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Redacción / SomosMass99
Acapulco, Guerrero / Martes 10 de abril de 2018
- Los opositores a la presa La Parota denunciaron haber sido torturados luego de ser detenidos
La juez Isis Peralta Salvador, que lleva el caso de los 25 detenidos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), ordenó a las autoridades penitenciarias del Cereso de Acapulco respetar sus derechos al trato digno, al agua, a la salud y establecer condiciones adecuadas en su internamiento, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
A través de un comunicado, la organización explicó que la determinación de la juez se dio tras cuatro días de audiencias de ejecución penal en las que se verificó la situación en que se encuentran los integrantes de la CECOP.
Los detenidos, entre ellos el vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y su hermano Vicente. fueron recluidos en ese Centro Regional de Readaptación Social luego del operativo implementado el 7 de enero de este año en el poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, en el que participaron más de cien policías estatales y elementos del Ejército.
La primera audiencia se efectuó el 3 de abril con la presencia de nueve de las personas privados de la libertad, en la cual abogados del Centro Tlachinollan relataron ante la juez de ejecución, Isis Peralta Salvador, violaciones a los derechos humanos consistentes en la restricción de la visita familiar y de sus abogados, a la comunicación con el mundo exterior, la falta de atención a la salud, a la alimentación adecuada y el aislamiento injustificado que sufren los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz.
Para el 4 de abril, segundo día de las audiencias, el Cerereso de Acapulco y las autoridades estatales interpusieron un recurso de nulidad argumentando que las alegaciones de violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad no se habrían hecho conforme a la ley en la materia. La defensa manifestó, a su vez, que las violaciones denunciadas eran caso urgente pues muchas de ellas ponen en riesgo la salud, la dignidad y la vida.
Por ejemplo, el caso de una persona adulta mayor con diabetes crónica, otros más que durante la detención fueron torturados y que por falta de tratamiento médico adecuado están perdiendo la vista como es la situación de los señores Asunción Santos Bailón y Juan Suástegui Valeriano, de 70 y 85 años de edad, respectivamente. También el de los hermanos Vicente y Marco Antonio, quienes desde el 10 de enero sin justificación alguna fueron sometidos a un aislamiento en una celda oscura de la que no les permiten salir al grado de que allí reciben sus alimentos y visitas. Por estas razones la defensa argumentó que era improcedente la nulidad y la juez estaba obligada a continuar las audiencias para verificar los casos urgentes que presentan los detenidos.
La juez Isis Peralta Salvador declaró improcedente la nulidad presentada por las autoridades y resolvió continuar con las audiencias para verificar los casos urgentes de afectaciones a la salud, la vida y la dignidad de los detenidos. Para la audiencia del día 4, en consecuencia, resolvió que Marco Antonio Suástegui debe ser reubicado en una celda con condiciones dignas y tener espacios de esparcimiento como el resto de las personas privadas de la libertad.
En la audiencia del día 5 el debate se centró en las condiciones de internamiento que viven 23 personas privadas de su libertad, que se encuentran en otra área y que sufren hacinamiento, además de que no les provee de agua para beber, a cuya audiencia acudieron ocho de ellos. En esta ocasión la juez resolvió ordenar al Centro de Reinserción Social generar las condiciones de internamiento dignas para las personas privadas de su libertad, dotarles de suficiente agua para beber contando con un mecanismo de supervisión entre la defensa y el centro en relación al suministro de agua.
El viernes 6, último día de audiencias, con la presencia de otras ocho personas privadas de su libertad, la juez resolvió en el mismo sentido, una vez que escuchó que presentan los mismos problemas. Esta última sesión se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Cerereso y no en una sala de audiencias como ocurrió en las tres anteriores.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan celebró que en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y con la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal sea un juez de ejecución quien vigile y supervise los derechos de las personas privadas de su libertad así como las circunstancias de internamiento, infraestructura, salud y alimentación en los penales.
Sostuvo que los sistemas penitenciarios son una piedra angular en el Sistema de justicia, pero es el rubro donde se presentan graves violaciones a los derechos humanos de las personas ahí recluidas. La falta de respeto a los derechos y las leyes por parte de las autoridades, así como la concepción de un derecho penal de autor que ve en la persona privada de la libertad como enferma que requiere un tratamiento, tiene hoy en día en una situación de colapso a los penales.
Este tipo de audiencias cobran relevancia en la aplicación de la nueva ley de Ejecución Penal que enmarca el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, no interfiriendo ni teniendo valor alguno dentro del proceso que se les ha imputado a los 25 del CECOP, detenidos arbitrariamente el 7 de enero luego de un lamentable enfrentamiento ocurrido en la madrugada en el cual ocho personas perdieron la vida. Ese día, al iniciar la tarde, durante un operativo conjunto de policías estatales, ministeriales, federales y efectivos del Ejército habrían sido ejecutados extrajudicialmente por policías estatales tres integrantes del CECOP y policías comunitarios.
Fotos de portada e interiores: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
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