Cada año, cientos de guerrerenses llegan a Guanajuato para la pizca de chile; trabajan en condiciones extremas, reciben salarios ínfimos
Agustín Galo Samario / SomosMass99
León, Gto. / 11 de agosto de 2014
La pizca de chile es un trabajo extenuante, mal pagado y en los municipios donde se lleva a cabo esta actividad agrícola se violan cotidianamente los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y adultos. Una labor reservada para los que no tienen nada, cuya marginación y desesperanza se trasladan durante dos meses a Guanajuato.
Vienen principalmente de La Cahuañaña, Cochoapa, y de Tlapa, demarcaciones de la Montaña de Guerrero. Allá donde a pesar de poseer tierras, no hay para comer. Después de pasar por los campos agrícolas de Tequesquitlán, San Lucas y Pino Suárez, en Jalisco, llegan a Guanajuato. Son dos mil 500 personas, de acuerdo a información difundida por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de los que tan sólo a la comunidad de El Jagüey, en León, arribaron 300 jornaleros en 2013 y 400 en este 2014.
Es un recorrido que hacen cada año miles de jornaleros originarios de la Montaña de Guerrero. Un viaje que los aleja de sus casas durante nueve meses, y que desde el 2011 los trae a la pizca de chile en los municipios de León, San Francisco del Rincón, Purísima, Silao, Romita y Manuel Doblado.
Son mixtecos, o Tu’un Isavi, en su propio idioma. Los encontramos en Barretos, en León, en casas a medio construir y hasta en bodegas donde se alojan hasta 30 personas, que pagan rentas de 800 pesos y más al mes.
“Regresamos (a Guerrero) para la fiesta de la muerte”, dice Pablo Ponce, un hombre que aparenta poco más de 40 años aunque no sabe su edad exacta, y que viene al frente de una familia de nueve integrantes: los niños y niñas Ricardo Calvo y Estela Ponce de cuatro años, Samuel Ponce de 8 y Vicente Castillo de 12; Quirina Moreno y Carlos Ponce, de 22; y Felipe Ponce y Guadalupe Peñafort García, que no recuerdan sus edades. En la montaña se quedaron dos hermanos y la abuela, “de 80 o cien años”.
“Llevamos dos meses. De aquí nos vamos a San Gabriel (municipio de Jalisco); luego nos regresamos” a Guerrero, añade don Pablo. Su hijo Carlos lo secunda, para explicar que cuando dicen que regresarán para la fiesta de la muerte, se refieren al 2 de noviembre, Día de Muertos.
Con un hablar claro y preciso en español, sin dejar de dirigirse a sus familiares en mixteco, Carlos relata que regresó a la pizca de chile porque no ha tenido más opciones. Logró terminar sus estudios de preparatoria en la Casa de los Niños, de la ciudad de Guadalajara. La falta de recursos económicos lo obligó a regresar con su familia y a unirse otra vez a la caravana interminable de jornaleros, frustración por no poder estudiar y, a la vez, todavía con el sueño de cursar una carrera relacionada a las matemáticas, que “son lo más fácil” porque “son sólo números”.
Por lo pronto, Felipe parece estar satisfecho de sus habilidades para la pizca. Con él coincide Guadalupe, aunque ella por su edad no cosecha sino que se une al cuidado de los niños más pequeños o bebés y a hacer la comida. Porque en una sola jornada -que se cancela si hay lluvia o se reduce si las precipitaciones fueron por la noche o madrugada- puede llenar 20 arpillas o costales de chiles, que el capataz les paga en 10 pesos cada una. Son 200 pesos que no obtendrían en su tierra y que les sirve para comer, lo único que buscan.
Más lejos, de ser necesario
Gregorio Ramón y su familia de 30 miembros llegaron desde el 1 de junio y también se van en agosto. Ellos son de Tlapa, también en La Montaña. Ahí siembran milpa para su subsistencia. Todos, propietarios de sus tierras. Algunos con más de tres hectáreas. “Pero no dan”. “Queremos vivir mejor, tener para ver la televisión, tener nuestras cosas”.
Su esposa Alejandra Gallardo tiene 23 años y tres hijos: Sergio de 2, José Ernesto de 4 y Leticia de 7. Busca lo mismo, un futuro sin tantas precariedades. En los campos agrícolas de Jalisco y Guanajuato, porque aunque le gustaría irse a Estados Unidos no lo hace “porque no dejan pasar” y “dicen que cada año es más peligroso”. Aquí, en cambio, “los del gobierno ayer nos regalaron despensas. Y (en los campos) donde trabajamos nos dieron unas cobijas, pero no hace frío”.
Ahí mismo, por el camino de tierra se acerca Fidel Primo, otro de los integrantes del clan. La diferencia es que él sí intentó cruzar la frontera norte. En junio del año pasado llegó hasta Agua Prieta, Sonora. Cuando intentó pasar la línea fue detenido por la Policía Fronteriza. Quería llegar a Alabama, a la pizca de algodón. A los 24 años no se desanima, asegura que lo volvería a intentar, no importa que esté lejos de su familia y a pesar de haber pasado tres meses en un centro de detención.
Nacido en el Rancho Guadalupe, añade que lo que busca “es trabajo para comer, para mis hijos, comprar medicinas”. Por eso está aquí, y explica que el capataz, del que sólo da el nombre de Maurilio, es quien los contrata para trabajar en Barretos y en los campos agrícolas de Jalisco. A los miembros de su familia les paga entre 12 y 15 pesos la arpilla, aunque no sabe decir por qué es la diferencia.
Sólo que anden con uno
Ramón González Ríos, uno de los empresarios agrícolas de Barretos, en León, posee cien hectáreas de terrenos, 15 propias y 85 rentadas para la siembra de chile. Cada una produce 50 toneladas que, a través de un intermediario, las comercializa en las centrales de abasto de distintas partes del país, principalmente en los estados de México, Puebla y Aguascalientes.
Entrevistado a unos metros de donde se encuentran sus plantaciones, dice que para producir una tonelada debe invertir 130 mil pesos. Incluyen todo, el salario de los jornaleros –asegura que entre 200 y 250 en total, aunque entre los mismos campesinos y voluntarios sociales de algunas universidades se asegura que son cerca de mil-, fertilizantes, agua, luz y combustibles.
Comenta que en sus campos sólo hay campesinos de Guerrero, porque “aquí en Guanajuato no hay quien haga este trabajo”. “Hay un capataz que los contrata, un contratista por así decirlo”. “Se les paga por arpillas, a la razón de un peso por kilo. Es decir, 28 pesos por cada una”, afirmación que no coincide con los 10 o hasta 15 pesos que informan los jornaleros, cosa que rechaza aunque no atina a dar una cifra precisa porque “todo depende del chile que sea, si es serrano, si es jalapeño. De ahí se amarra el precio”.
Incluso, “no puedo asegurar a una persona porque, una, no traen papeles, no traen documentación para asegurarlos. Y, la otra, es que vienen y se van, o sea, están llegando y se están yendo. No hay una seguridad para asegurarlos (sic)”. Lo que sí, continúa, es que por aquí “andan los del DIF. Unas personas de la Ibero que andan como haciendo su servicio social, que andan ahí cuidando a los niños. Además vinieron los de la Secretaría del Trabajo, pero nada más a ver que no anden los niños trabajando”.
Según sus palabras, hasta el pago de un peso por kilo de chile llega su responsabilidad. Porque a pesar que responde con un sí en seco cuando se le dice que sí hay menores de edad que trabajan en sus tierras, que personal de algunas dependencias gubernamentales, municipales, estatales y federales “les han dado despensas, les han dado cobijas. Es más, creo que ahorita andan por ahí. También los de Sedesol, creo que les van a dar una tarjeta, dinero, un apoyo o algo”.
Tampoco acierta a decir con claridad qué sucede si alguno de los jornaleros que trabajan en sus tierras, o sus hijos, sufren un accidente: “No sé, pues se les debe dar el apoyo que es (…) Pues se le pagan los gastos, se remunera a los papás”. “A lo mejor se les apoyaría si es gente que anda con uno trabajando, en el trabajo. Pero no, ahí al que le tocaría es al que anda con ellos (el capataz)”.
Pero ni eso, Maura, de alrededor de 25 años, cuenta que a mediados de julio, en El Jagüey, su hija de apenas un año 10 meses fue atropellada frente a la bodega donde pernoctan. Pero el chofer de la camioneta que les vende las tortillas “no quiso hacer nada. Terminó regañándonos porque dice que nosotros tenemos la culpa; nos dijo que nos iba a denunciar si hacíamos algo”.
Miembros del Centro de Desarrollo Indígena Loyola de León, dedicado a la protección de los derechos de los indígenas, se encargó de trasladar a la pequeña al Hospital General, donde los médicos corroboraron que sólo recibió golpes contusos. Lo mismo ocurrió ese mes con el niño Edwin, de tres años, pero esta vez fue el chofer del camión que vende víveres a los guerrerenses el que evadió toda responsabilidad. El pequeño fue atendido de escoriaciones en el mismo nosocomio.
No obstante, para Ramón González Ríos las preocupaciones son otras. “Estamos recuperando un 60 o 70 por ciento de la… ha llovido mucho, ha habido muchos problemas. Estamos perdiendo dinero este año, estamos en números rojos”, afirma enfático, mientras resalta que “las pérdidas las absorbemos nosotros” porque no reciben apoyos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ni de la estatal Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SDAyR).
Sin derechos, sin nada
Basta una visita a la comunidad de Barretos para descubrir que los jornaleros viven en hacinamiento, insalubridad y falta de servicios básicos. Las bodegas y casas que rentan no cuentan con nada. Una situación para nada desconocida para las autoridades de todos los niveles. La imagen es de menores y adultos que salen de los lugares donde pasan las noches para ir a la pizca. Ahí, los niños y niñas de entre nueve y 11 años ayudan al cuidado de sus hermanos, sobrinos o primos de menor edad mientras los demás se introducen a los verdes campos, aunque no falta el pequeño o la pequeña que recibe lecciones de sus mayores para sumarse al trabajo a pleno sol.
La coordinadora del área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isabel Margarita Nemecio, denunció en 2013 que los gobiernos de Guerrero y Guanajuato han mostrado indiferencia y apatía ante los problemas que enfrentan los migrantes jornaleros. Puso como ejemplo el caso de Tiburcia Zenaida, niña de 8 meses de edad, que murió suelo guanajuatense sin tener ninguna ayuda de las autoridades, situación que calificó de “indignante”. Este año no es tan distinto, además de los infantes atropellados, hubo dos más que fallecieron, según reportes de la prensa nacional.
Mientras, y antes de que partieran los jornaleros hacia Jalisco, empleados del Sistema Municipal del DIF León los visitaron en la comunidad de Barretos. Maurilio, el capataz que trabaja con ellos y que escapa minutos después cuando se percata que ha llegado un reportero que intenta hablarle, elabora la lista de los que recibirán una cobija y ordena que hagan una fila.
Luego dos mujeres del DIF copian el listado y hacen pasar a cada jornalero, que al recibir su cobija debe firmar y, si no sabe hacerlo, le piden estampar su huella digital en el papel para que no vuelva a formarse para conseguir otra. Así, en un día, reparten 260 cobijas, incluida la de Maurilio.
Es lo único que reciben. Antonino González, también capataz, se preocupa de la situación de sus paisanos y de él mismo. Cuenta que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través del programa de Jornaleros Agrícolas, entregó en 2013 alrededor de 800 tarjetas cada una con 1800 pesos para apoyo a los campesinos. El problema fue que no sirvieron, nadie pudo cobrar el dinero, ni en Banamex en Jalisco ni en Bancomer en Guanajuato. “Siento que la tarjeta no vale. Es lo más falso”.
Ya no están aquí, en estos días trabajan en Jalisco. Pero volverán a Guanajuato en 2015. No tienen de otra.
Fotografía: Gerardo M. García / SomosMass99
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