Emma Aguado / SomosMass99
Acámbaro, Gto. / 26 de agosto de 2014
“Si te dieras una vuelta por todos los albergues que hay en el estado levantarías una cloaca”, me dijo el licenciado Etelberto Pérez cuando acudí a su oficina para platicar del caso de Fernando, uno de los cinco acambarenses que llegaron de Zamora en julio de este año. El licenciado refiere que la situación de muchos albergues en Guanajuato es deplorable debido a que operan de forma arbitraria, una especie de alfombra bajo la cual esconden a todos los niños que nadie quiere recibir, ni siquiera ver: intratables, rebeldes, violentos, hijos del desamor.
“Hay niños en esos lugares que se volvieron jóvenes sin que nadie los haya reclamado, ahí crecen olvidados de los DIFs, de sus propios padres y familia”, comenta Pérez haciendo referencia a su experiencia personal con los albergues cuando estuvo trabajando en el DIF de Acámbaro al frente de la oficina del entonces Centro de Atención a la Violencia (CENAVI) en 2003 y luego en 2006 en la Procuraduría en Defensa del Menor en el mismo DIF. Durante su gestión le tocó ir al albergue de mamá Rosa precisamente a visitar a Fernando, asegura que fue siete veces sin que el lugar le pareciera sospechoso, “mamá Rosa era autoritaria, pero todo estaba bien, al menos eso parecía”.
Hoy sabemos que existen denuncias contra el albergue de La Gran Familia que tienen por lo menos 20 años, pero inexplicablemente nadie las conocía, mucho menos las autoridades. Laura Arellano fue la encargada de llevar a Fernando a Zamora cuando fue procuradora en el DIF acambarense entre 2000 y 2003. Cuenta que su caso fue especial desde el principio: lo encontraron encadenado por su abuelo porque era un niño supuestamente muy violento, a éste último incluso lo llevaron a la cárcel por haber maltratado a su nieto de esa forma. El caso es que ni sus vecinos lo aguantaban: pegaba, insultaba, robaba y al mismo tiempo recibía malos tratos en su casa. Arellano cuenta que entonces el DIF municipal tomó la custodia temporal del niño y a partir de entonces varios de los albergues a los que fue llevado lo rechazaron debido a su comportamiento. “Entonces supimos del albergue de Zamora y lo llevamos allí”, firmaron un acta notarial donde transfieren al albergue la responsabilidad del niño hasta los 18 años, “no la patria potestad porque para ello se necesita un juicio”, fue un trámite con pleno consentimiento de la familia, especialmente de la abuela de Fernando.
Laura también relata que la buena reputación del albergue La Gran Familia les impidió siquiera pensar que habría alguna irregularidad en el sitio, además fue el único que lo recibió. Desde entonces, asegura, el DIF municipal no adquiere ninguna responsabilidad legal de visitar al niño, las visitas se hacían como seguimiento únicamente y a partir de entonces se abre un expediente en la oficina de la Procuraduría de Atención al Menor, pero aquí empieza otra historia. Ese expediente hoy está incompleto debido a que en el transcurso de los años hubo problemas con los archivos, como lo hace notar el licenciado Gerardo Aguilera quien recibió la oficina como nuevo procurador del DIF de Acámbaro en 2009 y no tenía conocimiento siquiera de que Fernando existía, “hasta que me llamaron de Zamora para solicitar nuestra ayuda porque estaban tramitándole una beca de Oportunidades. Yo recibí la oficina sin expedientes, incluso lo dejé asentado ante notario, ese es el problema del DIF en los cambios de administración, desaparecen los expedientes”.
Fernando es un joven de 18 años ahora, pero cuando se lo llevaron con mamá Rosa tenía a lo mucho 9 años, allá no tenía identidad, acá en el DIF no tenía expediente.
La difícil reinserción a la sociedad
La actual directora del ahora Centro Multidisciplinarios de Atención Integral a la Violencia, (CEMAIV) Coral Castillo acepta que en la actualidad es muy difícil encontrar albergues adecuados para institucionalizar a niños que ameritan ser separados de su familia por problemas de violencia, la dificultad es tal, que en el momento de recibir a los niños provenientes de Zamora el mes pasado, hubo la necesidad de llevar a uno de ellos, de nombre Javier, al Asilo de Ancianos. Se sabe de manera extraoficial que este joven estuvo durmiendo varios días en la calle porque al ser regresado a su presunto hogar se escapó. Días después el DIF logra localizarlo y debido a que no había un lugar adecuado que fuera capaz de recibir a este joven de 22 años, optaron por llevarlo al Asilo de Ancianos de manera provisional, poniendo en riesgo la seguridad de los mismos ancianos debido a que Javier presenta daño psicológico provocado por sus años de encierro en el albergue de mamá Rosa, como también se sabe de manera extraoficial.
Pero el daño no sólo lo padece Javier, los otros cuatro también. La psicóloga Marcela Hernández Reyes del DIF municipal actualmente es la responsable de darle seguimiento a estos cinco acambarenses en el plano emocional con terapias de contención, “Lo que más se nota es una depresión importante, un trastorno de estrés post-traumático, y cierta desviación psicopática, por la situación en la que vivían. Se veían obligados a robar comida por ejemplo, ropa, zapatos, para poder tener cubiertas sus necesidades básicas. Su forma de pensar es muy diferente a la de un niño que crece en una familia, para ellos es más valioso tener algo con que abrigarse que ser honrado, o ser honesto, son cosas que por sobrevivencia tuvieron que hacer, no es que sean malos, pero se tuvieron que adaptar a ese ambiente”.
A pesar de la situación, al día de hoy la mayor parte de ellos se han ido integrando poco a poco a sus hogares, a la escuela y tanto Fernando como Javier, los dos más grandes, están haciendo lo posible por readaptarse a la sociedad aunque con serias dificultades. El DIF municipal está llevando el seguimiento de cada uno de los cinco casos, les ha conseguido clases de música, a los mayores un apoyo para regularizar su estado civil y un trabajo incluso. De la misma manera el DIF estatal está haciendo visitas periódicas para revisar el trabajo que se hace a nivel municipal. Fernando regresó a su hogar, ciertamente, pero habría que considerar sus antecedentes de violencia incluso los de su propia familia.
Al menos una denuncia de violencia al día
La estadística actual en el área de CEMAIV indica que se atienden de 30 a 35 denuncias mensuales de violencia en contra de niños y niñas, lo que según la directora es una cifra alarmante porque el maltrato al menor ha ido en aumento. El problema sigue siendo hacia dónde canalizar estos casos si el Estado no cuenta ni siquiera con un lugar adecuado para recibirlos, hablamos de casos graves de niños que padecen violencia en sus casas y de aquellos que la ejercen en contra de los que le rodean, tanto a unos como a otros les urge ser atendidos. Pero la perspectiva desde Guanajuato por lo menos, muestra que la mayoría de los albergues son particulares y operan sin supervisión adecuada aunque el problema se extienda por todo el país, “de quince albergues de los que tenemos conocimiento que hay en el estado, sólo de cinco puedo estar seguro porque los otros no los conozco”, comenta el procurador actual del DIF municipal Francisco López Saucedo.
Ante este panorama se infiere que el Estado mexicano está violando los compromisos adquiridos con la Declaración Universal de los Derechos del Niño y de la Niña, sin mencionar la propia Constitución primordialmente en su artículo primero; su falta de responsabilidad permite que autoridades de distintos niveles improvisen de acuerdo a su mucha o poca preparación y tomen medidas que en la mayoría de los casos son poco pertinentes para solucionar el problema. “La obligación del Estado es encontrar lugares adecuados donde albergar a esos niños pero no está haciendo lo que le toca, el estado debería asumir su responsabilidad. Revisaremos lo que corresponde en todo caso si es que falta legislación, pero eso no debe ser pretexto para no aplicar el artículo uno de la constitución ni los convenios internacionales, no hay que hacernos guajes”, comentó el diputado federal perredista Miguel Alonso Raya cuando fue cuestionado por este medio al respecto de la necesidad de regular los albergues.
La violencia que padece hoy la sociedad es producto en buena medida de la pobreza, el desempleo, la falta de educación además de la ausencia de una vida digna, y este desprecio por los derechos humanos fundamentales está viéndose reflejada en los más pequeños: los casos se están incrementando de manera alarmante, las autoridades están viéndose rebasadas y pareciera que en la mayoría de los casos ignoran lo que tienen que hacer mientras los padres son cada vez menos capaces de educar a un niño. Si el panorama persiste, se augura que seguirán apareciendo muchos albergues como el de mamá Rosa a los que seguirán llevando a los niños que nadie quiere como si fueran basureros, tal como terminó siendo el albergue de Zamora….maloliente.
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