SOMOSMASS99
Agustín Ramírez Agundis*
Miércoles 27 de diciembre de 2017
Google ha generado múltiples aplicaciones tendientes a desarrollar un automóvil sin conductor. Entre aquéllas está ésa que la empresa denominó Google Maps. Son asombrosas las funciones que proporciona. De manera virtual se tiene la posibilidad de dar un paseo por casi cualquier ciudad del planeta. Puede ser a través de una visión panorámica, ya sea observando la escena como un mapa o como un paisaje, inclusive con relieve, o un recorrido a nivel de calle para observar todo con un campo visual de 360 grados, tal cual si fuéramos caminando por el lugar.
Una de las funciones de Google Maps más utilizadas es la de apoyarnos para trazar una ruta al momento de trasladarnos a un sitio público cuya ubicación y manera de llegar no conocemos. En tal caso, basta teclear la denominación del sitio y en unos cuantos segundos Google Maps mostrará una pantalla con los datos básicos del establecimiento y a un ladito un pequeño mapa de la zona donde está ubicado, para desde éste proporcionarnos distintas rutas que nos conducirán hasta allá, desde el lugar donde nos encontremos.
Es en esta función tan útil de Google Maps donde he detectado que en Celaya esa aplicación ha quedado obsoleta. Resulta que a través de un arduo y prolongado trabajo, esa empresa se dio a la tarea de recorrer una por una las calles de la gran mayoría de las ciudades del mundo, Celaya incluida, desde luego. De esta manera y con el auxilio de fotografías tomadas desde satélite y otros apoyos cartográficos, creó los mapas y rutas, mismos que tiene almacenados en potentes bases de datos que son consultadas cuando realizamos una búsqueda.
Ahora en Celaya, como seguramente está ocurriendo en otros lugares, estamos dando al traste con ese costoso trabajo y los valiosos recursos generados. A algunos colonos se les ocurrió la idea de protegerse de la delincuencia colocando rejas para impedir el tránsito de vehículos y personas por la calle donde viven. El ejemplo cundió y ahora existen colonias que se han vuelto un verdadero laberinto. Por lo cual, si uno sigue las rutas propuestas por Google realmente se está jugando un albur.
Baste un ejemplo para dar una idea de la situación. Con la intención de llegar al Templo de María Auxiliadora ubicado en la Colonia Arboledas, consulté el multicitado Google Maps. Apareció el mapa señalando que podría llegar por Monte Olimpo, Monte Albán, Monte Etna, Monte Vesubio, Monte Blanco y Monte Éverest. Iluso de mí, observando el mapa deduje que la ruta más corta era siguiendo Monte Olimpo. Por esa avenida me dirigí hasta llegar a Montes Balcanes, calle donde está el Templo. Y allí fue donde el famoso Google Maps simplemente falló. El acceso estaba obstruido por una de las rejas que abundan en esa colonia. No tuve más remedio que regresar y preguntar para enterarme que la única manera de llegar es por Monte Éverest, las demás vías están bloqueadas con las famosas rejas. Desandé el camino dando una vuelta de casi dos kilómetros para llegar al Templo en lugar de los 150 metros que me faltaban por la ruta fallida.
Allá Google, ahora tiene una nueva chamba, la de actualizar los mapas para incluir las rejas que día con día se van colocando. Para nosotros queda el tema de reflexión y para ello, respecto a esta medida, planteo estas interrogantes:
1) ¿Aumenta la habitabilidad de las colonias enclaustradas? 2) ¿Mejora o deteriora la habitabilidad de la ciudad en su conjunto? 3) ¿Ayuda a reconstruir el tejido social o contribuye a destruirlo? 4) ¿Atenta en contra de la libertad de tránsito que señala el Artículo 11 constitucional? 5) ¿Significa una privatización de un espacio de dominio público y, por lo tanto, es ilegal? 6) ¿Contribuye en realidad a reducir la inseguridad de las familias en todos los espacios en las que éstas se mueven? 7) ¿El que las autoridades autoricen o se hagan de la vista gorda ante esta situación representa que han renunciado a asumir la responsabilidad a la que el Artículo 21 constitucional [1] les obliga?
El asunto de la instalación de rejas en la vía pública, con la finalidad de proteger las viviendas debido a la grave situación en el terreno de la inseguridad, presenta diversas aristas. Es comprensible la preocupación de los ciudadanos ocasionada por los frecuentes robos y asaltos en las viviendas o en su proximidad cuya incidencia aumenta día a día, sin que las autoridades muestren tener la capacidad para enfrentar a la delincuencia con medidas efectivas. En este aspecto, en varios municipios las autoridades han llegado a la siguiente conclusión: quienes deciden cerrar su calle tienen razón al hacerlo, pero no tienen derecho, y resuelven autorizar de manera velada la colocación de las rejas sólo en caso de que todos quienes viven en la zona estén de acuerdo. A excepción, claro está, de aquellos casos en los que la vía en cuestión tenga un alto o mediano flujo vehicular.
Obviamente, está en juego el derecho de tránsito que es violentado por el bloqueo de vialidades que son, sin lugar a discusión, bienes de propiedad pública. Pero por el otro lado está el derecho a la seguridad y a la vida, sólo que bajo éste también pudieran ampararse quienes por vivir en vialidades muy transitadas no se les autoriza la colocación de rejas.
Otro aspecto, quizás sea el más importante, es el de los efectos que tiene el cierre de calles sobre el propio problema de la inseguridad. En este último sentido, abordo el cuestionamiento número 3 por la trascendencia que a mi parecer tiene. Por múltiples motivos, de manera destacada el de la desigualdad, el tejido social en México se ha venido destruyendo a lo largo de las últimas tres décadas y es la principal causa de los problemas que mayormente nos aquejan hoy día. Por lo tanto, cualquier intento de mejorar las cosas será ineficaz si carece de una estrategia enfocada en la recomposición de tal tejido.
El cierre de calles está profundizando la estratificación de la sociedad, y generando un mayor resentimiento entre diversos grupos. Está, por una parte, el grupo de quienes quieren y pueden cerrar su calle; luego el de los que quieren y no pueden debido a que viven en una vialidad secundaria o primaria; después el de quienes quieren hacerlo pero carecen de los recursos necesarios; y está, por último, el grupo formado por las personas propiamente segregadas, a quienes muy a la ligera se les identifica con los causantes de la delincuencia.
Al final del día, esta segregación de grupos mayoritarios de la población contribuye a destruir las condiciones necesarias para una convivencia social más o menos en armonía, como la que teníamos hasta la década de los noventa, y por lo tanto, se recrudece la inseguridad y la violencia.
¿Qué nos queda por hacer? A manera de discusión, vislumbro las siguientes cuatro tareas: a) promover cambios profundos en la política económica y social del gobierno con la finalidad de detener y revertir la profundización de la desigualdad en todos sus ámbitos; b) exigirle a la autoridad, en los tres niveles de gobierno, que cumpla con su responsabilidad de garantizar nuestra seguridad; c) impulsar formas de organización vecinales que permitan incidir en las decisiones gubernamentales a través de iniciativas elaboradas de manera colectiva; d) recuperar aquella cultura de genuina solidaridad en la que los intereses de la comunidad están por encima del interés individual.
[1] Art. 21 La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución (párrafo noveno).
* Esta es una colaboración del Colectivo Miguel Hidalgo de Celaya, Guanajuato, al que pertenece el autor.
Foto de portada: Pixabay.
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