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Deiaa Haj Yahia / La Intifada Electrónica
Viernes 28 de julio de 2023
Con más de 130 asesinatos solo este año, el crimen violento dentro de la comunidad palestina de Israel está alcanzando nuevos niveles y acaparando titulares.
Pero aunque la tasa de homicidios no tiene precedentes, la ola de crímenes ha tardado mucho tiempo en gestarse.
Mucho debe atribuirse a décadas de políticas estatales, específicamente en los últimos 20 años, que han afectado negativamente varios aspectos de la vida de los ciudadanos palestinos de Israel, ya sea socioeconómica, su marginación en la vida política o con respecto a su propia identidad nacional.
Generaciones de palestinos han sufrido discriminación oficial y un horizonte cada vez menor para un futuro mejor.
Esta marginación, que incluye la falta de fondos estatales para varios programas sociales y educativos, dejando tres veces más palestinos que judíos en la pobreza, la vigilancia presupuestaria en las áreas palestinas y las restricciones a la expansión del espacio vital, se remonta a la fundación del estado israelí durante la Nakba hace 75 años.
Este período incluye los casi 20 años de ley marcial impuesta a la comunidad de 1948 a 1966.
Esto ha permitido espacio para bandas criminales violentas. La ausencia de una presencia policial comprometida ha llevado a la pérdida de una disuasión, y las represalias sangrientas entre familias y entre organizaciones criminales se han sumado a la mezcla, contribuyendo a un estado general de inseguridad.
Es desde aquí que han llegado los 2023 asesinatos de 131.
El arma sin licencia
Muchos líderes y políticos de la comunidad palestina datan el surgimiento del aumento de la violencia y el crimen al inicio de la segunda intifada en 2000, durante la cual 13 jóvenes ciudadanos palestinos murieron en enfrentamientos con la policía por la visita del entonces líder de la oposición israelí Ariel Sharon a la mezquita de al-Aqsa en Jerusalén oriental ocupada.
Una investigación israelí descubrió posteriormente que la policía había hecho un uso excesivo de la fuerza.
Quedó claro que el gobierno israelí, que se remonta a los primeros 20 años de existencia de Israel, cuando los ciudadanos palestinos vivían bajo la ley marcial, todavía consideraba a la comunidad palestina una amenaza nacional. Hubo varias declaraciones de altos funcionarios de seguridad e inteligencia israelíes en este sentido, incluido el entonces jefe de la agencia de inteligencia nacional de Israel, el Shin Bet, Avi Dichter:
«Pagarán un alto precio por las protestas. ¿Y tú? ¿Qué pasa con Cisjordania y al-Aqsa? Llegará un momento en que te dejarán a tu suerte».
Esta alienación del Estado, lo que el grupo de derechos legales Adalah describe como el tratamiento de los ciudadanos palestinos como «extranjeros enemigos», todavía está en juego hoy en día.
Recientemente, en junio, Mohammed Barakeh, presidente del Alto Comité de Seguimiento para los Ciudadanos Árabes de Israel, una organización paraguas, culpó directamente al gobierno israelí por hacer la vista gorda.
«El gobierno es responsable de lo que está sucediendo y es negligente en la lucha contra el crimen desenfrenado en las comunidades árabes», dijo Barakeh.
Los grupos del crimen organizado no eran un fenómeno notable en la comunidad palestina antes de 2000. Las actividades delictivas se limitaban principalmente a las disputas familiares.
Pero la presencia de armas de fuego sin licencia en grandes cantidades (estimadas en cientos de miles) tampoco era tan frecuente.
Muchas de estas armas de fuego parecen provenir de bases del ejército israelí, un próspero comercio ilícito reconocido por los políticos israelíes.
El fácil acceso a armas de fuego sin licencia es una de las principales causas del aumento de la delincuencia, exacerbado por una presencia policial ineficaz y negligencia social. Y el fácil acceso a las armas ha intensificado los conflictos familiares, así como los conflictos entre pandillas y organizaciones criminales.
Delincuencia organizada
Los datos indican que la gran mayoría de los asesinatos en la comunidad palestina desde 2000 se cometieron con armas de fuego.
Además de la presencia generalizada de armas sin licencia en grandes cantidades, otro factor importante que contribuye es el hecho de que la policía no detenga a los delincuentes en casos de homicidio dentro de la comunidad. Los datos muestran que sólo alrededor del 20 por ciento de los asesinatos en la comunidad palestina se han resuelto desde 2000.
Por el contrario, dentro de las comunidades judías, la tasa de éxito en la detención de criminales y la resolución de asesinatos es de más del 70 por ciento.
Esta disparidad demuestra un doble estándar en el enfoque que la policía adopta para las dos comunidades.
La abundancia de armas y la escasez de policías han dejado a los delincuentes conscientes de que si cometen un delito, es poco probable que sean arrestados. Esto, a su vez, ha exacerbado el fenómeno de los asesinatos por venganza, ya sea entre familias o pandillas. Las estadísticas indican que aproximadamente el 75 por ciento de los homicidios están motivados por la venganza.
En efecto, el gobierno israelí ha hecho la vista gorda a las organizaciones criminales palestinas, permitiéndoles prosperar en la comunidad y participar en actividades como el tráfico de armas y drogas, así como en operaciones en el mercado negro de bienes robados.
Un punto de inflexión importante se produjo en 2003 cuando hubo un esfuerzo concertado para desmantelar las organizaciones criminales judías, que entonces se consideraban las más peligrosas.
Después de una campaña que duró años, la policía asestó un golpe significativo a las organizaciones criminales judías. Pero esto dejó vacante la arena criminal y creó un vacío para las actividades criminales que luego fue llenado por sindicatos del crimen y pandillas palestinas.
Hoy en día, las organizaciones criminales palestinas están en su apogeo, como resultado de las políticas israelíes que les han otorgado efectivamente el control sobre las autoridades locales y les han permitido imponer el terror en las calles de ciertas ciudades palestinas.
Estos sindicatos del crimen han creado sistemas económicos alternativos para un floreciente mercado negro y para permitir el lavado de dinero. También han ganado el control sobre los recursos de muchas autoridades locales palestinas.
En consecuencia, las organizaciones criminales se han convertido en una fuerza económica significativa, amenazando a cualquiera que se interponga en su camino. Mientras tanto, la policía israelí y los sucesivos gobiernos siguen siendo espectadores, y en ausencia de un elemento disuasorio oficial, se crea un vacío de poder, lo que lleva a conflictos por el control territorial entre estas organizaciones criminales.
Discriminación oficial
En última instancia, todo esto es posible gracias a décadas de políticas estatales que marginan a los ciudadanos palestinos, incluso en el sistema educativo, las instituciones de bienestar, el empleo y la infraestructura.
El Estado gasta más en estudiantes judíos que en estudiantes palestinos. En el nivel de la escuela secundaria, esta discrepancia es de más de $ 2,000 por estudiante anualmente.
Un asombroso 45 por ciento de las familias palestinas viven por debajo del umbral oficial de pobreza en comparación con el 13 por ciento de las familias judías.
Según el informe del contralor estatal para 2022, el 29 por ciento de los jóvenes palestinos no trabajan ni reciben educación.
Una parte significativa de los jóvenes árabes no ingresan al mercado laboral debido a la falta de oportunidades de empleo de calidad, lo que los hace vulnerables a caer en una vida de crimen y violencia.
Además, la comunidad palestina ha sido claramente marginada cuando se trata de asignaciones presupuestarias para los jóvenes, como la creación de campos deportivos o la creación de parques públicos. Estas oportunidades son escasas en la comunidad árabe debido a los presupuestos limitados.
Luego está el espacio vital, donde la falta de planes de desarrollo municipal y la consiguiente falta de fondos han dejado a los centros de población palestinos casi congelados en tamaño, lo que impide que la población se expanda.
Las intenciones guían las acciones y los resultados en la vida, y la intención de la policía y los gobiernos israelíes no es promover los intereses de la comunidad palestina de Israel.
Más bien, los organismos oficiales israelíes parecen ver a la comunidad como una entidad fragmentada cuyo problema de delincuencia no es una amenaza para la seguridad de la sociedad judía israelí y, por lo tanto, no es una prioridad.
Sólo hay que mirar los recursos gastados para recuperar a seis prisioneros palestinos de la ocupada Cisjordania que habían escapado de la prisión de Gilboa.
Cuando el crimen ocurre con ciudadanos palestinos como víctimas, no hay un nivel comparable de preocupación o esfuerzo.
Desde 1948, la policía ha mostrado poco interés en abordar las cuestiones de la violencia y la delincuencia en la comunidad palestina.
Su propósito principal es servir al sector judío, y esa creencia es lo que gobierna el comportamiento tanto de la policía como del estado. No se puede lograr un progreso genuino sin cambiar las creencias que impulsan las políticas israelíes.
* Deiaa Haj Yahia es una periodista palestina con sede en Taybeh.
Imagen: Las mujeres se manifiestan en Tel Aviv el año pasado contra las políticas estatales israelíes sobre el aumento de las tasas de criminalidad en las comunidades palestinas. | Foto: Heidi Levine / La Intifada Electrónica.
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