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Yara Hawari* /Jacobin
Lunes 7 de febrero de 2022
El pasado 1º de febrero Amnistía Internacional se convirtió en la tercera gran organización de derechos humanos en calificar a Israel como un Estado de apartheid. Los defensores de Israel han respondido desprestigiando a los autores, pero no se puede negar que se trata de un Estado construido sobre la brutalización sistemática del pueblo palestino
La semana pasada, el secretario de educación británico Nadhim Zahawi declaró antisemita el cántico popular « From the river to the sea, Palestine will be free» [Del río al mar, Palestina será libre]. Además, insinuó que cantarlo debería considerarse un delito. El canto, lejos de ser racista, articula una aspiración de liberación completa de Palestina. Criminalizar esa aspiración no solo es draconiano, sino fundamentalmente antipalestino.
Pero los comentarios de Zahawi no son sorprendentes, ya que se hicieron en un clima de creciente represión por parte del gobierno británico del activismo que apoya los derechos fundamentales y la liberación de Palestina, incluyendo el aumento de los esfuerzos para criminalizar el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Los comentarios de Zahawi y las últimas maniobras del gobierno británico llegan en un momento en que la comunidad de derechos humanos está aumentando su apoyo a la lucha palestina.
El pasado 1º de febrero ha sido publicado un nuevo informe de Amnistía Internacional en el que se condena al régimen israelí por cometer el delito de apartheid desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. El derecho internacional consuetudinario y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional definen el apartheid como «actos inhumanos (…) cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre cualquier otro grupo o grupos raciales y cometidos con la intención de mantener ese régimen». Aunque muchos asocian el apartheid con Sudáfrica, la definición es de aplicación universal y es un sistema que puede adoptar diversas características y manifestarse de muchas maneras.
Basándose en décadas de investigación, incluidas las experiencias vividas por los palestinos, el informe de Amnistía explica con minucioso detalle cómo los palestinos se resisten a un sistema singular de dominación que opera con distintos mecanismos y niveles de control según el lugar donde vivan los palestinos. De hecho, se dirige a los palestinos en su totalidad: en Cisjordania, Gaza, los territorios del 48 y los exiliados. Es este sistema singular, que busca mantener la hegemonía judía israelí a expensas de la población no judía, lo que el informe de Amnistía identifica como apartheid.
Además de examinar cada uno de los componentes geográficos del pueblo palestino, también analiza las manifestaciones del apartheid a través de diversos temas, como la negación del derecho a la igualdad de nacionalidad y estatus. Mientras que a los palestinos de los territorios ocupados en 1948 (es decir, Israel) se les concede la ciudadanía, se les niega la nacionalidad, lo que en efecto establece una diferenciación legal con los israelíes judíos. A los palestinos de los territorios ocupados en 1967 (es decir, Cisjordania y Gaza) no se les concede la ciudadanía, aunque el régimen israelí controla todos los aspectos de sus vidas y los considera apátridas.
En Jerusalén, los palestinos reciben el precario estatus de residencia permanente, lo que significa que, si abandonan la ciudad, se les puede revocar la residencia. A los refugiados palestinos, por su parte, se les niega el derecho a regresar a su tierra natal.
Otro tema que aborda el informe es la expropiación de tierras y recursos. Explica que «la definición de Israel como el Estado del pueblo judío y el compromiso de asentamiento judío en la tierra ha excluido cualquier posibilidad de que los palestinos disfruten de igualdad en el acceso a la tierra, la propiedad y los recursos, con consecuencias desastrosas para su disfrute de los derechos sociales y económicos».
Este informe no es el primero de este tipo. El año pasado, Human Rights Watch publicó un informe propio en el que condenaba a Israel por practicar el apartheid. Mientras tanto, los académicos y activistas palestinos llevan décadas argumentando que la opresión a la que se enfrentan se deriva de una intrincada y complicada forma de apartheid. Además, sostienen que esto es un resultado directo del proyecto sionista de colonos-coloniales que comenzó hace un siglo en Palestina.
Es este contexto particular —el del colonialismo de los colonos— el que suelen pasar por alto las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el marco del derecho internacional. De hecho, existen pocas disposiciones para abordar el colonialismo y el colonialismo de colonos dentro del derecho internacional. Por ello, muchos palestinos abogan por una comprensión más holística de la situación en Palestina, que no dependa únicamente del derecho internacional.
El contexto del colonialismo de colonos es aún más crucial cuando se piensa en el final del juego. El peligro es que los llamamientos para acabar con el apartheid se conviertan únicamente en un marco liberal de igualdad, en lugar de estar entrelazados con la justicia y la descolonización.
No obstante, la importancia de que una organización como Amnistía Internacional incluya el apartheid israelí en su léxico organizativo es grande. Es la mayor organización de derechos humanos de base del mundo, con millones de miembros, que trabaja en todo el mundo por, según sus propias palabras, «la justicia, la libertad, la verdad y la dignidad». Sus campañas incluyen la lucha contra el cambio climático y el apoyo a los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados, y es muy respetada en las multitudes progresistas y liberales.
Por eso este informe está destinado a hacer ruido, porque es precisamente entre estas multitudes donde se observa una incoherencia en la política al no defender los derechos fundamentales y las aspiraciones de liberación de los palestinos. Este informe pondrá ciertamente en tela de juicio esas incoherencias.
Como conclusión, el informe ofrece «remedios legales» y recomendaciones políticas a seguir por terceros. El apartheid ya está consagrado en el derecho internacional como un crimen contra la humanidad, lo que abre el camino a una plétora de acciones legales. En concreto, Amnistía pide a países como el Reino Unido, que mantienen estrechos vínculos con el régimen israelí, que lleven a cabo diversas acciones, como poner fin a la venta de armas y ejercer la jurisdicción universal contra aquellos que, dentro de su jurisdicción, hayan cometido crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, sería descabellado esperar algún tipo de cambio político inmediato por parte de países como el Reino Unido a la luz de las conclusiones de este informe. El gobierno británico mantiene profundos vínculos con el régimen israelí, desde acuerdos comerciales hasta la venta de armas. Los contratistas de defensa británicos venden cantidades récord de armas a Israel, que se utilizan a su vez para cometer crímenes de guerra contra los palestinos, sobre todo en Gaza. Para añadir sal a la herida, el gobierno británico bloquea sistemáticamente los intentos palestinos de exigir responsabilidades a Israel. El año pasado, el primer ministro británico Boris Johnson anunció públicamente su oposición a la investigación en curso de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de guerra israelíes.
Esta relación tan estrecha, junto a la negativa del gobierno británico a desafiar el apartheid israelí, no es ninguna sorpresa. Margaret Thatcher y su gobierno apoyaron abiertamente el régimen de apartheid sudafricano, y es famosa por haber calificado al Congreso Nacional Africano de organización terrorista. No tan casualmente, al mismo tiempo, el régimen israelí estaba ayudando al régimen del apartheid sudafricano a construir su industria armamentística. Aunque el gobierno británico acabó con su apoyo público al régimen sudafricano del apartheid tras una inmensa presión popular e internacional, muchos miembros del gobierno seguían apoyándolo. Thatcher incluso presionó para que se impusieran sanciones más duras, y lo consiguió.
Por lo tanto, aunque el informe de Amnistía puede ser una herramienta útil para denunciar al régimen israelí por lo que es, todavía se necesitan cambios sísmicos en las altas esferas del establishment político mundial para que nos acerquemos a la liberación de Palestina. Estos cambios solo pueden lograrse con una movilización popular masiva que rechace el actual colonialismo de los colonos y el apartheid en todas sus manifestaciones, y que exija no solo la igualdad sino también la justicia y la descolonización.
* Yara Hawari es académica palestina, escritora y analista política principal de Al-Shabaka.
Foto de portada: Jacobin.
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