SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Viernes 24 de mayo de 2024
Antes, en nuestro país, las elecciones y el voto servían para «validar» y «legitimar» a quienes el sistema de antemano seleccionaba para conducir el gobierno y desde ahí velar por los intereses de quienes detentaban, también, el poder económico. No importaba si los gobernantes o legisladores llegaran a sus puestos por la vía de la imposición o del fraude más descarado. En 2018 la ciudadanía prácticamente se «alzó en urnas» y ello puede convertirse en el principio del fin de esa práctica.
El próximo 2 de junio la ciudadanía está convocada a votar en la elección federal, en la que se elegirá a la persona que estará a cargo de la presidencia de la República y a quienes conformarán las cámaras de diputaros y senadores.
Además, en nueve entidades federativas elegirán a sus gobernadores; en 31 habrá elecciones para los congresos locales y en 30 se votará por las presidencias municipales.
Por su trascendencia, la elección federal reviste la mayor importancia. No obstante, los comicios a nivel estatal y municipal son esenciales para construir el país que deseamos.
Sin ánimo de menospreciar a candidatos o a organizaciones políticas, en la elección federal se enfrentan fundamentalmente dos proyectos de nación que en muchos aspectos son opuestos: el que impulsa la coalición Sigamos Haciendo Historia ─conformada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM)─ y el de la denominada Fuerza y Corazón por México ─constituida por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD)─; la primera, propone continuar con el proceso de transformación política y social iniciado por el actual gobierno; la segunda, ahora oposición, intenta retomar la línea de los seis gobiernos anteriores al actual.
Tras una larga campaña previa a la elección ─y por fortuna próxima a terminar─, la táctica de la oposición, con apoyo de la derecha internacional y agencias de gobiernos extranjeros, ha consistido en ataques al actual gobierno y a la candidata de Morena-PT-PVEM en los que los ingredientes principales son el odio, la mentira, la descalificación y la denostación, razón por la cual algunos se atreven a decir que tal oposición carece de un programa.
En lo personal, pienso que más que carecer de programa, este es social y políticamente impresentable porque representa ─probablemente corregido y aumentado─ la esencia de lo que fueron las seis administraciones neoliberales (1982-2018), época en la que corrupción la impunidad y la injusticia crecieron y se extendieron como nunca y el despojo a la nación y de manera particular a los trabajadores se convirtió en el eje de una política que favoreció a los sectores económicamente más poderosos, incluso extranjeros, en detrimento del pueblo mexicano.
La elección federal del 1 de julio de 2018, con un rechazo masivo al neoliberalismo ─que evitó el fraude electoral─ propició la llegada de un gobierno diferente, el que de inmediato experimentó los ataques de quienes habían sido desplazados del gobierno y de quienes perdieron privilegios y ventajas que obtuvieron por su cercanía o subordinación a los regímenes neoliberales.
En la elección federal de este año esa oposición intentará por todas las vías imaginables retomar el control del gobierno. Entre algunos de sus aliados podemos citar a un importante sector de la oligarquía; la mayoría de los grandes medios de comunicación; las cúpulas eclesiásticas, principalmente de la iglesia católica; organismos «autónomos» creados por gobiernos neoliberales que se encargan de defender su «legalidad», como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a un buen número de magistrados y jueces del sistema judicial.
Una de las vías sería el fraude electoral, área en la que son expertos. Otra sería la anulación de la elección, que han estado preparando desde antes que comenzaran formalmente las campañas mediante la calificación del proceso electoral como una elección de Estado, o argumentando que el clima de violencia existente tendría influencia en los resultados electorales, violencia que la derecha podría provocar o incrementar para lograr su objetivo.
También habría que considerar que el deficiente número de capacitadores y supervisores electorales en algunas zonas podría generar carencias e irregularidades en el proceso, que se utilizarían como argumento para solicitar la anulación de la elección.
Sea cual fuere el caso, la solución para evitar el retorno de quienes despojaron, saquearon y empobrecieron al país y lesionaron seriamente la soberanía nacional y popular la tenemos quienes deseamos que este se transforme en uno cada vez menos injusto, menos desigual, más equitativo y más soberano. La clave sería, como en 2018, que en ejercicio de nuestra soberanía acudamos a votar masivamente, de manera que ello impida la comisión de un fraude o el intento de anulación de la elección y que, además, se logre la mayoría calificada en las cámaras legislativas, para impulsar la transformación del país.
Además, si quienes queremos un país con justicia, libertad y soberanía somos la mayoría, debemos ser capaces, en uso de esa soberanía, de defender nuestra decisión.
Sin embargo, no se trata de solamente votar o defender nuestro voto, tendríamos que realizar un esfuerzo en aspectos de formación y organización ─con el máximo de independencia de partidos políticos─ que nos permita participar activamente en la toma de las decisiones, sean estas nacionales, regionales o locales; y, también, impulsar aquellas medidas y acciones que sean favorables a la nación y objetar o rechazar las que se den en sentido contrario.
De nosotros, pues, depende el futuro del país.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Instituto Nacional Electoral.
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