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Indignación… y un programa (II)

Diálogo Estado / Top News / 14/10/2016

SOMOSMASS99

 

Alfonso Díaz Rey

Viernes 14 de agosto de 2016

 

“El enemigo al que nos enfrentamos persigue en nuestro país los mismos fines que en otros: preservar y fortalecer el sistema, reproducir las relaciones de producción en que descansa e imponer, a partir de la explotación capitalista de quienes trabajan y producen, altas tasas de ganancia y un patrón de distribución de la riqueza y el ingreso que le permitan concentrar una gran fuerza económica y ejercer el poder político. Para lograrlo requiere del Estado, que fundamentalmente representa los intereses comunes de las fracciones más poderosas de la burguesía, lo que de hecho es la condición indispensable para que se impongan los intereses de la oligarquía […]”

Alonso Aguilar Monteverde

Bosquejo de un programa antimonopolista

Alcance y contenido del programa

Quizá lo fundamental sea establecer los objetivos, definir las contradicciones que se enfrentarán, distinguir las fases de la lucha y las tareas principales a realizar en cada etapa; de modo de asegurar la mayor eficacia del esfuerzo que se despliegue.

Objetivo y contradicciones principales

El objetivo político inmediato del programa es debilitar al enemigo, enfrentándolo a problemas y situaciones que no esté en condiciones de resolver, para fortalecer al pueblo e  impulsar a que tome conciencia de que es él el único que puede alterar la correlación de fuerzas y las condiciones para el cambio.

El enemigo al que nos enfrentamos, el capital financiero monopolista, es poderoso y opera en prácticamente todo el mundo; tiene, además, el respaldo de un Estado que representa los intereses de la oligarquía y los sectores más poderosos de la burguesía, quienes personifican a ese capital.

La influencia del enemigo sobre las condiciones de vida y trabajo de los mexicanos es tan amplia y compleja que el enfrentamiento a ese capital y a la oligarquía no puede limitarse a unas cuantas reformas o a un listado de reivindicaciones específicas, por legítimas que sean para los trabajadores y el pueblo en general.

La lucha económica

La primera exigencia que el programa debe satisfacer es la incorporación de ciertas medidas tendientes a satisfacer necesidades básicas del pueblo.

Si la fuerza económica y política más interesada en explotar a quienes trabajan, es el capital monopolista, son precisamente quienes trabajan los que constituyen la principal fuerza capaz de enfrentarlo. Entre otras, una forma es mediante la lucha económica por la mejor distribución del producto de su esfuerzo, lo que en un pueblo como el nuestro, con tantas carencias, pobreza e incluso miseria, las reivindicaciones de este tipo son necesarias e impostergables.

Entre otras demandas podrían citarse:

 

  • La elevación de los salarios mínimos y la eliminación de la discriminación que en este aspecto se ejerce sobre las mujeres.
  • El establecimiento de una escala móvil de salarios, para ajustarlos a los aumentos de precios y a la productividad.
  • Disminución significativa de sueldos a funcionarios públicos, de modo que esos puestos no sean objeto de disputas por un botín.
  • Eliminación de las jornadas superiores a la máxima legal y reducción de la jornada laboral en las ciudades.
  • Reducción de ritmos y cargas de trabajo en actividades y tareas que entrañen un desgaste excesivo para el trabajador.
  • Incremento de salarios a los trabajadores más mal retribuidos del Estado y las empresas públicas y reducción sustancial de los sueldos y demás ingresos que perciben altos funcionarios y quienes ocupan puestos de elección popular.
  • Revisión de las leyes laborales a fin de eliminar subterfugios que las autoridades y patrones aprovechan para lesionar los intereses y derechos de los trabajadores y la reivindicación del derecho de huelga.
  • Defensa del derecho al trabajo y promoción de programas para reducir el desempleo y subempleo.
  • Impulso a la creación de cooperativas de producción y servicios.
  • Retorno a los precios de garantía a favor de los campesinos y pequeños agricultores y eliminación de beneficios a latifundistas.
  • Incremento de las pensiones, sobre todo de aquellas cuyo monto no exceda el salario de un obrero medianamente calificado y la reducción del tiempo para obtenerlas, tratándose de mujeres y de trabajadores que realicen actividades peligrosas o especialmente agotantes.
  • Ampliación real de la seguridad social y establecimiento del seguro de desempleo, así como el manejo de los fondos de pensiones en favor de los trabajadores.
  • Exigencia de una mínima protección para los trabajadores migratorios.
  • Aumento de las prestaciones sociales básicas y ajuste de éstas conforme el número de dependientes del beneficiario.
  • Construcción de viviendas populares para los trabajadores sin que ello entrañe corrupción en asignaciones y adquisiciones.
  • Impulso a la creación de servicios culturales y educativos al alcance de los trabajadores del campo y la ciudad.
  • Eliminación del analfabetismo y democratización de la enseñanza.
  • Revisión del TLCAN y otros tratados comerciales, de modo que sean un instrumento para el desarrollo sostenible del país y no de subordinación y saqueo.

Las reivindicaciones económicas, cuya finalidad sería alcanzar una mejoría en las condiciones actuales de los trabajadores y del pueblo en general, solamente serán posibles a partir de la convicción de que nadie puede defender mejor su propia causa que ellos mismos y de la necesidad de una política que responda a los intereses del pueblo y promueva el desarrollo. Sin embargo, por lo que hemos visto y experimentado desde hace muchísimo tiempo, no son los intereses populares los que definen la política en México.

Tal política debiera tener como eje el cuidado y mejoramiento del ambiente, por tanto, la sostenibilidad sería el centro y condición para su implementación. Algunos elementos que podrían considerarse son:

  • Aumentar en forma racional la tasa de crecimiento del PIB y elevar la formación bruta y neta del capital.
  • Hacer descansar la mayor acumulación de capital en el aumento absoluto y relativo de la inversión del Estado, la que debiera representar más del 50%.
  • Combinar el incremento de la inversión con restricciones al gasto suntuario, a fin de hacer posible tanto una creciente acumulación como un aumento en el consumo de bienes y servicios necesarios para la mayoría de la población.
  • Modificar la estructura de la inversión, para aumentar la que se destina a actividades productivas, servicios sociales básicos, obras de importancia regional y empresas controladas por el capital mexicano.
  • Evitar al máximo el desperdicio de capacidad instalada y de recursos productivos disponibles.
  • Optar por métodos y técnicas de producción que más contribuyan a acelerar el proceso de un desarrollo sostenible y combinarlos con métodos menos costosos cuando por diversas razones no sea posible o aconsejable usar los más eficientes.
  • Limitar la ruinosa fuga de recursos hacia el exterior, de lo que fundamentalmente son responsables el capital monopolista extranjero, la oligarquía y altos sectores de la burguesía y el Estado, a fin de poder financiar el desarrollo con recursos internos y reducir el endeudamiento externo.

Con la política actual sería imposible lograr lo anterior, Para conseguirlo tendrían que realizarse cambios de cierta importancia, que aun no afectando gravemente la estructura del capitalismo lesionarían a los capitalistas y, en particular, al capital monopolista.

Para encauzar el desarrollo nacional, podría considerarse:

  • Dado que buena parte de la tierra ha caído en manos de nuevos latifundistas y la agricultura mexicana depende de manera importante del capital extranjero, se requiere reorientar la política agraria en función de la producción de alimentos para el pueblo e impulsar una nueva reforma agraria que entregue la tierra a quienes la trabajen y no a quienes explotan el trabajo asalariado en el campo. Impulsar y apoyar la formación de cooperativas y de quienes decidan trabajar la tierra como productores privados; todo ello con técnicas ambientalmente compatibles. Reorganizar el funcionamiento de los sistemas de crédito para eliminar la corrupción y vicios que arrastra y alentar la organización independiente de los campesinos y trabajadores del campo.
  • Definir claramente los sectores estratégicos de la economía y recuperar para dominio de la nación aquellos que hayan pasado a manos privadas.
  • Implementar una nueva política energética que privilegie las energías renovables, limpias y compatibles con el medioambiente y que, al mismo tiempo, reduzca el empleo de los hidrocarburos al mínimo necesario.
  • Establecer políticas de vialidad y transporte que desestimulen el empleo del automóvil como medio de transporte privado.
  • Revisión exhaustiva de la política ambiental para evitar que la presencia de ambigüedades en la legislación y normativa permitan evadir su cumplimiento; también, deberá atenderse con la mayor seriedad y celeridad el saneamiento y restauración de cuerpos de agua y de suelos contaminados o afectados por la acción humana o de la naturaleza; y para el uso más racional del suelo, las riquezas naturales y lograr una mejor y mayor armonía en el crecimiento económico, sería necesario impulsar la implementación y aplicación de programas de ordenamiento ecológico territorial en todos los municipios del país.   
  • Elaborar una nueva política fiscal que con base en la restructuración del sistema impositivo tienda a incrementar el gasto público, reducir impuestos que afectan a trabajadores y pequeños productores de menores ingresos y aumentarlos a las grandes empresas y a quienes perciben altos ingresos.
  • Reorientar la política de subsidios para apoyar a quienes realmente los requieren y no a los grandes grupos industriales y comerciales.
  • Una nueva política monetaria y financiera acorde a las necesidades e intereses del país y no de los del FMI o el BM, que proteja los ingresos de las más amplias capas del pueblo trabajador.
  • Una nueva política de comercio exterior y relaciones económicas internacionales que haga frente a los desequilibrios que origina el intercambio desigual.
  • Reorganizar y ampliar los recursos para la investigación tecnológica y científica que pueda apoyar al desarrollo sostenible del país y reducir su dependencia del exterior.

Sin embargo, aun reivindicaciones de este tipo no modificarían las relaciones de producción ni el carácter del Estado, que seguirían siendo capitalistas, y en una situación como la actual no podrán ser satisfechas; no obstante, serían el punto de partida para impulsar un programa de mayor alcance.

Para entregas posteriores quedarían consideraciones acerca de la las luchas en aspectos políticos, ideológicos y teóricos.

Nota: Para la elaboración de esta entrega se acudió, en gran medida, al texto de Alonso Aguilar Monteverde “Bosquejo de un programa antimonopolista”. Revista Estrategia, No. 6. México. Nov. 25 de 1975,

Referencia previa: https://www.somosmass99.com/indignacion-y-un-programa/

* Alfonso Díaz Rey es miembro de la Constituyente Ciudadana Popular de Salamanca, Guanajuato.

Foto de portada: María José Martínez / Cuartoscuro.






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1 Comentario

el 14/10/2016

Indudablemente negociar como país, con el país hegemónico por antonomasia. No debe ser fácil, pero de eso, a ver los resultados de un entreguismo insultante.
Donde en el colmo del descaro y desvergüenza, aparecen al final del día. Esos funcionarios que se supone, deberían de velar por los intereses y la salud económica del país.
Resultan con la batea de babas, de aparecer como socios, empleados o cualquier otro cargo que demuestra categórica y sobradamente, su falta de ética y de madre.
Estamos en medio del total oscurantismo político, social y económico, que jamás hubiera alguien siquiera imaginado. Ni siquiera, en la más calenturienta pesadilla…!!!



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