Mentiras sobre Ayotzinapa y uso político de PGR, acusan padres de los 43 ante CIDH

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Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Martes 24 de octubre de 2017

 

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• El Estado mexicano no quiere investigar o no tiene la competencia suficiente: comisionado Luis Ernesto Vargas

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• Mientras se premia a Tomás Zerón por sostener «verdad histórica», se despide a Santiago Nieto por caso Odebretch, sostienen en audiencia en Uruguay

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Las mentiras de funcionarios sobre el caso Ayotzinapa y las trabas en la investigación “nos están matando poco a poco”, denunció Blanca Nava, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava, durante la tercera audiencia de oficio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento (MES) para el caso Iguala, realizada en Montevideo, Uruguay.

«El hecho de que hoy estemos diciendo que el GIEI, que el grupo de investigación ha aportado más elementos de juicio que o que ha hecho el propio Estado, pues ya es como una confesión de que definitivamente el Estado o no quiere investigar los hechos, o no ha tenido la competencia suficiente», dijo a su vez el comisionado de la CIDH, Luis Ernesto Vargas Silva. Y dirigiéndose a las familias, aseguró: «La CIDH no va a abandonarlos, es un desvelo de toda la comisión. Es inconcebible que a estas alturas no sepamos la responsabilidad de los intervinientes de la fuerza pública”.

 

Cumplidos los tres años de los hechos, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y sus representantes señalaron que continúa la obstaculización a la asistencia técnica internacional con acciones como el espionaje y el ocultamiento de información y evidencia al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como las declaraciones de funcionarios reivindicando la “verdad histórica”, carente de sustento científico.

Los familiares cuestionaron el uso político y la falta de independencia de la Procuraduría General de la República (PGR), pues mientras a funcionarios como al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, se les premia, a otros como al ex visitador general de la Procuraduría, César Alejandro Chávez, se les obliga a renunciar por encabezar investigaciones independientes; o el más reciente caso es el del ex titular de la Fepade, Santiago Nieto a quien despidieron por investigar el caso Odebrecht.

Las familias recordaron que el ex titular de la AIC, tras la visita del MES en agosto de 2017, contradijo a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño al reivindicar la teoría de caso construida durante su periodo.

Al respecto, el comisionado James Cavallaro cuestionó al Estado mexicano sobre la investigación contra el funcionario, señalado por cometer graves irregularidades, pero no obtuvo respuesta. Los representantes de las familias informaron que la PGR ha litigado para evitar que los funcionarios sean sancionados. La comisionada Margarette May Macaulay consideró que el Estado debe ser “duro” con las personas que empeoran la relación entre las familias y el gobierno federal.

“A tres años no existe justificación para que [en el gobierno] no sepan en realidad el paradero de nuestros hijos”, consideró Emiliano Navarrete, padre del desaparecido José Ángel Navarrete y quien denunció que las y los funcionarios del Estado mexicano “andan buscando la respuesta en el aire, cuando tienen tantas personas involucradas en los hechos (…) Ustedes son los que no quieren dar respuesta”. Blanca Nava advirtió que “vergüenza les debería dar” por no encontrar ni una pista de los estudiantes en los 37 meses transcurridos.

 

Las y los comisionados también se interesaron por el estado de las investigaciones sobre la tortura a presuntos responsables y urgieron a avanzar en los mapas de fosas clandestinas y el uso de tecnología Lidar, entre otros. La representación de las familias advirtió que los avances no han sido integrales y no se han agotado las líneas de investigación.

El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, emitió un comunicado sobre su participación en las tres audiencias de Montevideo en que la CIDH abordó tres casos de violaciones a los derechos humanos en México. Al de la desaparición de los 43 dedicó un párrafo de tres líneas, donde sólo informa lo siguiente: «El Estado mexicano comunicó los avances más recientes en torno a las medidas cautelares de la CIDH para el caso de los 43 estudiantes normalistas desparecidos en Ayotzinapa, Guerrero».