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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 10 de diciembre de 2019
- Gobierno de Rutilio Escandón omiso ante situación de riesgo a quienes defienden derechos humanos en Chiapas, dice Frayba.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresó su preocupación por el alto riesgo a la vida, la integridad y seguridad personal de quienes conforman el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha1 y el equipo Frayba, quienes han recibido desde noviembre y lo que va de diciembre «amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento e intimidación», en el contexto de la lucha por la libertad de presos de pueblos originarios, en particular del indígena tsoltsil Juan de la Cruz Ruiz.
Las amenazas, relata Frayba, comenzaron el 12 de noviembre de 2019 cuando, aproximadamente a las 22:00 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre al interior del domicilio de una defensora del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. El sobre contenía un mensaje con recortes de periódico que decía: «Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda (por seguridad se omite el nombre de la defensora) está en peligro de muerte, la vida es muy corta la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala trata de salvar su vida». Faro es el apellido del director del Frayba, Pedro de Jesús Faro Navarro.
El 19 de noviembre, a las 8:25 horas, se descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje en donde escribieron su nombre «al parecer con sangre». Esa misma noche, a las 21:00 horas, se encontró una publicidad relacionada con una funeraria, en la casa de un integrante del Frayba. Cabe decir que en ninguna de las casas vecinas dejaron este anuncio.
«A raíz de estas amenazas hemos documentado una mayor vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan. A la fecha, no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano», añadió Frayba.
En este sentido, informó que la defensora interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por las amenazas y Frayba llevó a cabo diversas intervenciones escritas ante autoridades estatales y federales. «Sin embargo, la garantía y protección no sea hecho efectiva de parte del Estado mexicano, minimizado la situación de riesgo que por las circunstancias valoramos que vienen de agentes del propio Estado».
Sostsuvo, además, que a un año de gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas persiste la omisión, la indiferencia y la nula respuesta hacia la situación de los derechos humanos, con el resultado de la obstrucción hacia la reivindicación de justicia y discriminación para las personas de pueblos originarios.
Exigió a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón el cese de las amenazas de muerte, la vigilancia, intimidación y hostigamiento hacia quienes integran el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha y del Frayba, así como de sus redes de solidaridad; garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las defensoras y defensores mencionados, así como de los presos que se organizan en La Voz de Indígenas en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate y Viniketik en Resistencia; e implementar medidas inmediatas para obtener la libertad de Juan de la Cruz Ruiz, Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez quienes se encuentran privados arbitrariamente de su libertad y a quienes el Estado mexicano les ha violado sus derechos humanos.
Doce años, nueve meses y cuatro días
Respecto Juan de la Cruz Ruiz, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que reúne a 87 organizaciones civiles de 23 estados del país, informó que este 4 de diciembre interpuso un amparo indirecto para solicitar la protección de la justicia federal en contra de 13 autoridades del gobierno de Chiapas «responsables de vulneraciones a sus derechos humanos».
El Frayba entregó la solicitud de amparo en el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez. En el documento se reclama que aun cuando existe una recomendación de libertad con sentencia suspendida del 11 de febrero de 2016, expedida por la Mesa de Reconciliación, Juan de la Cruz permanece preso injustamente en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 5 de San Cristóbal de las Casas.
El oficio se encuentra en el cuadernillo 387/MR/2012 y está firmado por Rutilio Escandón Cadenas, en ese entonces magistrado presidente del Tribunal de Justicia, y Juan Oscar Trinidad Palacios, ahora expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros integrantes de la Mesa de Reconciliación.
Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas. | Foto: Facebook Rutilio Escandón Cadenas.
La recomendación fue enviada para su trámite a la Subsecretaría de Ejecuciones y Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, que desde el 12 de febrero de 2016 recibió y debió expedir la boleta de libertad de Juan de la Cruz. El Frayba conoció esta exhortación el 19 de noviembre de este año y lo notificó a las autoridades correspondiente, entre ellas a la Subsecretaría de Gobierno y al gobernador Rutilio Escandón, con la solicitud de proceder inmediatamente a la liberación del indígena tsotsil.
Sin embargo, «han pasado tres años y casi diez meses desde que la omisión de las autoridades del gobierno de Chiapas incrementó la discriminación y falta de justicia a Juan y su familia. En total son 12 años, nueve meses y cuatro días en prisión pagando un delito que no cometió. El Frayba ha documentaado que el 28 de febrero de 2007, Juan fue privado arbitrariamente de su libertad y fue torturado por policías ministeriales. Desde entonces es víctima de diversas violaciones al proceso legal».
Imagen de portada: Aspecto de la conferencia de prensa en la que se denunciaron las amenazaas contra una defensora y el equipo del Frayba. | Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
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