Tlatlaya: tres años de impunidad; investigación, sin avances

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 29 de junio de 2017

 

Este viernes 30 de junio se cumplen «tres años de impunidad» de la ejecución extrajudicial de entre ocho y 12 personas en Tlatlaya, Estado de México, y hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) no ha hecho lo necesario para esclarecer el número real de víctimas, la alteración de la escena del crimen ni el encubrimiento, y ha evitado llamar a cuentas a los responsables de dar la orden de abatir a delincuentes en horas de la impunidad.

Así lo denunciaron más de cien organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas, quienes informaron que por todo ello la testigo y sobreviviente de los hechos, Clara Gómez González interpuso una demanda de amparo (expediente 545/2017) por la falta de debida diligencia de la PGR para resolver el caso.

«Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente las cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas en el marco de la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’. La impunidad con la que se ha cubierto éste y otros episodios nos indica que dar mayores facultades a los elementos militares para intervenir en seguridad pública es un camino que solamente profundizará la grave crisis de derechos humanos que padecemos los mexicanos».

En este sentido, alertaron a través de un comunicado sobre lo que «podría suceder de prosperar los intentos por aprobar una Ley de Seguridad Interior que le dé mayores facultades a las Fuerzas Armadas para operar en seguridad pública, una tarea reservada a civiles y contraria a la formación de marinos y militares, como han reconocido sus propios mandos y como lo demuestran los recientes hechos en Palmarito, Puebla».

Recordaron que desde el principio, cuando se conoció la masacre de Tlatlaya, las autoridades sostuvieron la versión de que los civiles murieron durante un enfrentamiento con elementos del 102 Batallón de Infantería, hasta que el testimonio de una de las testigos y las pruebas recabadas por periodistas revelaron que «la mayoría de los 22 fallecimientos se dio tras haberse rendido los civiles y que las autoridades encubrieron lo sucedido, además de coaccionar a las testigos para callar lo que presenciaron.

Señalaron que pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51/2014 en que la «privación arbitraria de la vida en contra de los civiles, el deficiente trabajo de la PGR y la condescendencia del Poder Judicial de la Federación han provocado que al día de hoy no haya nadie rindiendo cuentas por este delito».

Entre las omisiones más relevantes del caso destacan que hasta el momento no se ha esclarecido el número real de víctimas; que los tres soldados acusados de homicidio calificado fueron liberados por el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Distrito al considerar que se requerían más pruebas para acreditar su responsabilidad, sin que hasta ahora la PGR haya hecho esfuerzos por perfeccionar la indagatoria; yque no se ha esclarecido ni se han deslindado las responsabilidades correspondientes por la alteración de la escena del crimen, respecto de la cual la CNDH sostuvo que ocurrió «al grado tal que algunos cadáveres fueron removidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos», y la defensa de Clara Gómez «identificó 19 alteraciones en los cuerpos de las víctimas al cotejar las fotografías contenidas en el expediente de la causa penal militar 338/2014 (…) y las que se encuentran en el expediente de la CNDH».

Sobre todo, afirman, la PGR no ha llevado a cabo acciones «para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de la oscuridad, revelada por el Centro Prodh hace ya dos años. «Orden militar que incentiva la comisión de graves violaciones a los derechos humanos», de la cual Clara Gómez y el Centro Prodh ofrecieron una serie de pruebas con el fin de deslindar responsabilidades, «con señalamientos concretos de qué funcionarios deberían citarse a declarar».

Sin embargo, 24 meses después «la PGR, dentro de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014, no ha llamado a declarar a los mandos relacionados con la Orden de Relevo citada, con excepción del Teniente Coronel de Infantería Sandro Díaz Rodríguez, quien afirmó que el documento es un ‘machote’ y que existen otras órdenes con las mismas instrucciones».

Así, las organizaciones y activistas insistieron en que «la falta de justicia a tres años de un hecho tan emblemático como la masacre de Tlatlaya es un anuncio de lo que podría incentivarse si las y los legisladores aprueban la Ley de Seguridad Interior, y es un llamado de atención hacia las fallas estructurales en la procuración e impartición de justicia en México, especialmente cuando están involucrados servidores públicos en la comisión de graves delitos».

Entre las agrupaciones denunciantes se encuentran Cauce Ciudadano, Causa en Común, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Instituto De Liderazgo Simone de Beauvoir, Enjambre Digital, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, además de los activistas Alberto Athié, Carlos Cruz Santiago, Carlos Brito, Catalina Pérez Correa, Jorge Javier Romero, José Antonio Guevara, Luis Fernando Fernández Ruiz y Mariclaire Acosta Urquidi.

 

Foto de portada: Saúl López / Cuartoscuro.