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Rozenn Le Saint / Mediapart
Lunes 7 de febrero de 2022
La vacuna de Pfizer contra el Covid-19, que ya es la más vendida del mundo, está a punto de ampliar aún más su mercado. El martes 1 de febrero, el laboratorio neoyorquino solicitó la autorización para comercializar sus vacunas para los niños de entre 6 meses y 4 años en Estados Unidos: las edades que quedaban. Pfizer también está en primera línea de la carrera por los tratamientos: el primer comprimido antiviral estará disponible en las farmacias [francesas] a partir del 4 de febrero.
Los grandes patrones de la industria farmacéutica lo sabían desde el principio de la pandemia: el que llegara primero en la carrera desenfrenada por las vacunas obtendría una increíble ganancia económica. Sandra Lhote-Fernandes, responsable de la defensa de la salud en la ONG Oxfam, llega a calificar la operación como el «atraco del siglo». Un «atraco» con víctimas colaterales: las poblaciones de los países pobres que no han tenido acceso a esos anhelados productos básicos.
Desabastecimiento organizado, privatización de los beneficios obtenidos con dinero público… Mediapart descifra punto por punto la máquina de beneficios desmedidos puesta en marcha por la industria durante esta pandemia, lejos de la justa remuneración del riesgo, reclamada por su lobby, y del objetivo de salvar un máximo de vidas.
En los Estados Unidos, producida por 1 euro, vendida a 17,20 euros la dosis
En el verano de 2020, la Casa Blanca firmó un cheque inicial a Pfizer por valor de 1.950 millones de dólares (1.700 millones de euros) para asegurarse la obtención de 100 millones de dosis, según el New York Times. Del otro lado del Atlántico, el precio por dosis fue fijado en 19,50 dólares, es decir, 17,20 euros. Sin embargo, el costo de producción de la vacuna de Pfizer-BioNTech ha sido estimado en menos de 1 euro por investigadores del Imperial College de Londres.
Foto: René DeAnda / Unsplash.
En realidad, la receta no es tan complicada y sus ingredientes son baratos. «El ARN mensajero es fácil de producir. Se hace en tres etapas, mientras que se necesitan diez, por ejemplo, para fabricar la vacuna que prepara Sanofi, basada en la tecnología tradicional de proteínas recombinantes», explica Fabien Mallet, coordinador adjunto del [sindicato] CGT en Sanofi y técnico de control de calidad. Todo lo que hay que hacer es fabricar el ARN en bioquímica y luego mezclarlo con agua y materia grasa».
Por eso, en nombre de la CGT, Fabien Mallet impulsa la creación de un grupo público de medicamentos que sería «un contrapeso a la Big Pharma, para fabricar aquello que no se fabrica en cantidad suficiente o a que es comercializado a un precio vertiginoso». Sin una alternativa [como ésta], nos limitamos a someternos al dictado de las multinacionales. Tenemos que volver a aquello por lo que trabajamos en nuestro sector, en primer lugar, cuidar a las personas y no a los accionistas. Una propuesta rechazada por la mayoría presidencial en la primavera de 2020.
Mediapart le preguntó Pfizer la razón de la diferencia abismal entre el costo de producción y el precio establecido en la mayoría de los países, a lo que el laboratorio respondió: «Les recordamos que, para fijar el precio de la vacuna, se tienen en cuenta todos los costos y no sólo los vinculados a la producción: costos de investigación y desarrollo, estudios clínicos, inversión masiva en la estructura de producción, transporte, logística, conservación y almacenamiento, seguridad y calidad, actividades de apoyo (formación, comerciales, administrativas…).»
Para justificar su política de precios, la empresa neoyorquina explica: «Desplegamos una estructura de precios diferente según si el país forma parte de los Estados de renta alta, media o baja. Los países de renta alta y media compran la vacuna a un precio más elevado que los países de renta baja. Los países de bajos ingresos compran la vacuna a precio de costo.» La empresa estima que este «precio de costo» es de unos 6 euros. En todo caso, «ya es demasiado caro para una vacuna y para que los países africanos puedan pagarlo a gran escala», dice Jaume Vidal, asesor político de Health Action International, una ONG que hace campaña por el acceso equitativo a los productos para la salud.
Además, cuanto más pagan los países, más rápido son abastecidos, y viceversa. Israel y los Estados Unidos son los primeros en recibir las vacunas. Mientras que el 60% de la población mundial ha recibido una dosis de vacuna, la proporción es de sólo el 10% en los países pobres, según datos de Our world in data. Y aun así, la mayoría accede gracias a donaciones, no a compras directas. Los países de bajos ingresos son los últimos clientes en la cola de los fabricantes de vacunas de ARN mensajero.
Con estos márgenes de ganancia desproporcionados, la vacuna Covid-19 proporcionó a Pfizer unas ventas de casi 36.000 millones de dólares en un año (unos 32.000 millones de euros). El laboratorio no esperaba tanto a principios de 2021: estimaba que podría llegar a registrar 15.000 millones de dólares (13.000 millones de euros) en el año gracias a su vacuna, pero la cartera de pedidos creció más de lo previsto con el lanzamiento de las campañas de refuerzo de vacunación en los países ricos.
¿Cómo se pueden justificar estos beneficios exorbitantes? Los productores de medicamentos siempre utilizan el mismo argumento para justificar unos precios que no corresponden a los costos de fabricación: el de los costos de hospitalización que se evitan. Nadie cuestiona el principio, aunque la saturación de las unidades de cuidados intensivos y el costo global de la pandemia son los principales indicadores que controlan los gobiernos.
¿Según esta lógica, con una tarifa de unos 15-20 euros por vacuna, Pfizer casi les habría hecho un favor a los gobiernos? El Financial Times informa que, en el verano de 2020, tras la terrible primera oleada, Pfizer trató de imponer el alucinante precio de 100 dólares la dosis, es decir, 89 euros.
Interrogada sobre este precio propuesto, la empresa Pfizer se limitó a responder a Mediapart: «Para tener en cuenta la emergencia sanitaria mundial, los precios se fijaron inicialmente en el contexto de la pandemia a un valor inferior al que se habría negociado en una situación de mercado.» En este caso, la dura ley de la oferta, que es escasa, y la demanda, que es planetaria.
Si no hubiera sido por la competencia de Moderna, Pfizer habría podido imponer precios aún más elevados», afirma Nathalie Coutinet, profesora e investigadora de la Universidad de París XIII y coautora de Économie du médicament (La Découverte, 2018). Esto revela un peligro real, el de que una o dos empresas tengan la salud mundial en sus manos. Algo que ya es más o menos así, pero si Pfizer hubiera estado sola en el mercado de las vacunas de ARN mensajero, habría sido peor aún.»
Crear escasez para aumentar los dividendos
Pfizer no es la única empresa que sacó provecho de la crisis sanitaria. La riqueza de los multimillonarios registró «el mayor aumento de su historia» desde el inicio de la pandemia, según el Informe sobre la Desigualdad Mundial 2022 de Oxfam. La ONG había calculado previamente que las vacunas contra el Covid-19 habían creado al menos nueve multimillonariosnuevos, entre ellos el francés Stéphane Bancel, director general de Moderna, y Uğur Şahin, de BioNTech, el pequeño socio del gigante farmacéutico Pfizer. «Esto demuestra que los beneficios de las vacunas son totalmente excesivos, estamos ante un caso de aprovechamiento abusivo de las patentes», comenta Nathalie Coutinet.
La escasez de la oferta provocó el aumento de los precios, de ahí la defensa a ultranza de las patentes por parte de las empresas farmacéuticas, ya que les ofrecen un monopolio durante veinte años. Cuando pasan a ser de dominio público, la llegada de la competencia de los genéricos o los biosimilares, reproducciones de bajo costo de los medicamentos, hace que los precios bajen automáticamente.
Preservar un monopolio, especialmente en tiempos de pandemia, cuando todo el mundo necesita el mismo producto, garantiza unas ganancias sin parangón. Uno de los argumentos esgrimidos por la industria para justificar su negativa a suspender temporalmente sus derechos de propiedad intelectual es que ello no respondería a la urgencia de la situación. Esto se debe al tiempo de formación y transferencia de competencias que se requiere para desarrollar un producto innovador, el ARN mensajero.
Salvo que la biotecnológica Moderna, incapaz de producir cantidades masivas, lo hizo en un tiempo récord subcontratando la producción de su vacuna al industrial suizo Lonza, mediante un acuerdo de licencia voluntario: la receta sigue siendo una exclusividad y el suministro del codiciado producto está bajo su control.
Médicos Sin Fronteras identificó más de un centenar de centros en todo el mundo capaces de producir esta nueva generación de vacunas. «En Canadá hay tres empresas que producen vacunas de ARN mensajero, pero no podemos utilizarlas por razones de propiedad intelectual, dijo Marc-André Gagnon, profesor de política pública de la Universidad de Carleton, en Ottawa, en la reunión de Prescrire 2022. La patente se está convirtiendo en un obstáculo para la guerra contra el Covid-19.»
Por otro lado, Pfizer ya podía contar con su maquinaria de guerra interna para producir en grandes cantidades… Pero todavía no es suficiente para abastecer al mundo entero. Incluso sin el levantamiento de las patentes, «si Pfizer hubiera aumentado el número de acuerdos de licencia voluntaria en la mayoría de los países, habríamos ganado seis meses y las poblaciones más desfavorecidas habrían podido acceder antes a las vacunas. La situación de escasez organizada hace un año al inicio de las campañas de vacunación en los países ricos tenía un objetivo: fijar precios altos y obtener los máximos beneficios en el mínimo tiempo», afirma la investigadora Nathalie Coutinet.
En Europa, más de tres cuartas partes de las dosis de vacunas inyectadas son producidas por Pfizer. La empresa aplastó a la competencia. Su producto se convirtió rápidamente en el más conocido y reconocido por el público en general, para ser utilizado por todos, incluso por los niños.
El plan de Pfizer no sufrió ni un solo contratiempo, aunque debido a eventos adversos como unos casos de trombosis, la vacuna de AstraZeneca fue restringida a los mayores de 55 años a partir de marzo de 2021, al igual que la de Johnson & Johnson, en un primer tiempo. Luego, en noviembre de 2021, mientras que la vacuna Moderna era presentada como el «hermano gemelo» de la de Pfizer (pero con una dosis más alta de ARN mensajero), la primera estaba contraindicada para los menores de 30 años, debido a las señales de riesgo cardíaco identificadas por la vigilancia posterior a la comercialización en personas más jóvenes.
Ambas vacunas de ARN mensajero son extremadamente eficaces para prevenir las formas graves de Covid-19. De hecho, la revista médica independiente Prescrire las ha bautizado simbólicamente como «Píldoras de Oro 2021» por su «decisivo avance terapéutico en un ámbito en el que pacientes y profesionales estaban totalmente desamparados».
Los dos productores aprovecharon entonces para aumentar el precio de su dosis vendida en Europa a mediados de 2021 en vista de la campaña de vacunación de refuerzo. En el Viejo Continente, habría subido de 15,50 euros a 19,50 euros para Pfizer y de 19 euros a 22,60 euros para Moderna, según el Financial Times. Por lo tanto, las autoridades públicas habrían pagado más de 50 euros por cada habitante⸱e que recibió dos dosis de Pfizer y luego una vacuna de refuerzo.
«Es evidente que los contratos incluyen la posibilidad de aumentar unilateralmente el precio de las dosis. Dada la desequilibrada relación de fuerzas, los países ni siquiera tienen voz en el precio de las vacunas que compran», lamenta Pauline Londeix, cofundadora del Observatorio para la Transparencia de las Políticas de Medicamentos.
La transparencia, justamente, no está en el orden del día. Son los Estados los que compran las vacunas, pero los acuerdos con los laboratorios no son públicos en su totalidad. Hay fragmentos de los contratos, pero los pasajes clave han sido tachados. Cuando se le pregunta por el precio, Pfizer se remite a «discusiones confidenciales».
«Al fijar precios muy altos en la misma gama, las empresas se comportan como cárteles», afirma Jaume Vidal, de Acción Internacional por la Salud. No obstante, Pfizer señala que «en Europa, el precio de la vacuna fue negociado por la Comisión Europea en nombre de los 27 Estados miembros, por lo que no es fijado libremente por el fabricante, lo que protege a Pfizer de las acusaciones sobre un posible arreglo sobre los precios.
«Si los gobiernos no son capaces de negociar precios más bajos, y mucho menos durante una pandemia, ante el cinismo de las empresas farmacéuticas que obtienen beneficios desorbitados a pesar de la emergencia y de los millones de muertos, ¿por qué los gobiernos no limitan los dividendos pagados a los accionistas?», se pregunta entonces Jaume Vidal.
«El aumento de los dividendos es un reflejo directo de nuestros sólidos resultados financieros», dijo el director general de Pfizer, Albert Bourla, al anunciar que la empresa pagaría su 333º dividendo trimestral consecutivo en diciembre de 2021.
La patente, ¿«premio a la innovación» o «atraco del siglo»?
«En tiempos de pandemia, la patente genera escasez. Todo está orientado a optimizar el beneficio de los accionistas sin optimizar los beneficios para la salud pública», lamenta el investigador Marc-André Gagnon. Para justificar su negativa a suspender los derechos de propiedad intelectual, aunque sea temporalmente, el lobby farmacéutico señala el efecto de bola de nieve que esto tendría a mediano plazo. Como se trata de recompensar los esfuerzos de investigación y desarrollo (I+D) de las empresas, éstas renunciarían a invertir en el futuro, lo que iría en detrimento de la innovación y de los pacientes.
Así, las empresas llegan al más alto nivel de gobierno. Emmanuel Macron lo reconoció al asumir la presidencia del Consejo de la UE (Unión Europea) el 19 de enero: interrogado al respecto por la eurodiputada Manon Aubry (La France insoumise), el jefe de Estado dijo que «Francia estaba a favor [de la patente libre – nota del editor]. Es fácil para Francia estar a favor porque hoy no tenemos ninguna patente, porque los fabricantes franceses no han encontrado una vacuna.» El laboratorio Sanofi, por ejemplo, sigue buscando…
Entonces Emmanuel Macron dijo que entendía el rechazo de «nuestros vecinos [que] nos ayudaron a vacunar y [que] tienen industriales que poseen propiedad intelectual, (…) una remuneración justa por una innovación». Es una referencia a Alemania, el país de los patrones de BioNTech, el socio de Pfizer en la búsqueda de una vacuna.
El presidente francés afirmó entonces que la patente no era un obstáculo para la capacidad de producción de vacunas, echando por tierra cualquier esperanza de una posición común europea a favor de suprimirla. Consternante, para Sandra Lhote-Fernandes, de la ONG Oxfam. «Este rechazo es injustificable», afirma. Los laboratorios se aprovechan de su monopolio y obtienen enormes beneficios con el dinero público.»
«¿Premio a la innovación» o «atraco del siglo»? Hay dos puntos de vista opuestos. En lo que respecta a Moderna, la respuesta es clara: «La gran mayoría del esfuerzo de investigación atribuido a Moderna sobre la vacuna Covid-19 fue de hecho asumido por las autoridades públicas, que podrían haber exigido a cambio, al menos, que la empresa aumentara la capacidad de producción, lo que habría permitido una reducción global de los precios de las vacunas», argumenta Pauline Londeix, militante por un acceso justo a los medicamentos y artículos sanitarios.
Indirectamente, Pfizer se vio beneficiada por el apoyo público
El director general de Pfizer, Albert Bourla, muestra su orgullo tras haberse liberado de la llamada operación «warp speed», «velocidad del relámpago», una asociación público-privada creada por la administración Trump para acelerar el desarrollo, la fabricación y la distribución de las vacunas Covid-19. Da a entender que el hecho de haberse separado del gobierno le habría permitido escapar de la burocracia y avanzar aún más rápido que la velocidad del rayo.
Foto: Contrainformación.
Por un lado, la primera inyección de la vacuna Covid-19 autorizada en Francia fue efectivamente un producto de Pfizer: Mauricette recibió su dosis delante de las cámaras de la televisión el 27 de diciembre. Pero las entregas de su competidor Moderna llegaron el 11 de enero, apenas tres semanas después del lanzamiento de la campaña de vacunación en el Viejo Continente.
Por otro lado, aunque Pfizer afirme que «asumió exclusivamente los costos de desarrollo y producción de la vacuna, sin contar con subvenciones públicas o privadas», en realidad, la empresa se benefició indirectamente del apoyo financiero de las autoridades públicas. Y, en realidad, dos veces. En primer lugar, gracias a un descubrimiento previo: Pfizer no descubrió el ARN mensajero, el elemento clave de su vacuna, sino que fueron los investigadores de la Universidad de Pensilvania quienes inventaron la tecnología capaz de fabricarlo.
Fue entonces la empresa biotecnológica alemana BioNTech la que creó la vacuna a partir de este descubrimiento de la investigación pública… Luego, le propuso una colaboración a Pfizer para disponer de la fuerza industrial esta última. BioNTech recibió hasta 375 millones de euros de financiación del gobierno alemán para el desarrollo de la vacuna, según el Financial Times. La Comisión Europea también dijo a Mediapart que había pagado 100 millones de euros a la empresa alemana para apoyar su investigación.
De hecho, la industria farmacéutica está subcontratando cada vez más la I+D a pequeñas empresas, y por tanto el riesgo. «Con este capital-riesgo desarrollado por las biotecnologías desde los años 80, se desencadenan dos ciclos de remuneración del capital: el de las start-ups y el de la empresa farmacéutica que desarrolla el medicamento, de ahí la tendencia inflacionista de los precios», analiza Maurice Cassier, sociólogo del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) y del Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et société (CERMES3) de París.
Además, en la fase posterior a la invención, los gobiernos pagaron cientos de millones de euros en concepto de anticipos cuando se firmaron los contratos de precompra. «Pfizer ya se benefició de las garantías del mercado con estos acuerdos de compra anticipada. Es otra forma de deshacerse del riesgo, con lo que la patente no está justificada», afirma el especialista en políticas públicas Marc-André Gagnon.
Al asumir un riesgo mínimo para obtener un beneficio máximo, Pfizer es el gran ganador de esta crisis sanitaria, ya que después de realizado jugosos beneficios gracias a la vacuna, ahora conquista el mercado curativo con la llegada de su medicamente que se ingiere en caso de infección por el Sars-CoV-2 para prevenir las formas graves de la enfermedad. Una vez más, Pfizer ha apostado por el caballo ganador.
El Paxlovid será el primer tratamiento contra el Covid-19 vendido en farmacias, bajo prescripción médica. «Los primeros pacientes franceses podrán ser tratados a partir del viernes 4 de febrero», afirma el Ministerio de la Salud, que se jacta diciendo que «Francia será el primer país de la Unión Europea en poner a disposición este medicamento».
Los Estados se lo disputan. Francia encargó 500.000 dosis por su cuenta, haciendo caso omiso de las negociaciones comunitarias iniciadas durante la pandemia en nombre de la solidaridad europea. Con esto basta para que la máquina de subir los precios funcione a toda velocidad.
Su precio debería acercarse al establecido en Estados Unidos, en torno a los 500 euros. Pero ni Pfizer ni el Ministerio de Salud aceptaron comunicar el precio establecido.
Foto de portada: U.S. Secretary of Defense / Creative Commons Atribución 2.0 Genérica.
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