SOMOSMASS99
Redacción SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 5 de abril de 2016
- La cancillería realizó una pobre actuación política y diplomática para apoyar a un mexicano que fue revictimizado: REMA y MAPDER
- De regreso a México, el activista lamenta que el asesinato de Bertha no va a ser el único. “Los defensores de la tierra están en total indefensión”
- Su condición actual es como testigo, no tiene por qué volver a Honduras: Édgar Cortés
A unos días de su regreso a México, en conferencia de prensa el ambientalista Gustavo Castro agradeció el apoyo internacional para lograr su salida de Honduras. Advirtió del estado de total indefensión en que se encuentra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que coordinaba Berta Cáceres, la luchadora social asesinada el mes pasado.
El coordinador de Otros Mundos Chiapas, retenido en Honduras por casi un mes de manera ilegal luego de que fuera testigo del asesinato de la defensora hondureña, dijo que esta situación se vive en toda América Latina contra los que que luchan por la dignidad, por el beneficio de todos de proteger a nuestra madre tierra.
Destacó que las trasnacionales dedicadas a la actividad extractiva están involucradas en la criminalización de los pueblos indígenas y campesinos. El territorio está siendo la clave de la disputa entre el capital y los pueblos indígenas y campesinos. “El asesinato de Bertha temo que no va a ser el único. Hay muchas presiones”, dijo.
Explicó que aún no decide si demandará al gobierno hondureño, esa es una posibilidad que analizan sus abogados.
Sobre las investigaciones en torno al asesinato de la activista hondureña expuso que esperan del gobierno de Honduras una versión creíble que satisfaga a la familia y al Copinh.
Asimismo relató que tras la muerte de Berta Cáceres, durante tres días colaboró en las diligencias de la investigación y parecía que ya podría volver a México. Cuenta que la embajadora Dolores Jiménez Hernández dispuso de un vuelo para regresarlo a su país y en el aeropuerto la fiscalía le impidió la salida de Honduras e incluso de la terminal aérea. “Fue entonces que la embajadora me regresa a la embajada, no dijeron cuánto tiempo ni nada y me querían llevar detenido.
“Terminando una de las diligencias, la jueza decide que me tengo que quedar 30 días más, en un clima de mucha inseguridad. Para mí era como tortura psicológica, incluso también de que pudiesen decretar otros 30 días o un año de retención”.
No hay ley de víctimas, ni de testigos protegidos, pedíamos aplicar el Convenio de Ayuda Mutua. Finalmente la presión internacional y lo absurdo de mi situación, así como el trabajo de mis abogados hizo posible mi regreso a México. Actualmente está bajo protección con medidas cautelares de la CIDH y CNDH.
Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una de las organizaciones que acompañaron el proceso para el regreso de Gustavo Castro a México, explicó que el activista mantiene el estatus de testigo y de acuerdo a las obligaciones mutuas que establece el convenio de colaboración puede seguir colaborando con la investigación del crimen, sin embargo cualquier diligencia tendría que realizarse por las vías consulares. En sentido jurídico y práctico no hay necesidad de que regrese a Honduras.
A su vez, Gustavo Lozano, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), hizo énfasis en el nulo papel que jugó la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, durante todo este episodio de retención ilegal de Gustavo Castro.
“Uno esperaría que sus autoridades democráticamente electas salieran al quite cuando uno se encuentra en un apuro en un Estado que no es el propio. Muy pronto en el proceso la Secretaría de Relaciones Exteriores se enteró que Gustavo estaba siendo tratado no como testigo, no como víctima, sino como un potencial imputado, tanto que se le aplicó una ley que se aplica a los probables responsables de la comisión de un delito; ya de entrada eso debería ser suficiente para ver a una Secretaria de Relaciones Exteriores mucho más activa, mucho más visible, articulando estrategias no sólo con sus homólogos hondureños sino también con el movimiento social que rara vez se encuentra en una posición para colaborar con el gobierno. Esta era una oportunidad que tristemente se dejó pasar”.
Apoyo de la embajadora
Durante la conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA) leyó el mensaje de esta organización y del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) en torno a los comunicados emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de los días 31 de marzo y 1 de abril del año en curso.
Agradecen la labor de la embajada de México en Honduras bajo la tutela de la embajadora Dolores Jiménez Hernández y del cónsul Pedro Barragán, quienes realizaron una excelente actuación de protección garantizando, en todo momento y desde la primera hora, la seguridad e integridad de Gustavo Castro Soto.
Asimismo señalan sus discrepancias con partes del contenido de los comunicados emitidos por la SRE en México, porque no es verdad que debido a “las constantes gestiones y solicitudes presentadas por el gobierno mexicano, las autoridades hondureñas reconocen que el Sr. Castro ha venido colaborando de la manera más amplia posible en las investigaciones y que podrá seguir haciéndolo en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua vigente entre ambos países”.
El reconocimiento a la colaboración de Gustavo es únicamente resultado de la disponibilidad personal del propio Gustavo y no tiene que ver en absoluto con la gestión del gobierno mexicano. Por el contrario, lamentamos que desde México la SRE no haya fortalecido el trabajo ni diplomático ni jurídico para que se lograra la implementación del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua. Gustavo sale de Honduras sin tratado alguno porque la SRE desde México fue incapaz de presionar al gobierno hondureño para su implementación, y en dos de las tres reuniones que sostuvimos con ellos siempre nos manifestaron que era prioritaria la diplomacia, a pesar de que siempre les manifestamos que “no era correcto” que se hablara de diplomacia cuando lo sucedido a Gustavo estaba totalmente relacionado con la violación de sus derechos, por lo tanto, estábamos ante un hecho flagrante de violaciones tanto de las leyes hondureñas como de los tratados internacionales relacionados con la atención de víctimas.
“Claudia Ruiz Massieu (secretaria de Relaciones Exteriores) simplemente por motivos de ‘agenda’ fue incapaz de recibir a la familia de Gustavo, a pesar de realizar una solicitud expresa. Esta negativa refleja la poca sensibilidad de la señora secretaria, además de que abre la puerta a la especulación sobre sus diferentes formas de actuar cuando, por ejemplo, está de por medio su apoyo a connacionales de su partido político a quienes, aun en categoría de imputados, sacan de España casi de forma inmediata y bajo un despliegue mediático impresionante”, señalaron en referencia al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
Prosigue el comunicado: «Lamentamos que la SRE se jacte de que sus gestiones fueron la causal para que Gustavo regresara a México. Los recursos jurídicos interpuestos por los abogados de Gustavo, los amicus, la medidas cautelares solicitadas por organizaciones, el trabajo de la misión internacional y la gran presión política y mediática generada por cientos de voces y movimientos en el mundo, fueron acorralando al gobierno hondureño quien resistió varias semanas los embates, hasta que finalmente le fue insostenible seguir manteniendo retenido a Gustavo por más tiempo y de forma injustificada. Ambos gobiernos jugaron al desgaste de la presión política y mediática y fueron incapaces de aplicar el único instrumento legal que existe, el tratado de asistencia mutua.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería lamenta la pobre actuación política, diplomática y de falta de respeto a las leyes y a los derechos humanos que desde México realizó la SRE para un connacional que fue re-victimizado y violentado por el estado hondureño.
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