SOMOSMASS99
NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Desde hace semanas la Universidad de Guanajuato ha entrado en un proceso que tendría que resolverse pronto con conclusiones claras y basadas en la legalidad. Pero es posible que se lleve tiempo de más por la resistencia a la transparencia y rendición de cuentas de algunos universitarios.
No son mayoría, pero sí los suficientes para hacer ruido y tratar de detener lo que han revelado las revisiones al ejercicio de recursos en poder de la institución. La UG, como toda institución seria, cuenta con una contraloría a cargo de Benito Silva Lule, que realizó un trabajo que permitió descubrir irregularidades de diversa índole que involucran a funcionarios de distintos niveles en por lo menos dos campus.
El asunto se ha analizado en el Consejo Universitario, donde en principio se ha querido meter la confusión de que todas las áreas de la estructura universitaria no están a cargo de personas a las que se les pueda considerar servidores públicos y, por tanto, no se les puede someter a auditorías. No es que sea ignorancia, sino lo que se pretende es paralizar la legalidad o de plano torcerla para dejar sin materia de trabajo al contralor, sobre todo en los casos donde se han encontrado anomalías.
Bajo el grito de somos acosados, han logrado un éxito parcial. Los resultados de las revisiones realizadas por la contraloría ahí están, pero no se ha podido actuar en consecuencia porque hay un grupo de interesados que influyó directamente en una parte de los consejeros universitarios y detuvieron el proceso. Diversos ordenamientos estatales y federales, incluidas las constituciones del estado y la general de la República, definen claramente lo que es un funcionario público: todo aquel o aquella que maneje, administre o aplique recursos públicos de cualquier orden. El argumento de que no lo son es baladí y no resistiría el más mínimo análisis, pero aun así han podido poner freno momentáneo a la rendición de cuentas.
La UG necesita crecer, pero debe hacerlo con el talante de quien cumple con sus responsabilidades y obligaciones. Ha conseguido reducir sus déficits y sus deudas, cierto, pero no puede quedarse ahí tratándose de la institución educativa más importante del estado. Quienes se oponen es lógico que teman ser llamados a cuentas, pero no es sólo eso lo que los motiva a unirse y a poner trabas en el Consejo Universitario. También existen motivaciones políticas, de aspiraciones de poder, algunas alentadas desde el exterior de la universidad por personas que añoran recuperar la influencia de años atrás aunque pongan en entredicho la autonomía universitaria.
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