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Edgar Cortez
Miércoles 11 de diciembre de 2019
La relación cívico militar es una relación difícil y en permanente tensión en las democracias. México no es la excepción.
En una democracia los militares siempre deben estar sujetos al poder civil, sin embargo desde mediados de la noventa en México esta ecuación ha estado en riesgo de invertirse para que los militares estén por encima de los civiles.
Uno de los primeros intentos fue identificar seguridad pública y seguridad nacional para hacer que los militares participaran en tareas de seguridad pública, esto durante la década de los noventa luego del levantamiento indígena en Chiapas.
En 2004 se reformó la constitución para incorporar el concepto de seguridad nacional y dio lugar a que en 2005 se discutiera la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional para regular dicho concepto. En esa ocasión se excluyó en dicha ley un capítulo que intentó meter a las Fuerzas Armadas en las tareas der seguridad mediante un capítulo sobre ley de seguridad interior.
Luego, durante la etapa final del gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2017, volvió a resurgir la exigencia de una ley de seguridad interior con el pósito de ofrecer certeza a las Fuerzas Armadas con respecto a las tareas de seguridad que venían realizando ya de años atrás.
Durante 2018 se desarrolló una intensa polémica al respecto donde las organizaciones civiles de derechos humanos y de una parte de la ciudadanía se expresó a través del Colectivo #SeguridaSinGuerra (https://www.seguridadsinguerra.org/). Aunque la Ley de Seguridad Interior fue aprobada, gracias a la interposición de acciones de inconstitucional, dicha ley fue declarada como inconstitucional por la Suprema Corte.
El siguiente paso fue dado por el gobierno del Presidente López Obrador quien presentó la iniciativa para crear la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad formalmente civil pero que en los hechos es netamente militar. A esta decisión le han seguido otras como que SEDENA sea quien construye el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, lo que significa que el Ejército ya no sólo tiene encomendada la seguridad sino que además tiene grandes negocios como constructora.
Luego la semana pasada el Presiente López Obrador anunció que están considerando que sea SEDENA quien construya 13 mil sucursales del Banco de Bienestar.
Casi de manera simultánea se informó que una fracción de MORENA en el Congreso está proponiendo una iniciativa para que sea la Secretaría de Marina quien controle todo lo referente los puertos y la Marina Mercante, quitando dicha facultad a la autoridad civil que en este caso sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Aún falta saber qué sucederá exactamente con esta última propuesta de modificación a la ley.
Lo que está claro es que las Fuerzas Armadas, Secretaría de la Defensa y Secretaría de Marina son quienes a pasos agigantados ganan enorme peso en las tareas de seguridad y también como un actor económico.
López Obrador ha dicho que confía en estas instituciones pues son honestas. Sin embargo varias investigaciones periodísticas señalan lo contrario.
Foto de portada: Presidencia de la República.
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