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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 8 de abril de 2016
El pasado 27 de enero apareció la noticia de que se construirá en el municipio de Salamanca una planta productora de cianuro de sodio, lo que entre algunos ciudadanos ha creado preocupación e inquietud por las características de esa sustancia.
La planta, que producirá 65 mil toneladas anuales de cianuro de sodio, será propiedad de la empresa The Chemours Company Mexicana, la que actualmente importa y comercializa más de 60 mil toneladas por año de ese producto. El objetivo de ese proyecto es, “[…] apoyar el crecimiento de la industria minera del oro y la plata en México”.
Como se sabe, el cianuro de sodio se utiliza para la extracción de oro y plata de materiales que los contienen; también en procesos de galvanoplastia, limpieza de metales y en insecticidas, entre otros usos. Su alta toxicidad y el peligro que representa para el medioambiente son, principalmente, el motivo de preocupación que existe en torno al proyecto.
No obstante la existencia a nivel internacional de códigos y protocolos para el manejo de cianuros y los avances tecnológicos en ámbitos de seguridad industrial y materiales de construcción, la corrupción en esferas de gobierno y privadas y la peligrosidad de esa sustancia dan fundamento a la preocupación ciudadana.
Sin embargo, parece quedar de lado que la demanda de cianuro de sodio la origina la minería dedicada a la extracción de oro y plata, la que en su mayor parte es del tipo de minería a “cielo abierto”, la que es devastadora de todo, absolutamente todo, el ambiente en el área en que se lleva a cabo esa actividad.
Y recordemos que con planta o sin planta productora, el cianuro de sodio se sigue empleando y las empresas mineras no son precisamente un dechado de honestidad; y como en toda empresa de ese tipo la finalidad es obtener la mayor ganancia posible, sería ilusorio pensar que están en México para contribuir al desarrollo del país y se conducen con la mayor responsabilidad en la mitigación de los impactos ambientales que generan.
Así, reducir la preocupación a la instalación de una planta productora de insumos y olvidarnos de quienes los utilizarán en la destrucción del ambiente sería quedarnos cortos en el alcance de nuestras acciones en el cuidado y protección del ambiente.
Lo anterior no significa que los ciudadanos de una región específica del país deban enfrascarse en todas las luchas medioambientales, porque a la postre se obtendrían muy pobres resultados y un gran desgaste.
La lucha ambiental es muy amplia y, por fortuna, en este caso, existen organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Otros Mundos, Amigos de la Tierra A. C., por citar unos, con quienes necesitamos vincularnos y apoyarnos para darle la amplitud necesaria a una lucha que debiera incluir a la inmensa mayoría de los seres humanos, porque va en juego la vida en todas sus manifestaciones.
Al fin y al cabo, sin oro y sin plata podemos vivir; pero sin agua, vegetación y biodiversidad, caminaremos hacia la extinción.
* Alfonso Díaz Rey es miembro de la Constituyente Ciudadana Popular de Salamanca, Guanajuato.
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