SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 22 de agosto de 2016
La Red Veracruzana por el Derecho a Decidir publicó una carta-petición para exigirle a la Secretaría de Gobernación poner un alto a la intromisión de la Iglesia católica en los asuntos del Estado, toda vez que por principio constitucional México es laico y eso «quiere decir que en nuestro país existe libertad de creencia; que ninguna religión está por encima de otra y que debe haber una clara separación de poderes entre la iglesia y el Estado».
No obstante el mandato constitucional, asegura la Red, «la alta jerarquía católica, ha demostrado ser uno de los grupos que se manejan al margen de la ley, al entrometerse en los asuntos que le competen sólo al Estado». Por ejemplo, «impulsó de leyes a modo» que atentan contra los derechos humanos de las mujeres, de los grupos LGBTTTI y de quienes no se ajusten a lo que ellos consideran que debe ser.
«El discurso de odio sobre las mujeres y otros colectivos que proviene de sus oficiantes se ha vuelto cotidiano en toda la República», lo cual abona «al clima de violencia y fractura social que de por sí ya vivimos. Su presencia en los espacios de la promulgación y votación de las reformas a los marcos jurídicos para ‘proteger la vida desde el momento de la concepción’ son manifestaciones claras del contubernio con funcionarios públicos, quienes sin oponer ningún tipo de resistencia legal se rinden ante las presiones y participan de negociaciones con la jerarquía católica sin pudor alguno».
Por este motivo, añade la organización feminista, «exigimos que la Secretaría de Gobernación ponga un alto a la intromisión de la Iglesia en los asuntos del Estado, ya que de esa manera se vulnera el principio de laicidad, se propicia un ambiente de discriminación y se violenta el Estado de Derecho».
Apenas en julio pasado el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, llegó incluso a movilizar en las calles a católicos en apoyo de la reforma al artículo 4 de la Constitución de Veracruz para proteger la vida «desde el momento de la concepción», la que finalmente fue aprobada en segunda vuelta por los legisladores locales en Congreso del Estado que se vio inundado de manifestaciones. Finalmente, la determinación de los diputados fue avalada por 137 municipios.
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