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Redacción / SomosMass99
México, D.F. / Miércoles 6 de enero de 2016
El Instituto Nacional de Transparencia (Inai), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) impugnaron la sentencia del juez federal que echa abajo su decisión de mantener en secreto la información sobre las ejecuciones de civiles en Tlatlaya por el Ejército mexicano, al ordenar que desclasifiquen la investigación penal y se le entregue a Aristegui Noticias.
- En junio de 2014, el Ejército y autoridades del Estado de México sostuvieron que la muerte de 22 personas fue resultado de un enfrentamiento.
La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 se pronunció al respecto, al considerar que la actuación de las autoridades “representa un revés jurídico” que sólo alienta la impunidad y mantener en secreto “las graves violaciones ocurridas en junio de 2014 y representa una incongruencia a la función que debe cumplir el Inai como organismo garante del derecho de acceso a la información”.
Esa organización internacional da cuenta de que en noviembre pasado el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal otorgó el amparo a Aristegui Noticias, al dejar insubsistente la resolución del Inai que reservaba la información del caso Tlatlaya y le ordenaba resolver a favor del acceso.
“Para el juez no cabe duda en que las ejecuciones de Tlatlaya son violaciones graves y que existe un vínculo directo entre los hechos y la investigación militar solicitada –la que ahora se encuentra dentro de una causa penal-. Por esta razón, señaló el juez, dicha investigación no puede desvincularse ni verse de manera aislada de las ejecuciones cometidas por miembros del Ejército, las que fueron consideradas ‘graves violaciones’ por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.
Calificó como “sumamente delicado que el Inai persista en mantener en secreto el nivel de involucramiento militar y las actuaciones posteriores de la Sedena con relación a esta masacre”, y enfatiza en que “acciones como ésta hacen que el Instituto falle gravemente a su deber constitucional de garantizar el derecho de acceso a la información y la transparencia. Así, los comisionados y comisionadas violan también el derecho a la verdad de la sociedad y niegan la rendición de cuentas.
- Para la Sedena, el caso Tlatlaya sólo impactó «a unas cuantas víctimas» y no a la sociedad mexicana.
En su recurso, añade la organización, el Inai no cuenta con argumentos sólidos que sostengan el secreto que defiende, “pues a pesar de solicitarlo en tres ocasiones, el Instituto nunca tuvo acceso a la información que clasificó. Es decir, nunca tuvo a la vista la investigación militar del caso Tlatlaya que afirma –categóricamente, repitiendo los argumentos de la Sedena– no está relacionada con violaciones graves a derechos humanos”.
Para Artículo 19 también “es preocupante” también la posición que mantienen la PGR y la Sedena. La primera, porque niega “textualmente en su recurso la existencia del derecho de acceso a la información de la persona solicitante e insiste que absolutamente todos los procesos penales son clasificados, soslayando los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia al respecto, así como los recientes avances de las reformas en materia de transparencia”. Y la Sedena, porque “sin mayor fundamento alega que es imposible entregar la información”, toda vez que “la misma se ha convertido en una causa penal”, y además “cuestiona la conclusión a la que llegó la CNDH, pues Tlatlaya, según esta, sólo impactó a ‘unas cuantas víctimas’ y no a la sociedad mexicana en su conjunto”.
Por el contrario, Artículo 19 estima que “la sociedad también es víctima de las graves violaciones a derechos humanos y por lo tanto es acreedora para conocer la verdad de las ejecuciones y demás violaciones ocurridas en Tlatlaya. El derecho de acceso a la información es una pieza clave para la construcción de la verdad y el acceso a la justicia. Como argumentó en su sentencia el juez, “la falta de transparencia y la oscuridad han sido los medios para el florecimiento del abuso del poder y, precisamente, de la violación de derechos humanos”.
La organización internacional exhortó a las y los del Inai a desistirse de su impugnación y ordenar la desclasificación de la información solicitada por el portal de noticias Aristegui Noticias.
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