia, lo que resulta crucial en el tránsito hacia la Fiscalía General de la República».
Además, en su penúltimo párrafo advierten que una resolución que no esté a la altura del caso y que diluya los señalamientos del proyecto que se ha hecho público será un pésimo precedente en la agenda de fortalecimiento a la rendición de cuentas y combate a la impunidad.
Líneas antes, recuerdan que las recientes revelaciones de los medios de comunicación mencionados dan cuenta de la existencia de un proyecto de resolución de la Visitaduría General de la PGR que documenta «graves irregularidades que comprometerían la legalidad y la certeza de la investigación del caso Ayotzinapa, incluyendo el derecho a la verdad de las víctimas».
De acuerdo con esta información, añade el comunicado, «entre los hallazgos de la investigación interna se encuentran graves irregularidades en la detención de seis de los detenidos en cuyas declaraciones se ha basado principalmente la teoría del caso sostenida hasta hoy por la PGR. Asimismo, la investigación determinó, entre otras cosas, la violación al derecho a la verdad por el ocultamiento de actuaciones realizadas en el Río San Juan que no fueron formalizadas en el expediente y que habrían repercutido en la posible manipulación y/o contaminación de evidencia».
- Foto: Armando Monroy / Cuartoscuro.
Esto último en referencia al entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien en un video -del 28 de octubre de 2014- presentado en abril de este año por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH aparece acompañado por uno de los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas. A Zerón de Lucio se le ve en ese río, donde de acuerdo a la «verdad histórica» de la PGR, construida por el propio funcionario, sicarios de la banda Guerreros Unidos arrojaron los restos calcinados de los jóvenes estudiantes.
Por ello, en su comunicado las organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que el proyecto de resolución dado a conocer, es decir, el informe interno de la PGR sobre la investigación del caso Ayotzinapa, «indica que estas irregularidades deberían traducirse en responsabilidades administrativas y penales de diversos funcionarios.
«La omisión de la PGR en concluir la investigación, notificarla a los familiares, y sancionar a los funcionarios responsables, pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales. Lo que es más grave aún: esta omisión representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría de caso basada en pruebas ilícitas.
«La PGR no ha negado la existencia del referido documento y ha señalado que éste continúa siendo analizado. Hay que recordar, sin embargo, que dado que la PGR incumplió su compromiso de entregar los resultados de esta investigación interna el 18 de agosto de este año a las familias», las mismas «se vieron obligadas a levantarse de la mesa de diálogo por ello. Es preciso recordar también que uno de los funcionarios señalados como responsable de las irregularidades fue separado de la PGR para inmediatamente ser nombrado en un alto cargo federal de seguridad nacional dependiente del Presidente de la República».
- Foto: Saúl López / Cuartoscuro.
Señalan también que, «estando a prueba la probidad de la Visitaduría General y de la propia PGR frente a la invesetigación interna», demandan total transparencia y respeto a los derechos de las víctimas del caso Ayotzinapa en la emisión de la resolución con que deberá concluir, en breve, la citada investigación interna.
Las organizaciones que firman el comunicado son Artículo 19, Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro Nacional De Comunicación Social, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundación para el Debido Proceso Legal, Fundem/Fuundec, Fray Juan de Larios, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Instituto de Justicia Procesal Penal, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos-WOLA, Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, Dejemos de Hacernos Pendejos, Servicios y Asesoría para la Paz, R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que integra a 80 organizaciones de 21 estados de la República.
Foto de portada: Saúl López / Cuartoscuro.
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