León: Indígenas enfrentan orden de desalojo; ¿y ahora?

Agustín Galo Samario / SomosMass99

León, Gto. / 15 de octubre de 2009

 

La agente del Ministerio Público Federal, Margarita Galván Rodríguez, dio de plazo a los otomíes hasta noviembre para desalojar el terreno aledaño a las vías del tren.

Están junto a las vías del tren, a dos metros de distancia. Veinte veces al día pasa el convoy, día y noche soportan el ruido y el temblor. Viven en ocho casas de cartón y láminas sostenidas con carrizos. Son 17 familias otomíes, 33 adultos y 24 niñas y niños. 57 personas en total que Ferromex, empresa del Grupo México propiedad de Germán Larrea, pretende desalojar para su propia seguridad de un predio aledaño a la Estación del Ferrocarril en esta ciudad,

De forma verbal, cuenta su representante Miguel Martínez Andrés, la agente del Ministerio Público Federal, Margarita Galván Rodríguez, les dio de plazo hasta noviembre para desalojar el terreno ubicado, formalmente, en lo que es la colonia Santa María La Estación. ¿Tienen alguna alternativa para reubicarse? Si y no. El Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI) les ofrece terrenos en 70 mil pesos a pagar en diez años, que con los intereses aumentarían a 100 mil. Entonces, si a veces no tienen para comer, menos para pagar semejante cantidad de dinero.

“Claro, nosotros no tenemos esa cantidad. Se supone que somos indígenas con bajos recursos. Por eso nos arrinconamos en ese lugar, porque no hay dinero para una casa bien hechecita, bien bonita y todo. Por eso fuimos con el municipio para que nos apoyen.

“Nosotros queremos terreno, por una razón: porque en esas constructoras te van a dar una casa pero mal hecha. Tal vez tendrá goteras o los muros cuarteados, los pisos levantados. No entrando, pero después del tiempo. Nosotros queremos terrenos y nosotros hacer la casa. Lo que dijimos es que el gobierno nos apoye con el terreno y con el material, y nosotros nos encargaríamos de construirla, nosotros le hallamos un poco a la albañilería. Eso nos serviría. Yo trabajé algunos años en eso de la construcción, así que también le hallamos, o sea que no es cosa del otro mundo, ¿verdad?”.

Ante la amenaza de desalojo, buscaron ayuda en el Centro Indígena Loyola y descubrieron que, efectivamente, en el Ministerio Público Federal hay abierta una averiguación previa contra esta pequeña comunidad por el delito de ataques a las vías generales de comunicación, que de encontrarlos responsables supone cárcel por cinco años o más, y una multa de cinco a diez mil pesos.

Por eso se acercaron al municipio en busca de ayuda. El organismo que los atendió fue el Consejo Consultivo Indígena del Municipio de León (CCIML), que llamará a sesión extraordinaria para el día 24 de este mes para tratar exclusivamente su caso. Mientras, ahí está la oferta del IMUVI

 

Hace 35 años

 

Llegamos aquí hace 35 años, no tenemos dinero para pagar el terreno de 100 mil pesos que nos ofrece el IMUVI, si a veces no tenemos ni para comer, dice uno de los indígenas.

Miguel Martínez, Basilio Silvestre Tomasa, Omar Pérez Aguilar y Leocadia Pérez Atanasia, ésta última representante otomí ante el CCIML, cuentan en entrevista conjunta que en 1979 llegaron a León los primeros otomíes originarios de Santiago, Querétaro. Vinieron en busca de trabajo y se establecieron “en la banqueta de la estación. Ahí se quedaron a dormir en la fría noche” y “poco a poco fueron arrinconándose junto a las vías del tren”. Entonces eran tres familias “en ese lugarcito”.

Dice Miguel Martínez que ya en 1981 empezaron a construir sus casas con carrizos. “Así cercaron las casitas, las paredes de las casitas y techaron con láminas de cartón. No vayas a creer que compradas. Las recogían en el baldío que estaba ahí, donde las personas llegaban a tirar basura, láminas de cartón, ladrillos completos incompletos, alambre, madera. Esas casitas que ves ahí, toda esa lámina no se compró, se fue recogiendo de ahí, del baldío”.

Para el 82 “llegó el Memo con su familia. Y Erasmo, también llegó. Ya en el 84 llegó el señor Juan, que es mi suegro, y la señora Eusebia, que construyeron las primeras casitas de aquí para allá. Ya en el 92 llegó Omar y su familia.

“En el 95 eso no me tocó, pero lo que cuentan ellos es que hubo un incendio, se quemaron las casitas ahí. Creo que ya estaban las ocho”. Basilio precisa que “se quemaron cuatro y se quedaron las otros cuatro”. En el 98, hubo otro incendio. Fue cuando se abrió el Centro Indígena Loyola y se fueron a vivir ahí.

“De las casitas que se quemaron se vinieron a estar ahí un rato”. “Por ejemplo”, interviene Miguel, “mi suegro, sus ropas que tenían se les quemó, sus canastitas de las semillas para vender. Se quemó todo, todo. Haz de cuenta que si se quema aquí, se quema todo, así pasó ahí. Fueron otras cuatro casas que se quemaron todo. Ya ves que las láminas traen como aceite y de volada se quema todo. Como perdieron todo, aquí en el centro indígena les ofrecieron todo, cama, techo, comida. Todo”.

Regresaron al predio hasta el 2004. “De esas personas, Eusebia, mi suegro, Juan Simón, Aureliano González y el hermano del Ramón, el Tacho, se regresaron para allá”, relata Miguel refiriéndose a Santiago, en Querétaro.

La amenaza se cierne sobre 17 familias otomíes, 33 adultos y 24 niñas y niños.

Pero los que se quedaron junto a las vías, añade Basilio, “comenzaron otra vez a construir sus casas con ladrillos, maderas. Los materiales que recogían de los escombros tirados por las fábricas aledañas ahí por el baldío. Todavía llegan a tirar muchas cosas que para ellos no les sirven, pero para nosotros sí nos sirven, vamos y lo recogemos”.

Desde ese entonces, aparte de las quemazones, nunca habían tenido problemas. Nadie se les acercó, ni para bien ni para mal. “Que llegara alguien, digas tú, que llegara a sacarlos de ahí, a molestarlos, nada. Vivíamos bien, tranquilos. Hasta se dormían noche, ahí platicando.

“Habíamos muchas gentes, pero ya después se fueron a acomodarse como podía uno. Muchos se fueron a otra ciudad, a donde les acomodara quedarse. Y como el espacio no era muy grande, pues decidieron regresarse. ¡Uuh!, había más gente. Por ejemplo, si no estuviera el alambrado ese, se hubiera llenado de casas ahí. Se fueron allá en su tierra, pero ya no regresaron para acá, se fueron hacia donde otra parte. Por decir, que ya no les gustó o no sé”.

En esos tiempos, aparte de que no había espacio, mucha gente no hablaba el español. “Y así cómo buscar una renta, cómo hablarle”, dice Miguel. “Ese miedo de cómo voy a pedir permiso, cómo voy a pedir una renta, cómo le voy a decir acá al don, pues no”.

“Éramos”, interviene Leocadia, “cómo decirte, muy tímidos… muy ignorantes. Lo primero que había, no pedían chance, se instalaron. Un ejemplo, la mamá de él no habla muy bien el español, dice unas cuantas palabras. Pero para que sepa lo que tú le dices, una pregunta no te contesta porque no te entiende. Pero háblales en otomí y ahí sí diles todo lo que quieras. Si quieres decir manzana en otomí, no lo puedes decir. Pero si quieres decir fruta en otomí, sí lo puedes decir. El durazno sí lo puedes decir en otomí, la calabaza, el maíz, el plátano, el pan, el agua. Hay cosas que no puedes decir. También camión ya se puede decir, pero eso porque lo pusieron. Caballo, bicicleta”.

Y así, hasta diez años después, hasta llegar a nuestros días. Fue “en la primera semana de julio de este año (que) llegaron a decirnos que teníamos que desalojar el pedacito del terreno. Era una gente de la PGR, Margarita (Galván Rodríguez, de la agencia 3 del MPF).

 

La amenaza y la alternativa

 

Nos han dicho que si movemos un tornillo, o un durmiente iremos a la cárcel, pero nosotros para qué queremos eso.

Omar afirma que Margarita Galván les dijo que les iba a llegar un citatorio para que se presentaran en la PGR, “porque teníamos que ver el caso de desalojo. Pero no fuimos esa vez. Llegó la segunda vez el 25 de agosto, con lo mismo, que teníamos que desalojar, que nada más nos quedaban tres meses, nos dijo. Y desde la fecha no se ha parado. Bueno, que iba a presentar un documento para el desalojo, pero nunca ha llegado ese citatorio, ese papel. Nunca. Según lo dicho nos tendríamos que ir en noviembre”.

¿Y qué ha pasado en estas semanas? “Ahorita que están investigando, dicen que no hay ni una orden de desalojo. Nada más hay una averiguación”.

Giovanna Battaglia, del Centro Indígena Loyola, señala que bien a bien no se sabe de dónde salió la orden de desalojar. Lo que sí, es que hay confirmada una averiguación previa (AP.PGR/GTO/LEÓN-III/1837/2014). Por eso se interpuso un amparo contra cualquier acto de desalojo y acudieron al municipio en busca de asesoría, donde se les propuso reubicarlos.

Miguel comenta que les han dicho que “si descubren que estamos moviendo un tornillo, un durmiente, lo que sea de las vías del tren, que nos llevarían presos por cinco años mínimo y con una multa de cinco a diez mil pesos. Eso nosotros no lo haríamos. A nosotros de qué nos sirve una cosa de esas”.

– ¿Tienen posibilidades de reubicarse?

– “Como que sí, como que no. Pues de que hay, hay. Pero lo que pasa es que IMUVI nos quiere cobrar una cantidad que nosotros no tenemos. Por eso fuimos a ver a los del gobierno del municipio, porque no tenemos dinero. Si tuviéramos dinero, nosotros no perderíamos tiempo con ellos. Iríamos directamente y diríamos, necesitamos un terreno, una casa. Así de fácil”.

Leocadia vive en la colonia Jacinto López, pero como paisana lo que quiere es verlos con una casa. “Sí, aunque paguen porque todo cuesta. Pero que paguen poco porque todos tenemos derecho a una casa y a vivir dignamente. Somos seres humanos y todos tenemos derecho, porque de que quieren, quieren”.

Miguel y Omar dicen, en cambio, que “el IMUVI nos ofrece un terreno que tiene un valor de 70 mil pesos. Pero en pagos, ya con intereses, viene saliendo como en 100 mil pesos.

“Ellos (el IMUVI) están esperando a hacer un censo de nosotros, de cuánto ganamos, cuántos somos. Ellos dicen que, bueno, eso entendí, que nada más los que pueden entran y los que no, pues en otro lado.

“Y en este caso nosotros no entraríamos. No tenemos trabajo fijo, no tenemos a alguien que nos respalde. Por ejemplo, una persona no puede ser mi aval. ¿Tú serías mi aval? ¿Lo harías sabiendo que no tengo trabajo fijo? Soy un comerciante que sale caminando todos los días, vendiendo sus semillas día a día y no tengo un sueldo fijo a la semana. Nadie nos puede avalar. No creo que el IMUVI nos hiciera ese favor de decir, sí les damos el terreno. No creo, por una razón: sabiendo el caso en el que estamos nosotros, que no tenemos dinero”.

 

Nuestra desgracia

 

Cuando llegamos se nos dificultaba comunicarnos, algunos sólo hablaban otomí.

Basilio y Leocadia se quedan callados cuando Omar y Miguel cuentan lo que es su vida: “Lo que tenemos en el día es lo que nos alcanza para el sustento de la familia, para la escuela de los niños, para comer, en las noches cenar. De ahí no sale para más. Más bien, no tenemos en qué… nosotros comemos de lo que ganamos a diario, a diario, a diario… No tenemos un sueldo fijo. A veces vamos y nada más sacamos para un kilo de tortillas, para unos cuantos frijolitos, unos huevitos. Ahorita que yo no fui a vender, nada más fue mi esposa, yo no sé qué vayamos a comer en la tarde. Quizás mis hijas digan quiero esto, pero no. Nosotros no tenemos, no somos como la gente de dinero. Nosotros, no. Nosotros comemos, desayunamos lo que hay. Por eso no tenemos para un terreno que vale prácticamente 100 mil pesos. Si no tenemos nada, cómo vamos a pagar esa cantidad.

“Por eso con IMUVI no. Nos va a vender el terreno, no nos va a apoyar, va a hacer negocio. Dicen que nos van a dar dizque apoyo, pero todo es de nuestros impuestos. Nosotros queremos una vivienda digna, que nadie nos diga ‘ya sálganse, que no venga ninguna persona a decir ‘ya desalójame este terreno tal día’. Que ya no tengas que soportar tanto ruido del tren, que en tiempo de lluvias no tengas que soportar las inundaciones. Yo creo que eso es ser digno, que sea tuyo, propio, sin que nadie te moleste. Creo que eso es digno para mí y para todos los que estamos en peligro. La diferencia entre nosotros los indígenas y los otros, es que la desgracia de nosotros es que nos tocó ser pobres”.

Y no es que no quieran esforzarse o hacer un sacrificio por lograr tener una casa en un lugar seguro. Porque como dice Miguel, “sí, estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero no puedo. Porque si ahorita yo pudiera, a qué iría a chillar con el gobierno. No puedo, por eso voy con él para que me eche la mano. Dispuesto, sí, pero hay cosas que te lo impiden. Como ahorita, no hemos ni comido. ¿Qué hace un rico? Pues allá rascándose el ombligo. Te la pongo fácil: la gente importante, la gente de dinero, ¿come gracias a quién? A la gente pobre, a la gente indígena, porque la gente indígena es la que trabaja la tierra. Ellos nada más pagan y ya.

“No sé qué presidente nos dijo indios patas rajadas, pero esos indios patas rajadas son los que les cultivan los terrenos, la persona indígena. ¿Un presidente soportaría seis horas en el calorón? Y fíjate que no valoran nuestro trabajo, por eso no nos apoyan. El otro día llegaron a dar despensas. Sí, ¿pero te sirve una lata de atún ya caducada, un kilo de frijol ya podrido, con pinches gusanos? El gobierno ha de decir: hay que mandarles de lo que nos sobra a nosotros”.

Para Miguel, Basilio, Omar y Leocadia pareciera no haber esperanzas. Si no se puede confiar en los políticos, que encabezan los gobiernos, entonces el futuro no existe. Porque “ahí está la misma Bárbara Botello. Me tocó verla con mis propios ojos. Estaba yo ahí con mi canasta de semillas. ‘Échale ganas, vota por mí, vota por nosotros. Mira, con nosotros vas a tener trabajo, vas a vender a gusto’. Me lo dijo. Diosito santo sabe que no miento, sabe que la vi de frente. ¿Y qué ha hecho? Lo mismo el que está allá en Guanajuato. Nos dijo que él  mismo era el que nos iba a apoyar. Pero a ver ahora dónde está. Son puras promesas. Yo no sé por qué en este estado no hay tantos apoyos. ¿Por qué en este estado no puede ser?”.

 

[email protected]