SOMOSMASS99
Georgina Rodríguez*
Miércoles 28 de septiembre de 2022
En mi anterior colaboración para SomosMass99, publicada el 1 de agosto, inicié una serie de tres entregas referentes al maíz en México. Hoy, retomo el tema exponiendo la continuación de su evolución cronológica con la intención de que el lector conozca la realidad del cultivo más importante que es parte de nuestra identidad.
Las tierras ejidales se caracterizaban por ser inalienables (no se podían vender o transferir), imprescriptibles (no se podía prescribir derecho sobre ellas), los ejidos eran entidades jurídicas colectivas, con capacidad legal, patrimonio propio, órganos de representación y personalidad jurídica.
En 1917 se promulgó una nueva constitución en la que se incorporó la ley agraria de 1915, que fue base para pactar una nueva hegemonía y restablecer la paz en la década de 1920. La redistribución y dotación de tierras, aunque restringida, sería la principal herramienta del progreso económico, y el soporte más firme del Estado y el gobierno que emanaba como fruto de la alianza revolucionaria.
En la Constitución de 1917 se definieron dos sectores agrarios: los campesinos usufructuarios del suelo (ejidatarios), los cuales estaban limitados económicamente y seguían siendo explotados y marginalizados. En el otro extremo se encontraban los propietarios privados, que era gente perteneciente a elites de poder que además de contar con privilegios legales y económicos, contaban con mayor superficie y calidad de tierras para el cultivo de maíz [1].
En 1925 se designaron zonas en donde se implementaron sistemas de riego que formaban parte del modelo de modernización y crecimiento económico agrícola, dichas zonas se ubicaban en los predios que correspondían a la propiedad privada [2]. Los ejidos en su mayoría quedaron fuera del esquema de modernización y fueron designados como zonas de temporal (los cultivos dependían únicamente de los periodos de lluvias). En los años subsecuentes se realizaron y actualizaron leyes para frenar el reparto agrario, lo que mostró modificaciones de los fines sociales de la reforma agraria[3]. La antesala del actuar cardenista, fue la reforma que se realizó al Artículo 27, que contenía ciertos candados que seguían favoreciendo a grupos de élite, para tal efecto, se señaló la defensa a las agroindustrias[4], las cuales aparecieron como las nuevas gestoras de la producción, industrialización y comercialización de productos agrarios pecuarios, forestales y biológicos. Durante el periodo de Lázaro Cárdenas, las instituciones bancarias nacionales brindaron apoyos con la finalidad de crear una estructura sólida para activar el campo, la cual estuvo basada en principios cooperativos y en créditos que se dirigieron a los ejidatarios y a los agricultores particulares; el éxito de la productividad de esos años, fue el resultado de una mayor inversión pública destinada al sector agrario [5]. Durante ese periodo las reformas a las leyes agrarias fomentaron el apoyo al campo; pese a lo anterior, ciertos grupos con poder contemplaban la posibilidad de controlar grandes extensiones de tierra manejadas por los ejidatarios, dichos grupos, desde sus aspiraciones latifundistas, realizaron lo necesario para que las tierras comunales o estatales pasaran a manos de la propiedad privada [6]. Después del periodo cardenista se observó una franca resistencia de las clases dominantes respecto a la repartición equitativa de tierra y de oportunidades, las elites nuevamente en el poder transfirieron los apoyos brindados por el Estado a las clases más desprotegidas, y dirigieron los apoyos hacia los intereses privados de grupos minoritarios, interrumpiendo así el proceso de la reforma agraria, se apoyó a la iniciativa privada y a la agricultura industrial, la cual fue base del desarrollo urbano e industrial de México[7].
La protección industrial y la sujeción del salario bajo se volvieron parte de la estructura económica del país, construyendo con ello un poderoso elemento que contrapuso a los trabajadores del campo con los de la ciudad, portentosamente la burguesía quedo fuera del conflicto [8]. Dicha situación se ha prolongado hasta la época actual, la complejidad de la situación campesina en México no es resultado de una negligencia e indiferencia de los campesinos, es resultado de un largo proceso de despojos y de movilizaciones forzadas.
La visión industrial de la agricultura mexicana se basó en la investigación científica y tecnológica que provenía de Estados Unidos de América, la cual fue aplicada principalmente en ciertas zonas de alta productividad en las que los agricultores empresariales recibieron protección legal y económica por parte del gobierno; bajo dicho modelo productivo se establecieron ciertos subsidios en las tarifas del agua para las tierras de riego, las cuales se ubicaron en zonas demarcadas geográficamente, lo que benefició a pocas regiones en detrimento del resto de las regiones agrícolas del país [9]. Las regiones designadas para riego fueron estratégicas para el modelo productivo de los años 40; conjuntamente a dicha situación, la Secretaría de Agricultura realizó labores con la Oficina de Estudios Especiales (OEE), la cual operó conjuntamente con la fundación Rockefeller, recolectaron las semillas de maíz de mayor rendimiento con el objetivo de aumentar la producción del campo mexicano[10]. Existió un gran interés en la promoción y aplicación de tecnología estadounidense basada en la utilización de semillas de alto rendimiento, que requerían del paquete tecnológico (fertilizantes, insecticidas, herbicidas, maquinaria agrícola y agua para riego), argumentando que en México existía la necesidad de aumentar la producción, pues se encontraba en una crisis. Dicho argumento contradecía los resultados de la agricultura tradicional, la cual fue muy productiva en ese periodo; sin embargo, se esmeraron en mostrar su deficiencia, lo que permitió con mayor facilidad reorganizar a su conveniencia el reparto agrario [11].
La Fundación Rockefeller financió y ejerció control sobre las labores de la OEE la cual pertenecía a la Secretaría de Agricultura, su objetivo fue incrementar la productividad agrícola. El gobierno en turno aportó recursos financieros a dicho programa, el cual fue inicialmente diseñado para la agricultura estadounidense y posteriormente se impuso a la agricultura mexicana sin pretensiones de atender las necesidades y contextos propios; se continuó con la investigación y comercialización de semillas de alto rendimiento, buscando la maximización de la productividad, la cual, estaba dirigida a los agricultores con capital suficiente para adquirir semillas híbridas de maíz que solo se producían por una temporada de siembra, se fomentó la dependencia de los agricultores al paquete tecnológico (semillas, agroquímicos, maquinaria, créditos e irrigación).
Esta situación innegablemente marginó a los agricultores con menos recursos financieros. Los centros de investigación que trabajaron con la Fundación Rockefeller y los que continuaron aún terminado el programa estaban con los grandes intereses de los latifundistas [12], lo que resultó en una polarización del sector campesino y provocó desequilibrios económicos, políticos y sociales en zonas rurales. Con ello se creó el nuevo modelo en el que los agricultores empresariales trabajaban conjuntamente con las grandes empresas agroindustriales. A ésta estrategia que inició en los años 40 se le conoce como La Revolución Verde [13], siendo un modelo que constituyó un ejemplo evidente de las transformaciones de la época en que dio inicio la transformación de los medios técnicos convencionales, hacia los nuevos medios técnicos-científicos-informacionales.
Durante los años 50, más de la cuarta parte de la inversión pública que debía ser destinada al sector agrícola fue otorgada a otros sectores. La estrategia de desarrollo adoptada por el Estado mexicano se dirigió a la sustitución de importaciones en las que se favoreció a los sectores productivos que contribuían a la industrialización del país [14]. En los años subsecuentes el gobierno de México diseño diversos mecanismos de intervención en el sector agrícola, concretamente en el mercado del maíz, dichos mecanismos resultaron en beneficio e incentivos selectivos que no ayudaron de manera general a los agricultores, tan solo favorecieron a un grupo reducido de productores del campo [15]. El Estado tomó el control de la producción y comercialización de la semilla, con el fin de desarrollar la agricultura comercial y en 1959, surgió la Compañía Exportadora e Importadora S.A. (CEIMSA), encargada de almacenar semillas, en esa época la producción excedía el consumo nacional, por lo que las exportaciones adquirieron importancia y las importaciones no fueron significativas; ante ese panorama las condiciones tecnológicas del sector agrícola de riego y de temporal seguían siendo muy dispares [16]. En 1956 los malos temporales afectaron a las cosechas de maíz, por lo que se amplió el financiamiento a través de asociaciones bancarias nacionales, las cuales favorecieron a los agricultores empresariales, continuando así con la disparidad de los apoyos. “En 1961 se creó la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), la cual se encargó de producir semillas criollas para ser usadas en sistemas de monocultivo, dicha institución heredó la incapacidad de responder a las necesidades de los pequeños campesinos, recibía todo el material genético que poseía el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), y que era fácilmente entregado a los productores privados mediante un permiso de la Secretaría de Agricultura, la cual otorgaba acceso a nuevas variedades de semillas de alto rendimiento que reproducían y vendían posteriormente fuera de la PRONASE”[17].
El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), creado por la Fundación Rockefeller en 1962, se encargó de difundir a nivel latinoamericano y mundial los resultados de la producción de maíz y trigo que derivaron de la aplicación del modelo de la Revolución Verde. México se convirtió en el laboratorio de la nueva tecnología que tuvo como finalidad llevar dicho modelo a otros territorios del mundo.
La producción de semillas a nivel internacional se centró en el maíz y el trigo como los granos principales de la alimentación. Existió apoyo a investigaciones cuyo objetivo fue la maximización de la producción y el incremento de los rendimientos, lo que fomentó la incorporación de industrias agrícolas nacionales y trasnacionales al negocio de las semillas y de los agroquímicos [18].
La problemática de la agricultura tradicional continúo con la marginación y el rezago hacia los trabajadores del campo mexicano, quienes trabajaban extensiones pequeñas de tierras de temporal, que no resultaban de buena calidad; además, no contaban con recursos educativos, financieros y de infraestructura que facilitaran la distribución y comercialización de sus productos, entre ellos el más importante, el maíz, lo que causo la reaparición de estructuras caciquiles regionales que se convirtieron en intermediarias entre productores del campo y el Estado, situación que colocó a los campesinos en una posición de vulnerabilidad ante las injusticias de caciques que imponían las condiciones de compra-venta de productos agrícolas”.
En 1962 se crea maíz industrializado MICONSA, luego MINSA, con la finalidad de favorecer y regular la producción y suministros de harina de maíz que abastecería a la industria tortillera. Posteriormente se formaron grupos hegemónicos pertenecientes a la Asociación de Propietarios de Tortillas y Molinos de Nixtamal del estado de México que representa a la industria tradicional y la empresa harinera MASECA, ambos grupos persiguieron como objetivo modernizar a la industria de la tortilla que requiere de grandes suministros de maíz [19]. De acuerdo con la información de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la SECOFI, el consumo per cápita de maíz vía tortilla de la población mexicana es de 300 gramos diarios, que se traducen en 110 kg de maíz al año, situación que supera el consumo per cápita de cualquier otro producto alimentario.
El incremento de la población en los últimos años y la producción de cárnicos son factores que han contribuido a que aumente la demanda de maíz, por lo que se han fomentado políticas de obtención de suministro de maíz barato, que de cierta forma han beneficiado al consumidor urbano, pero que han castigado y descapitalizado fuertemente al productor rural. A inicios de los años 80, la mayoría de los agricultores siguió trabajando en condiciones de minifundismo tradicional, fue durante ese periodo que se llevó a cabo el proceso de liberalización de las políticas agropecuarias, las cuales abarcaron el recorte de créditos a campesinos por parte de instituciones bancarias nacionales, y se inició el desmantelamiento de la empresa paraestatal relacionada con el sistema de abasto y seguridad mexicana en la que se comercializaba maíz, la cual era conocida por el nombre de, Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) situación que incidió negativamente en la autonomía de la producción de maíz [20].
Esta historia continuará en la que será la tercera y última entrega.
Notas:
[1] M. Rodarte. La economía política del maíz en México. p. 10.
[2] Ibídem.
[3] A. Durant Alcántara. El derecho agrario y el problema agrario. p. 305.
[4] Ibídem.
[5] E. Rajchenberg. ¿Milpas o chimeneas? La polémica en torno a la industrialización a mediados de siglo. Chiapas No. 10. p. 161. 2000.
[6] Ibíd. p. 165.
[7] G. Esteva. El vaivén de ilusiones y realidades. p. 194. 2003.
[8] Museo Nacional de Culturas Populares. El maíz, fundamento de la cultura popular mexicana. p. 97.
[9] E. Romero Polanco. Un siglo de agricultura en México. p. 24.
[10] C. Hewitt de Alcántara. La modernización de la agricultura mexicana. p. 80.
[11] Ibíd. p. 36.
[12] B. Pichardo González. La revolución verde en México. pp. 60-68.
[13] Revolución verde: Modelo agroindustrial transnacional cuyo objetivo fue la obtención de mayores rendimientos y se sustentó en la investigación y creación de semillas híbridas y agroquímicos, que fueron probados en México.
[14] D. Barkin. La sustitución de granos en la producción: el caso de América Latina. pp. 9-23
[15] M. Guerrero. Los sistemas de intervención Estatal en la comercialización de maíz en México (1936-2000). pp. 80-81
[16] M. Rodarte. Op. cit. p.12
[17] C. Hewitt de Alcántara. Op. cit. p. 81
[18] M. Rodarte. Op. cit. p.13
[19] F. Torres. La industria de la masa y la tortilla. p.24
[20] M. Rodarte. Op. cit. p.36
* Esta es una colaboración del Colectivo Miguel Hidalgo de Celaya, Guanajuato, al que pertenece la autora.
Foto de portada: Erik Aquino (@erik_aquino) / Unsplash.
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