SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Viernes 9 de febrero de 2024
Ante la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 31 de enero ─que concedió amparo a seis empresas privadas y declaro inconstitucionales los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica del 10 de marzo de 2021─, en la Cámara de Diputados se ha propuesto llevar a juicio político al ministro Alberto Pérez Dayán, quien en virtud de un empate en la votación usó, como presidente de esa Sala, un «voto de calidad» para desempatar ─votó dos veces─, en favor de intereses contrarios a la nación.
La idea de esa propuesta ha sido rechazada de inmediato por la derecha opositora con argumentos como autoritarismo, ataques a la democracia e intento de imponer una dictadura [1], entre otros.
Esa derecha representa los intereses de los dueños de los grandes capitales y de sus servidores: aquellos que desde puestos de gobierno lucraban, al favorecer a intereses contrarios a los del pueblo y los de la nación.
Quienes ahora dicen defender la democracia, la Constitución y la legalidad, como el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, que expresó: «[…] las resoluciones de la Suprema Corte deben acatarse cabalmente […] la ley es la ley»[2], defienden una «democracia» en la que tanto desde el sector público como desde el privado se robaba al erario y de la manera más antidemocrática ─fraudes electorales incluidos─ dieron continuidad a un proyecto, el neoliberal, que les permitió, en flagrante colusión, además de afectar de manera significativa la soberanía nacional, despojar a la nación de bienes y actividades con carácter estratégico para transferirlas al dominio de los grandes capitales, principalmente monopólicos; así como convertir deudas privadas en públicas (Fobaproa y diversos «rescates»), poner el fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del capital financiero, demoler los sistemas públicos de salud y educación, precarizar el trabajo y empobrecer a los trabajadores y los campesinos, entre otros avances que nos llevarían al primer mundo.
Defienden una Constitución a la que en ese período ─36 años─ le hicieron 496 reformas, más leyes reglamentarias y secundarias ─no pocas a posteriori─, con las que, además de violar el espíritu de la Carta Magna, cubrieron con un manto de «legalidad» sus acciones contrarias al interés nacional.
Exigen respeto a esa «legalidad», construida exprofeso, para continuar con el despojo a la nación y la recuperación de privilegios de quienes los perdieron a raíz de la derrota que sufrieron cuando el pueblo se levantó en urnas el 1 de julio de 2018.
¿Por qué ante todas esas reformas y leyes reglamentarias y secundarias ─que en realidad beneficiaron y fortalecieron a un minúsculo sector de la población y perjudicaron al pueblo y a la nación entera─ la SCJN jamás se pronunció en contra de su inconstitucionalidad ni de los procedimientos legislativos? Recordemos que hubo hasta sobornos, como en la aprobación de la reforma energética de 2013.
¿Será porque la oligarquía y los neoliberales conformaron a modo la SCJN y crearon algunos organismos «autónomos», en previsión, para cuidar sus intereses y privilegios?
Para cualquier persona con dos dedos de frente ese comportamiento, tan común en buena parte de los ministros de la SCJN ─y de miembros del sistema judicial─ es, por lo menos, sospechoso. Y si muchas de sus resoluciones continúan, amparadas en una legalidad ad hoc, favoreciendo a los mismos de siempre, ¿no será tiempo de que además de actualizarla se recupere el espíritu de la Constitución, que los gobiernos sean realmente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; y que la legalidad y la justicia no sean contradictorias?
Ello depende de un pueblo consciente y organizado.
Notas:
[1] Periódico La Jornada, sábado 3 de febrero de 2024, p. 10
[2] Ibid.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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