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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Luego de hacerse público que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR solicitó una orden de aprehensión contra Arturo Escobar y Vega por la presunta comisión de delitos electorales, el coordinador de la bancada del PAN en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Marko Cortés Mendoza, exigió la separación inmediata del acusado de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Igual de pronta fue la reacción del PVEM, partido al que pertenece el señalado. En su defensa, alegó que la FEPADE sólo pidió a un juez valorar si hay o no elementos constitutivos de delito, para lo que cuenta con diez días hábiles y resolver si procede o no el inicio de un proceso penal. Argumento que le sirvió para afirmar que resulta “absolutamente falso e improcedente” señalar a Arturo Escobar como responsable de un delito.
El 17 de septiembre, decenas de organizaciones sociales organizaron una conferencia de prensa en la Ciudad de México y enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto en las que desconocían a Arturo Escobar y Vega como interlocutor y preguntaban por qué había sido nombrado subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, toda vez que el ex líder del PVEM “no conoce de la materia, no es un servidor público confiable, no practica los principios éticos necesarios para impulsar la prevención social de las violencias y la participación ciudadana”; y alertaban que los avances logrados en esa subsecretaría durante los primeros tres años del sexenio estaban en riesgo con el nombramiento de un hombre que representa “la cultura de la ilegalidad, la corrupción, el clientelismo, el oportunismo, la simulación y el desprecio por la vida, la justicia y la libertad”.
Arturo Escobar ha tenido una vida agitada de la que siempre, hasta ahora, ha salido bien librado. En 2009 acrecentó su fama de senador cuando el 2 de julio, a unos días del proceso electoral de aquel año, fue sorprendido en el aeropuerto internacional de Chiapas con un bolso Louis Vuitton de color café donde transportaba más de un millón de pesos en billetes de a mil. Sus explicaciones no convencieron a los agentes que realizaron la inspección, según contaba una entretenida crónica del periódico Reforma. Lo que hizo el entonces legislador fue encargarle la bolsa a uno de sus acompañantes y desaparecer de la escena, “mientras su colega quedaba detenido con una averiguación previa abierta en su contra”. Ese dinero, dijo el detenido, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, era para el pago de los representantes de casilla del PVEM. Bueno, desde 2012 ese partido gobierna ese verde estado del sureste mexicano.
El 13 de mayo pasado, también en vísperas de comicios intermedios, el Consejo General del Instituto Federal Electoral sancionó con más de 311 millones de pesos al Partido Verde por recibir aportaciones en especie de sus grupos legislativos, uno de los cuales, el del Senado de la República, era liderado precisamente por Arturo Escobar. Con esa multa, el PVEM acumulaba más de 517 millones de pesos en sanciones y superaba así el monto total de sus participaciones para el 2015. El senador se quejó y dijo: “Hay una parcialidad brutal por algunos consejeros electorales”. Luego esa organización partidista anunció que pediría un préstamo para pagar y, ante los miles de reclamos ciudadanos para que se le retirara el registro como partido político, el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, dijo que esa agrupación sí violó la ley pero no puso “en riesgo la supervivencia de la democracia”.
La nueva acusación en su contra por la presunta comisión de delitos electorales, de comprobarse dentro de un proceso penal, ameritaría una sanción tasada en algunos miles de salarios mínimos y hasta pena corporal. Se trata de un hombre del sistema que ya perdió su cargo en la Secretaría de Gobernación. Pero ya veremos, de situaciones semejantes ha salido.
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