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Sergio Rodríguez Gelfenstein* / Voces en Lucha
Lunes 17 de abril de 2023
En la actualidad, se ha convertido en costumbre hablar de la expansión de la OTAN «hacia Europa del Este», que, aunque efectiva, es un concepto reduccionista. La verdad es que desde el fin del mundo bipolar, Estados Unidos, creyéndose el amo del mundo, ha utilizado a la OTAN para expandirse por todo el planeta. Prueba de ello es la firma del Tratado AUKUS (Australia, Reino Unido y Estados Unidos), la creación del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD) formado por Australia, India, Japón y Estados Unidos y la Alianza de Inteligencia Five Eyes (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia) como instrumentos de la expansión militar de la OTAN en Asia y Oceanía.
Lo mismo está sucediendo en América Latina y el Caribe, donde Estados Unidos está iniciando un agresivo plan de expansión en todas las latitudes y longitudes de la región. Las siguientes tres entregas proporcionarán datos para confirmar la afirmación anterior.
Al cierre del año pasado, Estados Unidos había instalado 12 bases militares en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia, 8 en Perú, 3 en Honduras, 2 en Paraguay, así como instalaciones de este tipo en Aruba, Costa Rica, El Salvador, Cuba (Guantánamo) y Perú entre otros países, al mismo tiempo que orienta su búsqueda para la cobertura total de la superficie terrestre y marítima de la región.
En aguas territoriales argentinas y en las Islas Malvinas, que fueron usurpadas por el Reino Unido, existe una presencia de la OTAN integrada en un sistema formado por bases en las islas de Ascensión, Santa Elena y Tristán da Acuña que «custodia» todo el Atlántico desde el norte hasta la zona antártica.
Según un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos citado por el portal venezolano Misión Verdad, desde mayo de 2022 el Reino Unido está formando un «triángulo estratégico de control» del extremo sur de América del Sur. Mientras que al sur de las Malvinas, los submarinos nucleares están operando. Además, «Francia y Estados Unidos organizan regularmente maniobras militares conjuntas en la región».
Durante los últimos años, y especialmente después de la llegada de Laura Richardson como jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en octubre de 2021, los niveles de interferencia agresiva de Washington en la región han aumentado ostensiblemente. Esto coincidió con la llegada al poder de Joe Biden quien ha implementado una política activa de sustitución del tradicional (y natural) protagonismo del Departamento de Estado en la actividad diplomática, que comenzó a ser ocupada por el Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional e incluso la CIA. Un número cada vez mayor de funcionarios de estos organismos ocupan puestos de embajadores en América Latina y el Caribe.
La estrategia de Estados Unidos apunta a fortalecer su presencia en la región. En perspectiva, el Atlántico Sur se ha vuelto particularmente importante dada su proximidad a la Antártida, que está regulada por un tratado que terminó en 1941, el Amazonas, la principal reserva de oxígeno y biodiversidad del planeta, y la triple frontera donde se encuentra el acuífero Guaraní, el depósito de agua más grande del mundo.
Esto es lo que da sentido a los intentos de Estados Unidos de restablecer la guerra fría en la región, esta vez contra China y Rusia. Esta lógica explica la decisión de instar a seis países latinoamericanos a donar su equipo militar ruso a Ucrania, excluyendo, por supuesto, a Cuba, Nicaragua y Venezuela de esta solicitud. Richardson advirtió que después de China, Rusia es el adversario número dos de Estados Unidos en la región, destacando el gran valor estratégico de la región para su país.
El general estadounidense ha llamado a China un «actor estatal maligno» después de que 21 de los 31 países de la región se hayan unido a la iniciativa china Belt and Road, al mismo tiempo que ha aumentado la inversión de Beijing en infraestructura crítica como puertos de aguas profundas, investigación espacial o telecomunicaciones, con redes 5G y la compañía Huawei.
Richardson destacó el papel «protector» que jugará Estados Unidos en la región porque ser buenos vecinos significa «cuidarse unos a otros» lo que «obliga» a Washington a hacerse cargo de luchar contra las redes del crimen organizado involucradas en la trata de personas, el contrabando de drogas, la tala no regulada y la minería ilegal y especialmente «porque es una región rica en recursos y tierras raras». con el llamado Triángulo del Litio que tiene el 60% de las reservas mundiales (en Argentina, Bolivia y Chile), un metal muy necesario para la tecnología».
De la misma manera, Richardson ha dicho que Estados Unidos está interesado en el petróleo (dadas las grandes reservas que se encuentran en Guyana y las más grandes del mundo en Venezuela), así como en el cobre y el oro en la región, y que Estados Unidos también está preocupado por el hecho de que el oxígeno y el 31% del agua dulce de la Tierra se encuentran en la Amazonía. Por todas estas razones -según ella- China, que se ha convertido en el principal socio comercial de varios países de la región, debe mantenerse a distancia.
Esta lógica es parte de la estrategia de «disuasión integrada» de los Estados Unidos, una forma renovada de la Doctrina de Seguridad Nacional que propone reunir bajo el liderazgo del Pentágono «todas las capacidades civiles y militares de los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y la academia de los Estados Unidos y todos sus aliados».
En la XV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas celebrada en Brasil en julio de 2022, el secretario de Defensa Lloyd Austin presentó esta estrategia a sus pares de la región. Dos meses después, en septiembre, Richardson insistió en ello ante 14 jefes militares en la Conferencia de Defensa Sudamericana.
El interés de los Estados Unidos tiene una perspectiva regional basada en la necesidad de su control desde hace 200 años cuando se enunció la Doctrina Monroe. Pero en la perspectiva global, las fuerzas armadas latinoamericanas constituyen un potencial combativo que no puede ser subestimado. En 2018, Brasil tenía 334.000 militares activos, Colombia tenía 200.000 y Argentina tenía 51.000.
La OTAN tiene 3,5 millones de personal militar y civil activo. Según el grupo de expertos CELAG, solo Brasil y Colombia contribuirían con más activos a la OTAN que los miembros europeos anexados en la década de 1990. En este sentido, vale la pena hacer una comparación, considerando que Argentina, por ejemplo, tiene activos similares a los de Bulgaria (24.800) y República Checa (25.000) juntos.
Para comprender mejor esta situación y la intensa actividad imperial para controlar el espacio latinoamericano y caribeño, vale la pena revisar la forma en que la intervención de Estados Unidos y la OTAN se ha ido materializando en algunos países de la región:
Paraguay
El Plan Maestro para la Navegabilidad del Río Paraguay es una iniciativa del gobierno paraguayo para «maximizar el uso de esta vía navegable», pero fue el embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, quien hizo el anuncio. La obra está siendo apoyada por capital estadounidense y se llevará a cabo gracias a los servicios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que generó gran preocupación en Argentina, que considera que tal decisión significará un control del territorio por parte de fuerzas extranjeras. Huelga decir que la importancia del área, que forma parte de la Cuenca del Plata, la quinta reserva de agua dulce más grande del mundo en términos de extensión, es obvia.
Asimismo, Washington no cesa en sus intenciones de larga data de instalar una base militar en la Triple Frontera (Argentina-Paraguay-Brasil), con la excusa de combatir el terrorismo internacional y el narcotráfico. En este contexto, los intentos de militarizar la región y cambiar las «reglas del juego» para que Estados Unidos pueda establecer territorios bajo su control permanente son considerados extremadamente peligrosos en Argentina. Del mismo modo, algunos líderes políticos locales han expresado su preocupación de que su región esté siendo arrastrada a una lógica de confrontación entre Estados Unidos y China.
Aunque el gobierno paraguayo ha dicho que el proyecto implica «cooperación con especialistas de Estados Unidos» que incluirá el estudio de los ríos, pero no contempla la cooperación de carácter militar, la total subordinación de Asunción a Estados Unidos pone en duda esta afirmación. En términos geopolíticos, también se considera que Paraguay es el único país de Sudamérica que no tiene relaciones con China.
Argentina
Desde la perspectiva argentina, la decisión de Asunción de atraer a las fuerzas armadas estadounidenses para avanzar en la navegabilidad del río Paraguay está relacionada hoy con el creciente comercio de alimentos, que, en el contexto de la guerra en Ucrania, se volvió estratégico.
El propósito de la vía acuática es permitir la navegación de grandes embarcaciones con grandes volúmenes de carga los 365 días del año, rectificando la ruta y eliminando islas y otros obstáculos. La presencia de especialistas del Ejército de los Estados Unidos le da al proyecto un carácter muy diferente de lo que originalmente se presentó como un proyecto civil.
Por otro lado, Estados Unidos ha mostrado preocupación porque el Estado argentino pretende llevar adelante un nuevo proceso de licitación para el dragado del río Paraná (que recibe aguas de Paraguay) y algunas de las empresas que intentarán ganarlo son de origen chino.
Para Estados Unidos, la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay es de suma importancia. El Comando Sur declaró que había identificado fuentes de financiación para «organizaciones terroristas» con sede en Asia occidental, mencionando al Hezbolá libanés y al Hamas palestino. Para contrarrestar esta supuesta amenaza, se creó un mecanismo multilateral llamado 3+1 con los tres países sudamericanos y Estados Unidos.
Washington también ha mostrado gran interés en la Patagonia argentina. En ese marco el pasado 8 de agosto, el embajador de Estados Unidos en el país asistió en la ciudad de Neuquén (ubicada a unos 1140 km al suroeste de Buenos Aires) a una reunión con representantes de las corporaciones petroleras más poderosas del mundo.
Cuatro años antes, en 2018, se anunció la construcción de diversas instalaciones, en una propiedad fiscal bajo la dirección y financiamiento del Comando Sur de los Estados Unidos. Aunque su embajada en Argentina se apresuró a informar que las obras formaban parte de un proyecto de «ayuda humanitaria» cuyo objetivo era mejorar la capacidad de respuesta de Neuquén ante desastres naturales, la sociedad civil neuquina ha rechazado tal idea, ya que se ha caracterizado por el secretismo, la falta de información y la ausencia de comunicación respecto a lo que Argentina ha obtenido a cambio de la cesión de dicho territorio en una zona que se considera de alto valor estratégico.
El proyecto, caracterizado como una «base militar camuflada» según un informe del periodista Ariel Noyola Rodríguez publicado en el portal RT, forma parte de una estrategia continental que se ha caracterizado como una novedosa forma de intervención militar en la región: el programa «Asistencia Humanitaria y Respuesta a Desastres Naturales», patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos,
Por otro lado, no se puede ignorar en este análisis que parte del territorio argentino está ocupado por fuerzas de la OTAN. Entre 1500 y 2000 militares británicos están estacionados en las Malvinas, algunos de ellos permanentemente, así como la última generación de cazabombarderos.
Colombia
Como «socio global» de la OTAN, Colombia goza de una atención privilegiada de la alianza de guerra. Como expresión de ello, en los últimos tiempos, Estados Unidos está realizando grandes esfuerzos para instalar una base naval en la Isla Gorgona en el Pacífico colombiano, los cuales no se detienen a pesar del gran rechazo de científicos y organizaciones civiles de la región que pretenden salvaguardar un conjunto de derechos que serían violados. Estas organizaciones consideran que la agencia estadounidense que financia las obras de la base (U.S. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) genera una pérdida de soberanía ya que colocaría a la isla bajo el poder de otro Estado.
Según el Departamento de Estado, la administración Biden también contempla la compra de motores de embarcaciones por un monto de 2,6 millones de dólares para mejorar la capacidad operativa de la Guardia Costera en la isla.
Piedad Córdoba, senadora por el gobernante Pacto Histórico, se pronunció a principios de diciembre en contra de cualquier interferencia de Estados Unidos en Colombia a través de la instalación de bases militares o mediante el despliegue de sus fuerzas armadas, y ha pedido al presidente Petro que cancele el proyecto. Córdoba ha manifestado que sería extraño que Estados Unidos preste tanta atención a un proyecto como este, si no se entiende que para Estados Unidos la región de la Cuenca del Pacífico tiene un carácter estratégico, que se «expresa a través del despliegue de la Cuarta Flota y el Comando Sur con la instalación de bases militares, entre ellos, el de la Isla Gorgona».
El senador también opinó que la concreción de las obras en Gorgona, que en realidad significaría la instalación de la novena base militar estadounidense en Colombia, podría provocar daños similares a los ocurridos en Filipinas, Panamá y Puerto Rico, donde Washington ha logrado instalar bases militares.
También en Colombia, a principios de diciembre, el presidente invitó a las fuerzas armadas de Estados Unidos y la OTAN a la Amazonía para cooperar en la salvaguarda del territorio y la lucha contra el narcotráfico. Se argumentó que la maquinaria, el equipo y el personal traído para llevar a cabo el trabajo podrían reutilizarse como «policía para proteger» el medio ambiente, cambiando la lógica tradicional de la lucha contra las drogas. Con este fin, propuso el uso de helicópteros Black Hawk estadounidenses para apagar incendios, argumentando que tal acción simbolizaría un «cambio completo en lo que siempre ha sido la ayuda militar estadounidense».
En este contexto, a finales de agosto, durante el gobierno de Gustavo Petro, las fuerzas armadas de Estados Unidos y Colombia realizaron ejercicios conjuntos en el marco de la OTAN. En este contexto, Petro recibió al general Richardson, quien realizó una visita de cinco días al país. Richardson elogió a «nuestro socio de seguridad número uno en la región», describiendo a Colombia como el «centro de todo el hemisferio sur», que dijo que era «libre y seguro gracias a los esfuerzos de estabilización de Colombia».
Al respecto, Petro afirmó -no se sabe si con inocencia o fingida ignorancia- que había «logrado algo: la conversación con la OTAN -de la que somos miembros, aunque tenemos un estatus muy raro, estamos involucrados, creo que somos el único país latinoamericano participante- para llevar esta alianza al cuidado de la selva amazónica, aportando colaboración tecnológica en esto».
La lucha por la defensa de la Amazonía como sujeto de intervención militar
La idea de utilizar la lucha por el medio ambiente como instrumento de intervención es bastante antigua. Ya en 1989, Al Gore declaró: «El Amazonas no es de su propiedad. Nos pertenece a todos. En este sentido, en 2019, en medio de los incendios en la Amazonía, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a los países del G7 a intervenir: «Es una crisis internacional», dijo, de lo que se hizo eco incluso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordando su época como líder de un país miembro de la OTAN. La red social de preguntas y respuestas Quora preguntó retóricamente: «¿Por qué la OTAN no invade Brasil para salvar el Amazonas?»
Pero el presidente Petro no es tan ingenuo como para suponer que Estados Unidos y la OTAN tienen buenas intenciones en la Amazonía. Ha criticado públicamente la política de guerra contra las drogas de Estados Unidos al señalar sus obligaciones como el mayor consumidor del mundo. Petro declaró: «Lo que estoy tratando de hacer es llevar el diálogo con los Estados Unidos a un eje diferente, que es el tema de la crisis climática y, por lo tanto, la importancia de la selva amazónica. Con Estados Unidos hemos logrado la creación de la primera unidad militar con helicópteros Black Hawk».
La visita de Richardson a Colombia fue parte de una gira por varios países de la región con el propósito expreso de contrarrestar la influencia de China y Rusia, y promover el aislamiento de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
En noviembre, Petro informó que el presidente francés Emmanuel Macron le ofreció «ayuda» para preservar el Amazonas. Cabe recordar que Francia tiene un departamento de ultramar en la Guayana Francesa, fronterizo con Brasil y a solo 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas. En este territorio se encuentra la base de lanzamiento de naves espaciales utilizadas por el país y por Europa. Sin conocer el contenido de la oferta o la contraoferta que otorgará Colombia, el acuerdo entre los dos países coloca a Francia en una posición de influencia en ambos extremos de la cuenca estratégica.
Ecuador
En diciembre pasado, Estados Unidos aprobó una ley destinada a fortalecer la cooperación con Ecuador en materia de defensa. Este instrumento, llamado Ecuador-Estados Unidos. La Ley de Asociación 2022 es parte de la Ley de Autorización de Gastos de Defensa Nacional de los Estados Unidos y sigue el acuerdo de cielos abiertos recientemente aprobado, con miras a reducir los aranceles, aumentar los viajes y el comercio y estimular la creación de empleos relacionados con los puentes aéreos entre los dos países.
Todo esto pretende ser entendido como una estrategia de promoción comercial, pero los recursos comprometidos por Estados Unidos (US$858 mil millones) estarán bajo la jurisdicción del Departamento de Defensa, que establece claramente su orientación.
Anteriormente, en septiembre del año pasado, la general Richardson también visitó Ecuador, donde se reunió con el presidente Lasso y dirigió la Conferencia Sudamericana de Defensa Southdec 2022 durante dos días, con el fin de coordinar «mecanismos para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico».
Uruguay
El pasado 3 de febrero, el destacado analista político uruguayo Julián González Guyer publicó en la revista Brecha de Montevideo un artículo en el que informaba que el Guardacostas estadounidense (USCGC) Stone, el buque más moderno de la Guardia Costera estadounidense, ingresaría al puerto de Montevideo durante 10 días.
Según el artículo, el buque estadounidense permanecería en aguas uruguayas durante diez días bajo el argumento de «realizar ejercicios de entrenamiento en operaciones de búsqueda y rescate en el mar y control de aguas jurisdiccionales con la Armada Nacional». Pero en realidad los objetivos del USCGC Stone son diferentes, a saber, «obtener información sobre el Atlántico Sur y, en particular, la actividad de los buques pesqueros chinos en la zona».
Este es el segundo viaje del buque a Uruguay, después del primero, realizado dos años antes para realizar «actividades de patrullaje y apoyo para la interdicción de la pesca ilegal en aguas de Guyana, Brasil y Uruguay», aunque la visita programada a Argentina fue cancelada.
En esta ocasión, como en la anterior, la explicación pública sobre los objetivos de la visita ha estado rodeada de contradicciones entre lo informado por el gobierno nacional y la Embajada de Estados Unidos en Montevideo.
González Guyer concluye señalando que si bien el conocimiento que pudo haber obtenido la Armada uruguaya es insignificante, el buque estadounidense habría reunido «un volumen significativo de información sobre nuestras costas, aguas jurisdiccionales y áreas adyacentes. También, sobre nuestra Marina y sus oficiales».
Durante varias décadas, la Armada uruguaya ha sido entrenada por los Estados Unidos para actuar como una fuerza dedicada a «proteger» la entrada al Río de la Plata, dando un espacio privilegiado a la Marina de los Estados Unidos en este aspecto. Las dos visitas de la Piedra a Uruguay en tan poco tiempo pueden inscribirse en esta lógica.
Pero junto con esto, el Stone desarrolló misiones de patrullaje en el Atlántico Sur, junto con otros tres buques, estableciendo de hecho un mayor control sobre un triángulo estratégico en el Atlántico Sur y el Estrecho de Magallanes entre Montevideo, Malvinas y la 3ª Zona Naval de la Armada de Chile con base en Punta Arenas.
Guatemala
Aunque en 2021 el Congreso de Estados Unidos emitió un decreto prohibiendo la entrega de fondos a los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras hasta que hubiera mejoras en la lucha contra la corrupción, el Departamento de Defensa utilizó un subterfugio para eludir esta decisión utilizando un artículo que no está restringido.
La donación de vehículos militares J8 que Estados Unidos entregó al gobierno guatemalteco para combatir el narcotráfico en realidad se utilizó para brindar protección perimetral a agentes de seguridad privada que quemaron casas campesinas en El Estor, Izabal, en 2021. Esta donación se registró en el programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF), que es el mayor programa de asistencia militar aprobado por el Congreso. Asimismo, en 2018, el gobierno de Jimmy Morales los utilizó para intimidar a la propia embajada de Estados Unidos y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que surgió de un acuerdo entre la ONU y las autoridades del país.
Unos años más tarde, el Congreso de los Estados Unidos limitó las donaciones de vehículos al ejército guatemalteco, dada la historia de su uso. En el actual gobierno de Alejandro Giammattei, nueve congresistas demócratas pidieron explicaciones a la administración Biden, pero la respuesta fue el silencio ante la decisión de las fuerzas armadas estadounidenses de fortalecer al ejército guatemalteco.
En este contexto, el 13 de octubre, la embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala anunció la donación de 95 vehículos, entre camiones, furgonetas y motocicletas, valorados en US$4,4 millones. Según el sitio web Prensa Comunitaria, la fuente de este dinero es una partida presupuestaria del Departamento de Defensa (DOD) aprobada en 2019, durante la administración del expresidente Donald Trump.
En un comentario escrito por el investigador Adam Isacson en el sitio web de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), afirma que «la subvención fue financiada a través de una autoridad de desarrollo de capacidades militares extranjeras del Departamento de Defensa establecida en 2017 como Sección 333 del Título 10 del Código de los Estados Unidos».
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de marzo de 2022 da a conocer que «El presupuesto de operaciones del año fiscal 2021 prohíbe la ayuda a Guatemala, El Salvador y Honduras, al tiempo que condiciona el 50% de otras asignaciones relacionadas con la seguridad del Departamento de Estado a estos países a que sus gobiernos combatan la corrupción, protejan los derechos humanos y aborden otras preocupaciones del Congreso».
Isacson afirmó que «se estaba utilizando un programa del Departamento de Defensa para proporcionar una categoría de asistencia que Guatemala no puede recibir a través del principal programa de asistencia militar del Departamento de Estado», ya que se utilizó un presupuesto alternativo para financiar al ejército de Guatemala al eludir las limitaciones impuestas por el Congreso que el Departamento de Defensa ignoró e ignoró.
Panamá
En octubre del año pasado, la general Richardson llegó a Panamá en su segundo viaje al país en menos de cinco meses. En esta ocasión, el motivo de la visita fue la celebración de una «reunión bilateral de seguridad». En su primer viaje del año, en junio, la jefa del Comando Sur discutió temas de seguridad y la crisis migratoria regional con las autoridades panameñas. También participó en el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (HLSD) entre Panamá y Estados Unidos, que se realizó en ese país.
La cuestión migratoria está en el centro de las deliberaciones en un momento en que Panamá enfrenta una crisis migratoria. En este contexto, sólo unos días antes, una nueva política había entrado en vigor en los Estados Unidos que legalizaba la expulsión de los ciudadanos venezolanos que intentaran ingresar por la frontera terrestre con México o que hubieran llegado irregularmente a Panamá.
Sobre este tema, la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, Samira Gozaine, informó que estaban «clamando a la embajada de Estados Unidos para que nos ayude, para que nos asista económicamente como lo hacen con otros países. Para Estados Unidos, la crisis migratoria generada por sus propias políticas se ha convertido en una gran oportunidad de intervención e injerencia «legal» en los asuntos internos de los países de la región.
Brasil
Durante una visita a Brasil en septiembre del año pasado, la general Richardson declaró que había un «esquema» de una fuerza militar conjunta entre su país y Brasil con helicópteros para, supuestamente, combatir incendios en la selva amazónica.
Según el analista uruguayo Luis Vignolo, «la información pasó desapercibida, tal vez no por casualidad, mientras los grandes medios miraban en otras direcciones». Pero la verdad es que hubo fuertes acercamientos militares entre los dos países durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Tres meses antes, durante la IX Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, California, entre el 6 y el 10 de junio, Brasil y Estados Unidos anunciaron un grupo bilateral de respuesta rápida para combatir la deforestación en la Amazonía brasileña, para lo cual se creó un grupo de trabajo de alto nivel integrado por autoridades de ambos países.
A modo de antecedentes, en agosto de 2019, Donald Trump había designado a Brasil como un «aliado preferencial extra-OTAN de los Estados Unidos» para deleite de Bolsonaro y su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão. Según Vignolo, «Mourão se refirió en este contexto al papel de las fuerzas armadas brasileñas como garantía contra la toma del poder por parte de aquellos que considera enemigos, en lo que podría considerarse una advertencia contra la oposición al gobierno de derecha».
El violento estallido de bandas fascistas pocos días después de la toma de posesión de Lula -tal como había sucedido dos años antes en Washington con el protagonismo de los partidarios de Trump- y la actitud de las fuerzas armadas ante el evento, parecieron marcar la pauta de cómo se comportarían los militares en el desempeño de los deberes presidenciales de Lula, generando una amenaza aceptada por los sectores más reaccionarios del establishment estadounidense y por importantes sectores de sus armas. fuerzas que consideran a sus homólogos brasileños como aliados importantes para el control estratégico de la región.
Lula tendrá que enfrentarse a los intereses estadounidenses y europeos sobre la Amazonía, especialmente ahora que su «giro» hacia posiciones centristas lo ha acercado al Partido Demócrata que controla la administración estadounidense y a la socialdemocracia europea, que gobierna en países como Alemania y España, con quienes ha establecido lazos privilegiados que podrían facilitar el acercamiento de sus fuerzas armadas a Brasil para una supuesta «gestión sostenible» de la Amazonía. De hecho, Lula ya los ha invitado a «invertir» en proyectos ecológicamente sostenibles en la región y ha asegurado que esto se hará respetando la soberanía brasileña. Sin embargo, hay pocos detalles sobre esto.
El bien informado analista y escritor Andrew Korybko, que ha investigado mucho sobre las «guerras híbridas», ha advertido que «una fracción del PT podría ser utilizada por los Estados Unidos para sus propósitos de intromisión». También ha expresado la opinión de que la intervención de Estados Unidos en Brasil no cesará bajo el nuevo gobierno de Lula, sino que cambiará de forma, asumiendo una especie de «desestabilización radical» para proporcionar pretextos para que la OTAN intervenga y «salve» a un Lula políticamente esposado.
Korybko cree que «todos los elementos para una desestabilización total de Brasil están en su lugar, dados los problemas estructurales de la economía, el bajo peso parlamentario del partido gobernante y la grave polarización en las calles entre los partidarios de Bolsonaro y los partidarios de Lula».
Bolivia
El plan secesionista en Bolivia es de larga data. Tuvo un momento de realización después del golpe respaldado por Estados Unidos contra el presidente Evo Morales en 2019 y recientemente ha resurgido en forma de un violento «paro cívico» organizado por un grupo paramilitar fascista en el departamento de Santa Cruz, que forma parte de la Amazonía boliviana que constituye el 43% del territorio nacional.
El principal operador de la política estadounidense contra Bolivia ha sido Mark Falcoff, asesor de la administración Bush para América Latina. En su artículo «Bolivia’s Last Days», publicado en American Outlook en mayo de 2004, Falcoff «predijo» la división étnica de Bolivia tras la ola de levantamientos populares que llevaron al derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada en 2003.
En su artículo, Falcoff señala que: «… es un hecho fundamental sobre Bolivia saber que es una sociedad dividida en dos grandes fallas: raza y geografía». Falcoff contrasta la situación en «Bolivia andina, pobre, productora de drogas, violenta, subdesarrollada y levantista con la próspera Santa Cruz, que generó el 51 por ciento de los ingresos del país y recibió solo ‘un pequeño porcentaje’ de las ganancias generadas por el petróleo y el gas».
Por lo tanto, Falcoff recomendó una nueva Constitución que debería «remediar la necesidad de descentralizar la autoridad y los recursos» acompañada de «un verdadero intento de una solución federal, con una redistribución regional de los recursos y una política energética racional».
El plan que llevó al golpe de Estado contra Evo Morales y el reciente intento fascista de repetirlo fueron parte de esta lógica, aunque ahora se han hecho modificaciones operativas sin cambiar el objetivo de derrocar al gobierno. En la mira del Pentágono, como el general Richardson ha dado a conocer abiertamente, están los gigantescos depósitos de litio, que no están en la región amazónica del país, sino en las tierras altas andinas. La explotación y posterior industrialización del litio por parte de empresas extranjeras no estadounidenses está causando preocupación en Washington, que no ceja en sus intentos de desestabilizar el país.
Perú
El 18 de enero de 2023, la Presidenta peruana Dina Boluarte y el Primer Ministro Alberto Otárola enviaron una carta a José Daniel Williams, Presidente del Congreso peruano, solicitando la aprobación para autorizar «el ingreso de unidades navales y militares extranjeros con armas de guerra al interior de la República». Esto debe leerse como la entrada de fuerzas militares estadounidenses en un momento de grandes movilizaciones contra el gobierno que ha derrocado al presidente Pedro Castillo y usurpado el poder, que ha sido resistido por importantes sectores de la población que han sido sometidos a una fuerte represión. Estas acciones han contado con el apoyo abierto y claro de la embajada y el gobierno de los Estados Unidos.
México
A última hora, cuando este trabajo en tres entregas estaba llegando a su fin, llegó la información de que dos representantes del Partido Republicano de Estados Unidos, Dan Crenshaw y Michael Waltz, presentaron un documento al Congreso de su país para autorizar a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones contra los cárteles mexicanos, sin la aceptación del gobierno estadounidense.
De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de que Estados Unidos decida «quién es el bueno y quién es el malo», asumiéndose como el «gobierno del mundo», con el poder de intervenir por la fuerza en cualquier país del planeta.
Conclusiones
Para concluir, vale la pena tener en cuenta que la adopción por parte de Estados Unidos de su nuevo concepto militar de «disuasión integrada», en el que expresa supuestos «valores compartidos» con América Latina que en realidad no existen, tiene como objetivo incorporar a los países de la región a su guerra global contra China y Rusia.
Esta «disuasión integrada» es una especie de puesta en común de los recursos de los países de las Américas para luchar contra un enemigo supuestamente común. Washington llama a la «unidad» para enfrentar al enemigo que ha definido unilateralmente como el enemigo, que no es necesariamente lo mismo que América Latina y el Caribe, que debería optar por la neutralidad y la búsqueda de la paz.
La jefa del Comando Sur lo dijo muy precisamente en Ecuador cuando afirmó que «el avance de China es un problema de seguridad nacional». Agregó que Estados Unidos y América Latina y el Caribe deben «trabajar juntos como un equipo, desempeñando nuestras respectivas posiciones de una manera armoniosa y altamente efectiva para resolver este problema».
Como se ha visto, los instrumentos son variados, las acciones manifiestan diferentes dimensiones y características, pero todas apuntan a mantener a la región sujeta al control estratégico de Washington,
Nota del autor:
Este artículo no ha cubierto la acción intervencionista de Estados Unidos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque ha sido permanente y continua durante más de 60, 40 y 20 años, respectivamente. Cada uno de ellos merecería un informe especial.
* Sergio Rodríguez Gelfenstein es licenciado en Estudios Internacionales, Magister en Relaciones Internacionales y Globales. Doctor en Estudios Políticos, posee una extensa y variada obra ensayística y periodística. Fue director de Relaciones Internacionales de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y Embajador de Venezuela en Nicaragua. Twitter: @sergioro0701
Imagen de portada: Internacionalista 360°.
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