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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 29 de junio de 2017
- Demandaron que todos los involucrados en la compra y manejo de sofware para intervenir comunicaciones sean llamados a declarar
Ante la filtración a algunos medios del contrato que comprueba que la Procuraduría General de la República (PGR) adquirió el sofware Pegasus para presuntamente espiar a activistas, defensores de derechos humanos y periodista, las organizaciones civiles que elaboraron el Informe #GobiernoEspía exigieron transparentar todas las adquisiciones de herramientas de espionaje del gobierno federal y que las investigaciones del caso sean realizadas por un panel de expertos independientes, con la participación de mecanismos de derechos humanos.

Imagen: Centro Prodh.
«Es indispensable que los funcionarios de la PGR que firmaron los documentos que se han hecho públicos, así como aquellos que fungieron como sus superiores jerárquicos en esas fechas, sean llamados a declarar para que aclaren el uso que dieron al malware Pegasus. Estas declaraciones deben hacerse ante la presencia del Panel de Expertos y Expertas Independientes pues de realizarse sólo por FEADLE antes de que se incorpore esa garantía extraordinaria de independencia, no habrían condiciones para que dichas diligencias se conduzcan con autonomía real», sostuvieron.
La periodista Denisse Maerker, la noche del miércoles, y hoy el diario Milenio hicieron público el contrato mediante el cual la PGR adquirió el spyware NSO Pegasus a la empresa Techbull S.A. de C.V., por un monto de 32 millones de dólares. Un sofware con capacidad de intervenir las comunicaciones de 500 objetivos al mismo tiempo y que estuvo a cargo de Christian Noé Martínez, jefe de la oficina de Arely Gómez, en los tiempos en que la hoy secretaria de la Función Pública se desempeñaba como titular de PGR. Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, fue quien firmó el contrato de compra.

Presentación del Informe #GobiernoEspía en el Senado de la República el miércoles 28 de junio. | Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro.
Hoy, a horas de que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que también se intentó espiar a tres militantes del PAN, las organizaciones Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), SocialTic, Red3d, Artículo 19, El Poder del Consumidor, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad emitieron un comunicado conjunto en el que señalan que las diligencias y medidas anunciadas «unilateralmente» por la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la PGR, «no constituyen garantías de independencia adicionales».
Explican que el contrato dado a conocer comprueba que la PGR adquirió y cuenta con el spyware Pegasus, de modo que «se confirma la necesidad de investigar y aclarar los procesos de contratación y el uso que la institución dio al malware adquirido»; y ya que es la propia PGR la que está a cargo de la investigación por el espionaje a periodistas y activistas, «se hace más relevante la necesidad de generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un Panel de Expertos y Expertas Independientes».

Imagen: Centro Prodh.
Se pronunciaron a favor de que se hagan públicos todos los contratos y documentos relacionados con la compra de tecnología de espionaje realizados con proveedores similares a NSO Group, y no sólo por parte de la PGR sino por otras dependencias del gobierno federal puesto que la «filtración anónima» a algunos medios de comunicación «no subsume ese deber elemental de rendición de cuentas a cargo de la Presidencia de la República, hasta hoy ignorado. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales debe ejercer proactivamente sus facultades en este rubro».
Foto de portada: Moisés Pablo / Cuartoscuro.
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