SOMOSMASS99
Oscar Alzaga*
Jueves 9 de marzo de 2023
La primera semana de marzo la derecha empresarial -de la oligarquía- logró llevar la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que sea el árbitro de esta lucha política entre la derecha y la democracia, y que sea poder judicial quien decida dar la razón a el INE y los que están detrás, o a AMLO, su gobierno y el pueblo. Lo que ya es previsible: que la SCJN se incline por la oligarquía que está detrás de la derecha, el INE, PAN, PRI, PRD- Kimberly, Televisa, etc.
AMLO tiene prevista una concentración para el 18 de marzo, como respuesta a “la marcha rosa” del 26 de febrero que apoyó al INE y fue convocada por el PAN, PRI, PRD y demás. Ahora buscan adelantar el fallo de la SCJN, con el propósito de debilitar el gobierno de AMLO, antes del 18 de marzo.
La confrontación de la derecha empresarial vs. la democracia popular llega a un momento peligroso: ¿Quién gane la lucha “jurídica”, ganará la política?
El poder judicial que encabezan los ministros de la SCJN, se integra con los magistrados y los jueces. Después de 36 años neoliberales, o política de derecha empresarial, dejaron esta política en el poder judicial. No en todo, hay importantes excepciones, pero si en la mayoría y más en la cabeza. A los principales los reunió la ministra Norma Piña el 4 de marzo
En todos los niveles abrió la lucha la derecha, cuya cabeza es la oligarquía, la que nunca da la cara, porque se mueve a través de los medios, las cámaras patronales, comerciales e industriales, la banca, partidos, sindicatos e instituciones autónomas, etc. Es una oligarquía nacional e internacional, dueños de las principales empresas de México con proyección internacional. Su objetivo: el poder económico, político, social –la movilización popular- e ideológico –los medios.
Entonces vendrá otra “marcha rosa”, por un triunfo de la derecha que hasta ahora no ha tenido. El Ejecutivo y el Legislativo pueden impugnar el fallo de la SCJN pero la delantera ya está tomada, lo que hasta ahora no había logrado la derecha.
Es necesario que el pueblo y su parte más importante: las y los trabajadores, den la respuesta que merece la derecha. Según INEGI, a finales de 2022 la población económicamente activa estaba constituida por 60.1 millones de personas mayores de15 años; en la economía informal estaba el 55% (32.5 millones) y en la formal el 45% (27.5 millones). Con sus familias las y los trabajadores son la mayoría en el país, por lo que los gobiernos deben tener siempre una agenda política, social, laboral y sindical, igualmente, las y los candidatos de 2024. Nadie puede ignorar o menospreciar a la mayoría del país que produce la riqueza nacional.
En las conmemoraciones del 18 de marzo y el 1 de mayo los sindicatos y organizaciones sociales independientes, además de rechazar a la derecha, deben llevar sus propias demandas, no repetir a Morena o ir detrás de ella como algunos lo hacen, sino participar organizados y con alternativas y consignas propias. Sí, contra la derecha, pero también a exigir al gobierno que cumpla con la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, dado que que los derechos laborales y sindicales aún no se cumplen por todos los empresarios y las autoridades.
Los gobiernos -federal y estatales- se deben comprometer con las y los trabajadores y sus derechos, no solo AMLO. Muchos funcionarios y autoridades provienen de los gobiernos anteriores y son neoliberales, coinciden más con los empresarios y los charros que con las y los trabajadores. No se aplica la Constitución ni la Ley Laboral cuando ejercen la libertad sindical las y los trabajadores; prueba de ello es que tienen que recurrir al T-MEC o a las movilizaciones porque la STPS no permite el acceso a la justicia.
Vamos a rechazar a la derecha empresarial y a la oligarquía (los que nunca dan la cara, porque la oligarquía maneja medios y voceros) porque ellos quieren volver al pasado neoliberal que destruyó derechos sociales y laborales, la soberanía política y popular, la económica, bancaria, territorial y logró privilegios insultantes a base de sacrificar al pueblo para engrosar las arcas oligarcas y de los gobernantes e instituciones neoliberales autónomas (autónomas del pueblo y de la ley).
Los antecedentes de los poderes judicial y legislativo en Brasil, Argentina y ahora en Perú, en manos de los neoliberales
Recordemos que en Brasil con el poder judicial encarcelaron a Lula en 2017 y con el Senado destituyeron a la presidenta Dilma en 2016. En Argentina, en 2015, el poder judicial dejó acéfalo el gobierno de Cristina Fernández Kirchner y hoy, en Perú, ambos poderes destituyeron al presidente Castillo y la presidenta Dina Boluarte representa una dictadura: prohíbe todas las libertades y todo lo resuelve con represión a los trabajadores y al pueblo.
De 1982 a 2018 la derecha diversificó su influencia en los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), llevando el mando -a trasmano- la oligarquía empresarial dueña de las principales empresas, banca, servicios, comercios, etc. El PRI favoreció a la oligarquía con desenfreno y privatizaciones al mayoreo; el PAN, de origen empresarial y anti-cardenista (1939), llevó a la oligarquía al poder visible cuando Germán Larrea puso a su abogado privado –Gómez Mont- de secretario de Gobernación, el segundo cargo más importante del país. Mientras que con García Luna hacían un narco-estado para nadar en la corrupción los prominentes panistas.
En 1988 cuando el PRI ya no pudo hacer solo el fraude electoral, se apoyó en el PAN, la iglesia y Estados Unidos, y asumió abiertamente su postura contra: la Constitución, Revolución y el cardenismo, e inició su caída y muerte, y con él las centrales, sindicatos, CNC y CNOP. Hoy, el PRI, el PAN y el PRD ni juntos pueden sostenerse y se ponen al frente de ellos un empresario mediocre, el X González, un subordinado de Kimberly made in USA, y otro personaje peor, Lorenzo Córdova.
Desde 2006 y 2012 las y los trabajadores y el pueblo apoyan a AMLO; pero con gran ventaja desde 2018. Nadie como él ha impulsado las movilizaciones más grandes desde hace 50 años. No es un improvisado. Sí, pero también levantarán los y las trabajadores sus banderas propias, porque muchas demandas no logran respuestas legales y obligatorias de funcionarios del gobierno de AMLO. Y es lógico, porque muchos funcionarios actuales vienen de gobiernos neoliberales anteriores, sobre todo mandos medios que prefieren quedar bien con los patrones y charros que con los trabajadores o los sindicatos independientes.
En los gobiernos federal y estatales, ni todos son como AMLO ni llevan la misma política, más aún, hay varios que son contrarios o simuladores, gatopardistas, que vienen enmascarados de varios gobiernos neoliberales.
Es claro que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje actual (que sigue siendo el tribunal de justicia con mayor número de asuntos) es igual que la de los sexenios de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. No cambió. No se erradicó la corrupción del pasado y sigue siendo la Junta de protección patronal y del sindicalismo charro; gracias, Arturo Alcalde. El Centro Federal de Conciliación está concebido como independiente y de plena autonomía, se desempeña como subsecretaria de la STPS y dependiente de A. Alcalde, igual que la Junta Federal.
En la mayoría de las secretarias federales los mandos medios vienen del pasado y prevalecen sus criterios neoliberales. Cuando el 1 de mayo de 2019 se estableció la reforma laboral de libertad sindical, se abrió el registro de sindicatos menores inconformes con el charrismo prevaleciente pero dejando a este los sindicatos mayores, con el control de los contratos colectivos de trabajo (CCT) o condiciones generales de trabajo (CGT), las prestaciones, cuotas sindicales, lo cual es ilegal porque se crean trabajadores con derechos distintos y se institucionaliza la discriminación: los charros reparten prestaciones y derechos a su entero gusto y las autoridades de las secretarías lo permiten.
La reforma laboral Constitucional de 2017 y la reforma de la Ley Laboral de 2019, sobre la libertad sindical, han quedado más en el papel que en su aplicación. El acceso a la justicia laboral en los tribunales no cambia. En la mayoría de los sindicatos y centrales charras no se elige a los líderes por voto secreto, ni las negociaciones colectivas se aprueban por la mayoría, por voto secreto. Eso está a la vista de todos en la CTM y todas las centrales que vienen del PRI y en los sindicatos industriales de la misma procedencia.
La legitimación de los CCT, no llega ni al 10%, aunque se manipulen las cifras, y en algunas votaciones no haya autoridades que las supervisen y se deje a los charros plena libertad para manipular el control de la votación, como con los petroleros, el sindicato más corrupto de México. O el caso de General Motors, en que dos veces Tereso Medina suspendió la votación que no le favorecía, sin que hubiera autoridad que hiciera respetar la LFT.
Hacia el ejercicio pleno de la libertad e independencia sindical
Muchos líderes y trabajadores tendrán que aprender a ejercer la libertad sindical, pues la mayoría se acostumbró a seguir las indicaciones del PRI y sus gobiernos, de los empresarios y sus empleados de confianza. Ejercer la independencia sindical es no depender de ningún patrón, sea gobierno o empresario; de ningún partido, aún del mejor; de ninguna iglesia; etc. Solo dependerán los y las trabajadoras de sí mismos, de la voluntad mayoritaria de ellos, de su unidad y organización.
Los candidatos a elecciones de 2023 y 2024 deberán tener un programa y plan de acciones sociales, laborales y sindicales de frente a la clase social más grande de México. Prescindir de la clase trabajadora sería prescindir de la realidad a favor de la clase patronal. En esta coyuntura no podemos titubear ni retraernos, la contradicción AMLO vs. la derecha, es menos importante que la contradicción empresarios vs. trabajadores. Como en 1935 lo fue la contradicción Calles-Cárdenas, muy por debajo de la contradicción que en medio de la ola de huelgas ganaron las y los trabajadores.
* Abogado del Sindicato Minero y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), y la Asociación Internacional de Juristas Democráticos (AIJD).
Foto de portada: SomosMass99.
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