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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 24 de abril de 2016
Al presentar su último informe sobre su coadyuvancia en las investigaciones sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó su conclusión de que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula y sostuvo que las autoridades mexicanas obstruyeron su trabajo, rechazaron siempre que se entrevistara a militares, ocultaron diligencias ministeriales, manipularon evidencias, protegieron a oficiales sospechosos de haber participado en la desaparición y torturaron a presuntos responsables del secuestro de los normalistas.
La exposicíón presentada por los cinco integrantes del GIEI (Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox, Claudio Beristáin y Alejandro Valencia) concluyó entre agradecimientos, lágrimas de los padres y madres y gritos para que no se vayan, y el compromiso de James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de tomar en cuenta la petición de los familiares para que sea el grupo el que monitoree los avances de las investigaciones que ahora quedarán a cargo del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien no envió a ningún representante a la presentación del informe.
En un evento que se prolongó durante más de tres horas, los integrantes del GIEI mostraron un video del 28 de octubre de 2014 en el que se ve al director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, en una diligencia realizada en el Río San Juan para la recolección de restos óseos que no consta en el expediente, pruebas de las que se desconoce su destino.
Ángela Buitrago afirmó que «se trató de un ataque masivo e indiscriminado contra la población civil, sin que hasta el momento exista ninguna explicación de la PGR» y que la existencia del quinto autobús «es una hipótesis investigativa que podría justificar» dicha agresión. Es una «línea que no está ni puede ser cerrada», pues además de que es el único vehículo que las policías dejaron salir de la zona, se trata de un elemento clave que podría llevar a la comprobación de que la agresión está relacionada con el tráfico de drogas de Iguala a Chicago, Estados Unidos.
En ese sentido, los expertos aseguraron que en la perpetración del atentado existió una «perfecta coordinación» de las distintas corporaciones policíacas, incluido el Ejército, con miembros del crimen organizado para montar un «círculo de control» de 80 kilómetros, de Iguala a Chilpancingo, para evitar la salida de los autobuses en que se trasladaban los normalistas.
También confirmaron la participación de policías muncipales de Huitzuco y de Iguala, estatales, de elementos de la Policía Federal en cinco vehículos de esa corporación y de soldados. Todos con distintas participaciones en distintos momentos de los hechos, de lo cual se puede concluir que cada una de las corporaciones y el Ejército mexicano estuvieron siempre al tanto de lo que ocurría.
En cuanto al tema de tortura, dijeron que hay señales claras en al menos 17 personas detenidas fueron sometidas a esa práctica. Las constancias médicas correspondientes fueron analizadas por el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, que encontró elementos para afirmar que «en todos los casos hay indicios significativos de que fueron víctimas de malos tratos y tortura».
El GIEI destacó que siete teléfonos celulares de lo jóvenes desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 continuaron en funcionamento horas y días después de aquellas fechas. Por ejemplo, el de Jorge Anibal Cruz Mendoza que siguió en servicio hasta meses después y que fue del que, aquella noche, salió un mensaje dirigido a su madre pidiéndole que le pusiera saldo. Nada de esto ha sido investigado de manera pormenorizada por la PGR.
El Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, concluye que como saldo preliminar, porque no lograron concluir su tarea, del caso Iguala hay hasta el momento 180 victimas directas y 700 indirectas. Pero sobre todo, que las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas no se ajustan a los estándares internacionales.
Un golpe más
En tanto, al término de la presentación de los integrantes del GIEI, la organización Amnistía Internacional México emitió un pronunciamiento en el que considera que el «demoledor» informe «revela la determinación gubernamental para esconder esta tragedia» y «representa una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del gobierno mexicano».
“La determinación absoluta del gobierno mexicano de esconder la tragedia de Ayotzinapa debajo de la alfombra parece no tener límites”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, cita esa organización en su página de internet. Y añade que «al negarse a dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación, manipular evidencia, no proteger ni apoyar a las familias de los estudiantes, negar el pedido de extender el mandato del GIEI y no haber estado en la presentación hoy, las autoridades mexicanas están enviando el peligroso mensaje (de) que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto”.
En el mismo sentido, Joy Olson, directora de WOLA (Advocacy for Human Rights in The Americas), sostuvo que «el gobierno mexicano obstruyó la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos» y que, conforme a lo que se desprende del informe del GIEI, «está claro» que la administración de Enrique Peña Nieto «apostaba por confirmar su propia versión de los hechos, la cual carece de sustento y ha sido desacreditada». «Lo que México presentó como la ‘verdad histórica’ cada vez se asemeja más a un ‘encubrimiento histórico'».
Hizo énfasis en que el mal manejo del gobierno mexicano en el caso provocó meses de protestas en todo el país y presión internacional, y que el grupo de expertos logró avances importantes pero enfrentaron «constantes ataques públicos con el objetivo de desacreditar su trabajo previo, y a ellos mismos en forma personal. Estos intentos de difamación han incluido la intervención ilegal de conversaciones telefónicas entre los abogados del Centro Prodh y Tlachinollan y familiares de los estudiantes. WOLA continúa preocupada por los intentos de desacreditar y criminalizar a los defensores de derechos humanos en México».
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