SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
México, D.F. / Miércoles 6 de enero de 2016
“Desde 2011 a la fecha, coincidiendo con su periodo como gobernador, el estado de Veracruz registra los índices más altos de homicidios y desapariciones de periodistas en todo el país convirtiendo, según algunos estudios, a la entidad federativa en uno de los lugares del mundo más peligrosos para el ejercicio de la actividad periodística”, le comunicó Jesús Peña Palacios, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a Javier Duarte de Ochoa, mandatario de esa entidad.
- Durante el gobierno de Javier Duarte han sido asesinados diez periodistas y tres más desaparecidos.
A través de una carta firmada el lunes 4 de enero, Peña Palacios le hace saber a Javier Duarte la preocupación de la Oficina en México del Alto Comisionado por las recientes agresiones a periodistas en ese estado y por “los limitados resultados de las medidas adoptadas por su gobierno para enfrentar esta problemática”.
Le recuerda que conforme a datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República, desde el 1 de diciembre de 2010 hasta noviembre de 2015, diez periodistas han sido asesinados en Veracruz, otros tres se encuentran desaparecidos y hay un importante número de agresiones y ataques a periodistas y medios de comunicación. “La mayoría de estas acciones permanecen en la impunidad”.
- Comunicadores veracruzanos son víctimas de agresiones y hostigamientos por parte de funcionarios estatales.
Luego de valorar positivamente el acuerdo firmado el 3 de noviembre de 2015 entre autoridades federales y estatales para garantizar la libertad de expresión y poner fin a la impunidad, el representante del Alto Comisionado de la ONU en nuestro país hace un recuento de las agresiones y hostigamientos contra periodistas por parte de funcionarios estatales.
Por ejemplo, da cuenta de lo ocurrido el 5 de noviembre cuando una periodista y su hija fueron fotografiadas por personal de la Secretaría de Gobierno sin que se conozca a la fecha si hay alguna justificación; los días 21 y 22 de ese mes, las agresiones físicas y hostigamiento por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal contra periodistas que daban cobertura a las protestas contra la evaluación educativa, a quienes golpearon con porras y destruyeron equipo fotográfico y de comunicación; y la actuación de las fuerzas policiales estatales el 23 de diciembre durante una protesta de jubilados en Xalapa, que habría derivado en agresiones contra cinco comunicadores, “tales como descargas eléctricas y señalamientos de colaboración con el crimen organizado”.
Además de exhortar al gobierno veracruzano a dar cumplimiento al convenio firmado el 3 de noviembre, la ONU-DH “insta a las autoridades competentes a examinar con la merecida celeridad los hechos descritos, a garantizar una investigación exhaustiva y a sancionar a los responsables, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, a fin de combatir la impunidad en la que generalmente permanecen estos hechos”.
Estima que “las agresiones arriba descritas, además de la gravedad que en sí mismas implican como violatorias de diversos derechos, en la medida en que han sido realizadas por servidores públicos cuestionan la voluntad real de las autoridades estatales y minan la confianza en la capacidad de las instituciones veracruzanas para afrontar de forma decidida la situación de riesgo que enfrentan las y los periodistas en Veracruz”.
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