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Ayutla de los Libres, Gro. / Jueves 9 de marzo de 2023
El primero de marzo de este año, el Juez Segundo de Distrito del Estado de Guerrero dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión y destitución del cargo contra Hugo Humberto García de León, sargento segundo de infantería del ejército mexicano por los delitos de tortura, violación, robo y allanamiento de morada cometidos en agravio de Inés Fernández Ortega, indígena Me´phaa de Barranca Tecuani municipio de Ayutla de los Libres Guerrero.
El 22 de marzo de 2002 Inés Fernández Ortega, se encontraba en su casa con 4 de sus hijos preparando agua fresca dentro de su cocina. De manera intempestiva irrumpieron elementos del ejército mexicano en su domicilio. Con armas en la mano la interrogaron preguntando por su esposo y cuestionándole dónde había robado carne que se encontraba tendida en su patio. Al no contestar Inés fue golpeada y sufrió tortura sexual. Los militares se robaron la carne de res que tenía tendida en el patio de su casa.
Inés junto con su familia iniciaron un camino en busca de justicia. Acudieron al Ministerio Público y a los centros de salud de Ayutla de los Libres sin que nadie la atendiera. Tuvieron que acompañarla organizaciones sociales y de derechos humanos para que recibieran la denuncia, a pesar de este acompañamiento ninguna autoridad dio una respuesta diligente, por el contrario, las investigaciones quedaron en manos del Ejército negándole cualquier información.
Ante la imposibilidad de impugnar el actuar de la justicia militar, Inés Fernández Ortega acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana donde por primera vez fue escuchada y respetada su palabra. En el mes de agosto 2010 el Tribunal de las Américas dictó sentencia contra el estado mexicano condenándolo por haber violado los derechos de Inés y su familia, y obligándolo a sancionar a los responsables y a reparar de manera integral los daños.
En estos 21 años de lucha, Inés Fernández se enfrentó a múltiples actos de discriminación por su etnicidad, vulnerabilidad económica y por su género, pese a ello continuó su lucha y buscó proteger a sus siete hijos. Inés caminó varias horas con su esposo Fortunato y su familia para denunciar estos hechos ante el Ministerio Público.
Recibió constante burlas porque hablaba Me’ Phaa y ha luchado durante dos décadas para que las autoridades judiciales de nuestro país la escuchen en su lengua materna y la respeten como persona con plenos derechos.
En lugar de protegerla, se permitió que el ejército asediara su domicilio y presionara a las autoridades de su comunidad para que Inés dejará de denunciarlos. Asesinaron a su hermano Lorenzo y constantemente mataban a sus animales. La corte interamericana le otorgó medidas provisionales ante los riesgos inminentes de ser privada de la vida junto con su familia.
Hasta la fecha continúa con esta medida por la violencia que impera en la región y los casos de feminicidio que se han consumado contra mujeres indígenas. El control territorial impuesto por el ejército, como parte de su estrategia de contrainsurgencia, somete a las comunidades indígenas que se organizan de manera autónoma y representan una amenaza contra las mujeres, porque no se castiga a los militares que violan los derechos humanos.
La sentencia emitida por el Juez segundo de Distrito le da la razón a Inés y reivindica su palabra. Esta resolución incorpora los principios para juzgar con perspectiva de género, para valoración en su justa dimensión las pruebas en casos de violencia contra las mujeres, toma en cuenta la intersección de discriminaciones que sufre la mujer indígena y las relaciones asimétricas que existen frente a las autoridades militares que las agreden.
Después de 21 años Inés rompió el muro de la impunidad y pudo acceder a la justicia. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolllan en conferencia de prensa reconoció» la honorabilidad y el valor de Inés que pese a las amenazas y todo el sufrimiento que padeció al lado de sus hijos, nunca guardó silencio».
La sentencia del Juzgado Segundo de Distrito llega después de dos décadas, en un contexto donde al ejército mexicano se le dota de un marco jurídico que le permite asumir tareas de seguridad.
El caso de Inés muestra con nitidez lo que ocurre cuando las fuerzas armadas asumen tareas de seguridad pública y no tienen controles civiles que le obliguen a rendir cuentas. En el presente caso la persistencia de Inés y el acompañamiento de organizaciones sociales y de derechos humanos hicieron posible que se condenara al militar que mansillo la dignidad de Inés Fernández Ortega.
Con información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
* Cimacnoticias es una agencia multimedia especializada en periodismo con Perspectiva de Género.
Fotos de portada e interiores: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
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